Artículo 3. Modificado Artículo 2 Ley 1383 de 2010. Autoridades de Tránsito.Para los efectos de la presente ley entiéndase que son autoridades de tránsito, en su orden, las siguientes:

El Ministro de Transporte.

Los Gobernadores y los Alcaldes.

Texto del Editor:

De los Gobernadores como autoridades de tránsito

El Artículo 3 de la Ley 769 de 2002. Modificado por la Ley 1383 de 2010, establece:(…) Lo anterior indica que, dentro de su respectiva jurisdicción, los gobernadores ejercerán la calidad de autoridad de tránsito, así lo ha manifestado la Corte Constitucional al considerar: “Conforme a los artículos 3, 5, 110 y 115 de la Ley 769 de 2002 los Gobernadores son las autoridades de tránsito de los departamentos. A estos entes territoriales compete la señalización y demarcación vial en el ámbito geográfico correspondiente a su jurisdicción”⁴⁸.

Lo anterior no debe entenderse en un sentido amplio sino restringido, en la medida que, en comienzo, la competencia de los gobernadores frente a la señalización y la demarcación vial de la red vial es supletiva, es decir, le corresponde mientras no le esté asignada a otras autoridades nacionales, municipales, distritales o metropolitanas, evento este que acontece, por regla general, frente a la red vial departamental.

Igualmente ha sostenido la Corte frente a la competencia de las entidades territoriales: “… como expresión del principio unitario, hay un conjunto de funciones en materia de tránsito, cuyo alcance es nacional, pero para cuya ejecución se integran las autoridades de los distintos niveles administrativos, que, en el ámbito regional y local ejercen competencias diversas, unas, como ejercicio directo de la autonomía en el ámbito propio de sus respectivos territorios, otras, por expresa asignación legal, y, finalmente, otras por delegación que les haga el gobierno en los términos de la ley. De ello se desprende que, en aplicación del principio de subsidiariedad, la organización y dirección de lo relacionado con el tránsito y el transporte es, en el ámbito de  sus respectivas jurisdicciones, una competencia primaria de las entidades territoriales, las cuales con sujeción a la ley y en ejercicio de su autonomía podrán crear las dependencias administrativas que estimen necesarias para ese efecto. Tales autoridades, para el ejercicio de sus competencias propias, de las funciones que les sean asignadas por la ley y de las que les delegue el Gobierno, deberán obrar con sujeción al principio de coordinación que garantice la articulación de los niveles nacional y territorial”. ”… en el sistema de la Ley 769 de 2002 es preciso distinguir, con particular relevancia en el nivel municipal, entre las autoridades de tránsito y los organismos de tránsito, puesto que al paso que en el primer concepto se encuentran las supremas autoridades administrativas, que ejercen una cláusula general de competencia en los asuntos que conciernan al respectivo nivel territorial, los organismos de tránsito, son unidades administrativas especialmente creadas para asumir unas competencias en materia de tránsito, entre ellas, las de alcance nacional que de manera general se atribuyen por la ley a estas entidades y las que les sean delegadas por el gobierno nacional”.⁴⁹

Dicho lo anterior, y como se ha manifestado por el suscrito en otras oportunidades, “El Código Nacional de Tránsito establece tres tipos de autoridades de tránsito: (i) Autoridades de regulación operativa encargadas de realizar el control en vía del tránsito, en esta categoría se encuentra la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional y los Cuerpos de Regulación del Tránsito; (ii) Autoridades de regulación normativa encargadas de establecer las reglas, regulaciones y normas que permitan el ejercicio de los derechos de todos los usuarios del tránsito, es decir, están encargadas de organizar y ordenar el tránsito, en esta categoría se encuentran el Congreso de la República, el Presidente de la República, el Ministerio de Transporte, los alcaldes y los gobernadores; y (iii) Autoridades de supervisión encargadas de la vigilancia, inspección y control del tránsito, es decir, son las calificadas para imponer las sanciones establecidas en el Código, en esta categoría está la Superintendencia de Transporte y los Organismos de Tránsito”.

De todo lo anterior se concluye que los Gobernadores son autoridades de tránsito de regulación normativa, condición esta que les otorga la facultad para expedir normas regulatorias de la forma como los diferentes actores circulan por su jurisdicción, lo cual implica la obligación de organizar las vías y su circulación, así como expedir las normas y tomar las medidas necesarias para el mejor ordenamiento del tránsito de personas, animales y vehículos por las vías públicas con sujeción a las disposiciones del Código, así como la obligación de velar por la seguridad de las personas y las cosas en las vías de su competencia; de igual forma sus acciones deben ser orientadas a la prevención y la asistencia técnica y humana a los usuarios de las vías, ello de conformidad con lo establecido por los artículo 3, 4, 6 y 7 del Código Nacional de Tránsito.

A más de lo anterior, debe tenerse presente que la Ley 1239 de 2008, en concordancia con la reglamentación expedida por el Ministerio de Transporte, le asignó a los departamentos la competencia y la obligación de fijar las velocidades máximas a que se puede circular en las vías departamentales, así como su correspondiente señalización.

De los organismos de tránsito departamentales

La ley 769 de 2002, establece:(…) Al respecto debe tenerse en cuenta, tal como se vislumbra de lo manifestado con anterioridad, que hay una diferencia entre las Autoridades de Tránsito y los Organismos de Tránsito; pues las primeras se encargan de la regulación normativa del tránsito, mientras que a los organismos de tránsito, como autoridades, les corresponde la vigilancia, inspección y control del tránsito.

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 6 literal e, del Código Nacional de Tránsito, las secretarias departamentales de tránsito o el organismo designado por la autoridad (entiéndase Gobernador), operará en aquellos municipios donde no haya organismo de tránsito. Por lo que se podría decir que es excluyente la norma en el sentido que, si existe organismo de tránsito en ciertos municipios del departamento en la zona urbana no tendrá competencia el departamento, solo en aquellos donde no exista el mismo, será la secretaria departamental en la materia o el organismo designado, quien ejercerá las funciones de autoridad de supervisión.

Lo anterior se ratifica por parte del Ministerio de Transporte en Concepto N° 254071, emitido por la Oficina Jurídica, al decir: “la ley define quiénes tienen la calidad de autoridades de tránsito, establece una distribución de competencias entre los niveles de la administración territorial y determina la manera como deberá articularse el ejercicio de las mismas. Como regla básica de esa articulación se dispone que el manejo del tránsito en el territorio de su respectiva jurisdicción sea competencia primaria de los municipios y que solo en ausencia de autoridad de tránsito en el nivel municipal de la Administración, la función sea asumida por las secretarías departamentales de tránsito.”

Las autoridades de control

De conformidad con el estatuto de tránsito⁵⁰, cada organismo de tránsito debe contar con un cuerpo de agentes de tránsito que actuará únicamente en su respectiva jurisdicción, es de anotar que dicha obligación está asignada a una sola de las autoridades de tránsito, los organismos de tránsito, mas no a las demás autoridades como es el caso de los gobernadores, lo cual permite concluir que no es exigible jurídicamente a los departamentos que no tengan el carácter de organismos de tránsito, el disponer de un cuerpo operativo de control.

Con fundamento en lo anterior, el legislador expidió la Ley 1310 de 2009, con el fin de regular lo relacionado con los agentes de tránsito del ámbito territorial. En tal sentido la mencionada ley establece:(…) Ahora bien, el parágrafo 4 del artículo 3 de la pluricitada Ley 769 de 2002, menciona que la facultad de autoridad de tránsito otorgada a los cuerpos especializados de la Policía Nacional, se ejercerá como una competencia a prevención, es decir, que los miembros de la Policía Nacional pertenecientes a la Dirección de Tránsito y Transporte, pueden realizar labores tendientes a la regulación del tránsito de manera excepcional en cualquier lugar del país, independiente si se trata de vías nacionales o departamentales, lo cual implica que la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, podría ejercer el control operativo en las vías departamentales pero con la claridad que no tendrían acceso a los recursos provenientes de las multas por infracciones impuestas dado que la cesión de las mismas a la Dirección, solo está dispuesta para los comparendos impuestos en las vías nacionales de acuerdo con lo establecido por el Artículo 160 de la Ley 769 de 2002, conforme a este mismo dispositivo legal, los recursos que se obtengan de los comparendos impuestos en las vías departamentales de los municipios donde no existan organismos ni municipales, ni distritales, ni departamentales competentes, corresponderán a los municipios donde se comete la infracción.

En conclusión, son tres las clases de autoridades que menciona el estatuto de tránsito, de regulación, de supervisión y de control, en el caso de los departamentos, la primera calidad la ostentará el gobernador, por su parte, la supervisión estará a cargo de la secretaria de tránsito departamental o el organismo en el que se delegue (siempre que no exista organismo de tránsito dentro del municipio), ahora sino existe ninguno de los anteriores, la supervisión, es decir, la facultad para imponer sanciones, le corresponde al alcalde o quien este delegue, del municipio donde se comete la infracción, y el control será ejercido; si la vía es nacional, por la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía nacional, por la Policía de tránsito urbana o agentes de tránsito, y si no pertenecientes al organismo de tránsito de la respectiva jurisdicción o a la Policía Nacional a través de los miembros de la Dirección de Tránsito y Transporte, en las vías departamentales donde no exista organismo de tránsito competente, en virtud de la competencia a prevención que les otorga la Ley.

Los organismos de tránsito de carácter departamental, municipal o Distrital.

La Policía Nacional a través de la Dirección de Tránsito y Transporte.

Los Inspectores de Policía, los Inspectores de Tránsito, Corregidores o quien haga sus veces en cada ente territorial.

La Superintendencia General de Puertos y Transporte.⁵¹

Las Fuerzas Militares para cumplir exclusivamente lo dispuesto en el parágrafo 5 de este artículo.

Los Agentes de Tránsito y Transporte.

Legislación Complementaria: Ley 1310 de 2009

Artículo 3. Profesionalismo. La actividad de Agente de Tránsito y Transporte es una profesión y como tal deberán recibir una formación académica integral acorde con su rango que permita una promoción profesional, cultural y social, con acento en la instrucción ética, moral, física, ecológica, de liderazgo y de servicio comunitario.

Para efectos de la formación técnica en la materia, exigida para desempeñarse como autoridad de tránsito y transporte, los organismos de tránsito con jurisdicción en las capitales de departamento podrán crear escuelas no formales encargadas de dicha formación académica, cumpliendo con el pénsum reglamentado por el Ministerio de Transporte o en su defecto para esta capacitación o la tecnológica se contratará con Universidades Públicas reconocidas.

Parágrafo 1. El Ministerio de Transporte, dentro de los seis (6) meses siguientes a la publicación de la presente ley, fijará los parámetros para actualizar el pénsum de capacitación, inducción, reinducción y formación técnica para ser agente de tránsito.

Parágrafo 2. Los organismos de tránsito y transporte deberán organizar como mínimo anualmente un (1) curso de actualización en normas y procedimientos de tránsito y transporte, seguridad vial y policía judicial, relaciones humanas, éticas y morales dirigido a todos sus empleados e impartidos por personas o entidades idóneas en el ramo. 

Reglamentación: Resolución MT-20223040045295 de 2022

Acreditación y Condiciones de Formación Académica para Agentes de Tránsito y Transporte

Artículo 2.1.1. Objeto. El presente capítulo tiene por objeto determinar las áreas del plan de estudio del programa académico, técnico o tecnológico requerido para garantizar la idoneidad de los agentes de tránsito y transporte.

Artículo 2.1.2. Instituciones para impartir educación. La formación de que trata el artículo 2.1.4. de la presente resolución, podrá ser impartida por instituciones de educación superior o instituciones para el trabajo y desarrollo humano, legalmente constituidas y aprobadas por la entidad respectiva.

Artículo 2.1.3. Formación requerida. Teniendo en cuenta la jerarquía y nivel determinado en el artículo 6 de la Ley 1310, en razón a las funciones que exigen el desarrollo de procesos y procedimientos en labores técnicas misionales y de apoyo, los agentes de tránsito deberán acreditar la siguiente formación, para ocupar el cargo:

Código	Denominación	Nivel
290	Comandante de tránsito	Título Profesional
338	Subcomandante de tránsito	Técnico profesional
339	Técnico operativo de tránsito	Técnico laboral
340	Agentes de tránsito	Técnico laboral

Doctrina Administrativa:

Concepto MT-20211340839931 de 2021. “… para ejercer el cargo de comandante de tránsito, se requiere que el interesado aporte título profesional, vale precisar que una persona con formación técnica profesional o técnica laboral, no puede asumir el cargo de comandante de tránsito.”

Parágrafo. Adicionado Artículo 1 Resolución MT-20233040017145 de 2023. La formación señalada en el presente artículo también debe ser acreditada por los agentes vinculados mediante contrato de prestación de servicios, de conformidad con lo previsto en el artículo 2 de la Ley 1310 de 2009 modificado por el artículo 56 de la Ley 2197 de 2022, o aquella que la modifique, adicione, o sustituya.

Artículo 2.1.4. Sin perjuicio del nivel de educación requerida en el artículo 2.1.3., el agente de tránsito deberá acreditar mediante certificaciones expedidos por instituciones debidamente registradas ante las Secretarías de Educación o el Ministerio de Educación Nacional, la siguiente formación profesional o técnica: 

EJE ESTRUCTURANTE	DEFINICIÓN DEL EJE	OBJETIVO DEL EJE	SUBTEMAS MÍNIMOS POR EJE
Normatividad	Comprende toda la normatividad relacionada con la actividad de tránsito y transporte en Colombia, la estructura normativa y los preceptos superiores.	Brindar herramientas jurídicas, para que cada una de las actuaciones que se realice a lo largo de su desempeño como Agente de Tránsito, se haga en el marco del respeto y garantía de los derechos de los diferentes actores del tránsito, y se propenda por la búsqueda de la equidad y valor de las normas de tránsito, respetando las competencias que le asiste como autoridad.	• Introducción al Derecho. • Constitución Política. • Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. • Normatividad de Tránsito. • Normatividad de Transporte. • Derecho Público y Privado (diferencias y ramas). • Normatividad Ambiental
Ejercicio de la autoridad de tránsito	Desarrollo de técnicas básicas para el control, la regulación del tráfico y la asistencia técnica a conductores.	Capacitar al cuerpo de agentes de tránsito en las técnicas básico que le permitan actuar de manera idónea ante las situaciones cotidianas del ejercicio de la autoridad en el tránsito, el transporte, el tráfico y el uso adecuado del espacio público.	• Procedimientos de regulación y control del tránsito. • Procedimientos de control de embriaguez • Actuaciones contravencionales en tránsito y transporte. • Planes de tránsito: formulación, evaluación de los mismos. • Conducción, maniobra de vehículos y mecánica básica. • Regulación y accesibilidad del espacio público
Ética	Analizar los actos que el ser humano realiza de modo consciente y libre (es decir, aquellos actos sobre los que ejerce de algún modo un control racional), sin limitarse sólo a ver cómo se realizan esos actos, sino que busca emitir un juicio sobre estos, que permite determinar si un acto ha sido éticamente bueno o éticamente malo.	Brindar a los cuerpos de Agentes de Tránsito, un componente de desarrollo moral y ético en relación con las actitudes y aptitudes que permitan llevar a cabo la ejecución de sus actividades con transparencia, celeridad, honestidad, ética, moral, equidad, justicia y responsabilidad dentro del marco del respeto por todos.	• Ética. • Moral  • Valores.  • Cultura Ciudadana.  • Responsabilidad del servidor público. • Penal.  • Fiscal  • Disciplinaria.  • Administrativa
Seguridad vial	Se refiere al conjunto de acciones, mecanismos, estrategias y medidas orientadas a la prevención de accidentes de tránsito, o a anular o disminuir los efectos de los mismos, con el objetivo de proteger la vida de los usuarios de las vías.	Brindar orientaciones teóricas y metodológicas a los cuerpos de Agentes de Tránsito en los componentes de la seguridad vial, para que con base en esta ejecuten todas las acciones de control en vía, procurando por la minimización y prevención de los accidentes de tránsito.	• Planes de Seguridad vial. • Transporte. • Movilidad. • Papel de los actores del tránsito en la movilidad. • Espacio público e infraestructura. • Conductas de riesgo. • Transgresión de la norma desde lo comportamental y lo sociológico. • Biocinemática de los accidentes de tránsito. • Mecánica básica. • Nociones en auditorías de seguridad vial.
Criminalística	El estudio de técnicas y procedimientos de investigación cuyo objetivo es el descubrimiento, explicación y prueba de los hechos de tránsito.	Brindar herramientas técnicas a los cuerpos de agentes de tránsito, para que cuenten con conocimientos respecto a las actividades que como policía judicial deben adelantar en el proceso de atención de un accidente de tránsito que produzca daños, lesiones o muerte de actores en la vía o de eventos que sin involucrar accidentes, requieren la atención primaria del agente.	• Procedimientos de Policía Judicial. • Metodología de la Investigación  • Topografía Forense. • Fotografía forense. • Actuaciones ante autoridades judiciales. • Sistema de identificación  • Procedimientos de investigación. • Medicina Legal.
EJE ESTRUCTURANTE	DEFINICIÓN DEL EJE	OBJETIVO DEL EJE	SUBTEMAS MÍNIMOS POR EJE
Resolución de conflictos y comunicación asertiva.	Compendio de conocimientos y habilidades para comprender e intervenir en la resolución pacífica y no violenta de los conflictos sociales.	Capacitar a los cuerpos de agentes en vía, para que cuenten con herramientas para llevar a cabo el manejo de los diferentes conflictos que como agentes deben enfrentar en vía. De manera   específica se busca generar conocimiento respecto o los derechos y deberes de los ciudadanos y se desarrollen habilidades conciliatorias en el agente.	• Habilidades. Comunicativas.  • Manejo de las emociones. • Asertividad y empatía • Manejo y resolución de conflictos. • Normatividad relacionada con resolución de conflictos.  • Conciliación extrajudicial. • Técnicas de conciliación.
Pedagogía	Orientar, capacitar y aportar instrumentos a los agentes respecto a las normas de tránsito y transporte, para que se conviertan en agentes transformadores de la cultura.	Brindar herramientas de carácter educativa al agente, para que a través de las diferentes actividades de control en vía, promueva comportamientos adecuados en los diferentes actores del tránsito.	• Educación y pedagogía. • Didáctica. • Manejo del lenguaje. • Uso de herramientas para la pedagogía. • Técnicas de educación y pedagogía.
Primeros auxilios	Capacitar al personal en la respuesta y atención inicial a un paciente, controlando los factores que puedan complicar su condición mientras llega personal y equipo especializado a la escena.	Conocer y controlar los peligros presentes en la escena donde se ha presentado un accidente y adquirir destrezas en la valoración inicial de un paciente.	• Uso de Botiquín de emergencia. • Técnicas de valoración Inicial del paciente. • Técnicas de valoración secundaria.  • Conocimiento en lesiones, osteomusculares (Fracturas, Esguinces y Luxaciones). • Conocimiento de alteraciones de tejidos blando • Conocimiento en heridas, hemorragias, quemaduras, etc. • Conocimiento en identificación de Signos Vitales. • Conocimiento en alteraciones de la Conciencia.

Doctrina Administrativa:

Concepto MT-20231340546361 de 2023. “…el eje estructurante debe entenderse desde el punto de vista académico y para fines de interpretación del artículo 2.1.4 de la Resolución 20223040045295 de 2022, como el conjunto de materias a subtemas que permiten generar en el estudiante las competencias necesarias para ejercer los cargos relacionados con tránsito y transporte, que para el caso objeto de consulta sería el agente con acreditación técnica o tecnológica, los cuales deben estar enmarcados dentro de las diferentes capacitaciones que reciban en la materia encaminados a generar esas habilidades que exige la norma.”

Artículo 2.1.5. Las personas que se encuentren ocupando el cargo de agente de tránsito en un organismo de tránsito, para el cual hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos vigentes al momento de su incorporación al empleo, podrán continuar desarrollando dicha actividad. Sin embargo, el organismo de tránsito deberá garantizar que estos funcionarios realicen un curso de reinducción que abarque las áreas de formación de que trata el artículo 2.1.3., de la presente resolución.

Por su parte, las personas que al momento del 1 de julio de 2013, deseen vincularse como agente de tránsito a un organismo de tránsito, deben acreditar la formación determinada en el artículo 2.1.3. del presente acto administrativo, sin perjuicio de los demás requisitos contenidos en el artículo 7 de la Ley 1310 de 2009.

Artículo 2.1.7. El presente capítulo rige a partir del 1 de julio de 2013 y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

Parágrafo. Las entidades territoriales podrán vincular el personal necesario como Agente de Tránsito y Transporte a las personas que cumplan los perfiles especificados en el manual de funciones y demás actos administrativos y documentos internos, propios de las mismas entidades territoriales, expedidos con anterioridad a la entrada en vigencia de la Resolución 4548 del 1 de noviembre de 2013.

Vencido el plazo establecido en este artículo, las entidades deberán garantizar que el personal vinculado reciba la capacitación y obtengan el correspondiente título en las condiciones previstas en la Resolución número 4548 del 1 de noviembre de 2013.

Parágrafo 2. Adicionado Artículo 2 Resolución MT-20233040017145 de 2023. Las Autoridades de Tránsito podrán vincular por contrato de prestación de servicios, a los Agentes de Tránsito y Transporte para situaciones especiales, con la formación y perfiles señalada en el presente capítulo, dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 2 de la Ley 1310 de 2009 modificado por el artículo 56 de la Ley 2197 de 2022, o aquella que la modifique, adicione o sustituya.

Jurisprudencia:

Consejo de Estado Sección Primera Sentencia del 11 de julio de 2019. “… para la fecha de expedición del acto demandado, la ley contemplaba la exigencia de “acreditar formación técnica y tecnológica en la materia”; por su parte, el numeral 1 del acto demandado, impone para el ejercicio de las funciones de agente de tránsito el deber de acreditar formación técnica o tecnológica o especialización en tránsito y transporte. Para la Sala, esta disposición reproduce el contenido de la Ley 769 de 2002 en lo que refiere a acreditar formación técnica y tecnológica para el ejercicio de las funciones de agente de tránsito, pues respecto a la expresión “o especialización”, observa que es una conjunción disyuntiva que debe ser interpretada como una alternativa que no impone un requisito adicional, toda vez que el sentido de la norma pretende exigir un mínimo de formación para el desempeño de las funciones que corresponden a estos cargos, y la inclusión de la expresión “o especialización” se encuentra dentro de las posibilidades con las cuales pueden acreditarse los mínimos de ley. Frente a la formación técnica y tecnológica, la especialización se encuentra en un nivel de formación superior, pues ésta presupone haber obtenido ya “el título en la correspondiente ocupación u ocupaciones afines” o “el “título profesional o título en una disciplina académica”; de este modo, quien cuenta con especialización en la materia supera los requisitos mínimos, y los acredita de manera suficiente.”

Doctrina Administrativa:

Concepto MT-20231340546361 de 2023. ”…es pertinente traer a colación lo establecido en el numeral 2 literales c), d), e) del artículo 15 de la Ley 904 de 2004 “Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia púbica y se dictan otras disposiciones”, en el sentido que las funciones específicas de las unidades de personal de las entidades, entre ellas, son las de: “(…) c) Elaborar los proyectos de plantas de personal, así como los manuales de funciones y requisitos, de conformidad con las normas vigentes, para lo cual podrán contar con la asesoría del Departamento Administrativo de la Función Pública, universidades públicas o privadas, o de firmas especializadas o profesionales en administración pública; d) Determinar los perfiles de los empleos que deberán ser provistos mediante proceso de selección por méritos; e) Diseñar y administrar los programas de formación y capacitación, de acuerdo con lo previsto en la ley y en el Plan Nacional de Formación y capacitación” Es decir, si bien es cierto los Agentes de Tránsito según su escrito de consulta, fueron incorporados bajo un régimen anterior, en el cual no les era exigible el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 4 de la Ley 769 de 2002, citada en el presente escrito de consulta, relacionados con acreditar formación técnica o tecnológica, no es menos cierto que actualmente para desempeñar las funciones de agentes de tránsito es necesario que se cumpla con el requisito de profesionalización establecido en la Ley 1310 de 2009, motivo por el cual es imperioso la continua capacitación en temas relacionados con la aplicación al régimen normativo de tránsito y transporte, no obstante esto no es óbice para el desempeño de las funciones de Agente de Tránsito que fue incorporado bajo otro régimen normativo vigente. Aunado a lo anterior, vale precisar que el parágrafo 2 del artículo 3 de la Ley 1310 de 2009, establece que los organismos de tránsito y transporte deberán organizar como mínimo anualmente un (1) curso de actualización en normas y procedimientos de tránsito y transporte, seguridad vial y policía judicial, relaciones humanas, éticas y morales dirigido a todos sus empleados e impartidos por personas o entidades idóneas en el ramo.

(…) si al momento de la convocatoria, existía otro régimen para incorporar a los agentes de tránsito, no es pertinente exigir el actualmente vigente. No obstante, el personal de conformidad con lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 3 de la Ley 1310 de 2009 debe realizar cursos de actualización en normas de procedimiento de tránsito y transporte y si lo considera pertinente actualizarse en las competencias faltantes, mediante cursos, diplomados, certificados de notas de una carrera adicional a la exigida u otro mecanismo valido expedido por la entidad competente. De otro lado, el empleo de agente de tránsito y transporte pertenece al nivel jerárquico técnico y/o tecnológico y corresponderá a los grados establecidos en la norma, no obstante, el legislador realizó una salvedad en el parágrafo único del artículo 6, dado que no todas las entidades territoriales tienen necesariamente la totalidad de los códigos y denominaciones del empleo, los cuales son determinados por las necesidades del servicio. De manera complementaria, también son exigibles como requisitos para el cargo de agente de tránsito y transporte de las entidades territoriales, los siguientes: ser colombiano con situación militar definida, poseer licencia de conducción de segunda (2ª) y cuarta (4ª) categoría como mínimo, no haber sido condenado en cualquier época por sentencia judicial, pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos culposos, ser mayor de edad, cursar y aprobar el programa de capacitación determinado por la Resolución Única Compilatoria en materia de Tránsito, poseer diploma de bachiller, certificado o constancia de su trámite. (…)

(…)la entidad podrá de ser necesario y respectando el derecho de defensa y contradicción, iniciar las acciones de carácter disciplinario a quienes permitieron la incorporación al empleo sin el cumplimiento de los perfiles exigidos para el ejercicio del mismo, e igualmente para quienes no quieran actualizarse de conformidad con lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 3 de la Ley 1310 de 2009.”

Artículo 4. Modificado Artículo 57 Ley 2197 de 2022. Jurisdicción. Sin perjuicio de la colaboración que deben prestar las distintas autoridades de tránsito, cada una de ellas ejercerá sus funciones en el territorio de su jurisdicción, de la siguiente manera: La Policía de Carreteras de la Policía Nacional en las carreteras nacionales; las autoridades de tránsito de que trata el artículo 3 de la Ley 769 de 2002, como son los agentes de tránsito de los organismos departamentales en aquellos municipios donde no hayan organismos de tránsito o en aquellos donde hay organismo de tránsito clasificado por el Ministerio de Transporte, pero que no cuenta con Agentes de Tránsito; los agentes de tránsito municipales o distritales en el perímetro urbano y rural no atendido por la Policía de Carreteras de sus municipios.

Cada municipio contará como mínimo con inspector de Policía con funciones de tránsito y transporte o con un inspector de Tránsito y transporte y un número de agentes de tránsito y transporte, de acuerdo con su necesidad y capacidad fiscal, que actuará únicamente en su respectiva jurisdicción (o bajo convenios con otros municipios u organismo de tránsito departamental), los cuales por su rango de autoridad y tener funciones de policía judicial no podrán ser objeto de delegación o contratar con particulares, salvo los que excepcionalmente se contraten para atender proyectos de control en vía específicos o para solventar ciertas situaciones que lo justifiquen.

Instrucción Administrativa:

Circular externa MT 2023000000677 de 2023. “…A partir de la expedición de la Ley 2197 de 2022, la cual dicta normas tendientes a fortalecer la seguridad ciudadana y específicamente señala competencias en su artículo 58 en cuanto al ejercicio de la función de control y vigilancia del tránsito y de la conformación de cuerpos de agentes de tránsito en cabeza de  los  organismos  y autoridades de tránsito, este despacho, haciendo uso de las facultades conferidas a la entidad por el Decreto Nacional 87 de 2011, define lineamientos que materialicen la intención del legislador para fortalecer el control y vigilancia del tránsito por parte de los organismos y autoridades de tránsito en los siguientes términos:

1. El control y vigilancia del tránsito emana de la Constitución, materializando un deber del Estado en la protección de la vida y de los bienes de las personas, la cual es también necesaria para la guarda de los derechos sociales y del ambiente que resultan en riesgo por el movimiento de personas y bienes en el territorio nacional.
2. La ley 769 señala (art. 7) que los organismos de tránsito (formas institucionales específicas que cuentan con autorización del Ministerio de Transporte para atender solicitudes de servicios de registro definidos en los artículos 8 y siguientes de la Ley 769 de 2002 y a las que corresponde organizar el tránsito y el transporte) deben contar con un cuerpo de agentes de tránsito, ya sea de servidores públicos, contratistas o de miembros de la Policía Nacional.
3. La Ley 2197 de 2022 señaló, al reformar el artículo 7 de la Ley 769 de 2002, que las autoridades de tránsito que no cuentan con las condiciones del párrafo precedente (servicios de registro) poseen en todo caso facultades para ejercer funciones de control y vigilancia en el tránsito, de manera que puedan apoyar a otras entidades territoriales y que incluso efectúen esas actividades en vías nacionales, cuando no hay presencia de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional en la jurisdicción (entiéndase en el municipio).
4. Al tiempo, la reforma al artículo 4 de la ley 1310 de 2009 señala como deber  de cada municipio contar con un grupo institucional básico para que las autoridades locales asuman el conocimiento de la actuación contravencional y puedan surtir el trámite de las dos instancias reglamentarias, consistente en: a) Inspectores de tránsito o de policía (cuyo ejercicio de autoridad en la decisión de actuaciones administrativas-sancionatorias, supone  que  correspondan  a  servidores  públicos con esas funciones asignadas de manera reglamentaria al interior de cada entidad local), b) Un número de agentes de tránsito y transporte (excepcionalmente contratistas, en ejercicio permanente de la actividad, servidores públicos).
5. Para que los municipios puedan ejercer funciones de control y vigilancia  del tránsito, deben cumplir las reglas de la Ley 769 de 2002, la cual define reglas para el desarrollo del proceso contravencional; y las específicas sobre  cuerpos  de agentes de tránsito. Sin embargo, como esas reglas imponen procedimientos estandarizados en cuanto a la imposición de órdenes de comparendo (formatos, rangos); elaboración de informes policiales de accidente de tránsito (IPAT) –para el ejercicio de la función de policía judicial- y para el reporte a los sistemas de información que permite a los presuntos infractores ejercer derechos en cuanto a cursos que  rebajan el valor de la sanción,  y en firme ésta, para poder pagarla desde cualquier lugar del país y para impedir que quienes  tienen  licencia suspendida o cancelada obtengan, refrenden o renueven la misma o aprecien el fenómeno de la reincidencia (entre otras actuaciones), es claro que deben tomarse medidas al interior del sector para que la función se ejerza de acuerdo con esos estándares, con arreglo además a los principios de economía y eficacia señalados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En el mismo sentido anterior se pronunciaron el despacho del Ministerio y de la Superintendencia de Puertos en la circular externa  20221300000277  del 26 de diciembre de 2022, sobre control para garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito y transporte

Conclusiones

1. Los municipios pueden desarrollar funciones de control y vigilancia del tránsito, cumpliendo las regulaciones asociadas al procedimiento contravencional y las técnicas asociadas a los sistemas y registros de información creados por la Ley 769 de 2002.
2. Los municipios pueden celebrar convenios con los organismos de tránsito departamentales clasificados por el Ministerio de Transporte, en que pueden acordar la forma en que el Municipio ejecute –en su jurisdicción- las labores de control y vigilancia del tránsito y el desarrollo de la actuación contravencional.
3. En los departamentos en que no se cuenta con organismos de tránsito clasificados por el Ministerio de Transporte, el Municipio o Distrito no requiere autorización alguna para ejecutar las labores de control y vigilancia del tránsito y el desarrollo de la actuación contravencional en su jurisdicción, habida cuenta que por disposición de la ley, son autoridades de tránsito.

De tal forma, se emite la siguiente instrucción:

Los municipios que efectúen su conformación institucional en la forma prevista por la Ley 1310 de 2009, demostrando la existencia de cargos públicos de: a) Inspectores de tránsito/policía para conocer actuaciones contravencionales y un superior para conocer/decidir la segunda instancia; y b) Cuerpo de agentes de tránsito, de planta o vinculado por contratos; podrán solicitar directamente al Registro Único Nacional de Tránsito la asignación de rangos de órdenes de comparendo”.

Circular externa MT 20244000000257 de 2024. “…Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Circular Externa 20221300000277 del 26 de diciembre de 2023 expedida por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte y lo señalado en la Circular Externa No. 20234000000677 del 9 de noviembre de 2023 de esta Dirección, se instruye sobre el procedimiento que se debe tener en cuenta, para el registro de la Autoridades de Tránsito Municipales de las entidades territoriales que carecen de Organismos de Tránsito, ante el sistema RUNT y la asignación de rangos de comparendos para ejercer las funciones sancionatorias en materia de tránsito, de conformidad con lo establecido en la Ley 769 de 2002, modificada entre otras, por la Ley 2197 de 2022.

1. Radicación de la solicitud

El Alcalde del Municipio que requiera la asignación de rangos de órdenes de comparendos deberá radicar ante el Ministerio de Transporte la respectiva solicitud, adjuntando los siguientes documentos:

1.1.1. Acto Administrativo que contenga la estructura del Municipio, en el que se evidencie la existencia de los cargos de Inspector de Policía y/o de Tránsito y de un superior funcional para el ejercicio de la actuación contravencional de primera y segunda instancia.

1.1.2. Acto Administrativo de nombramiento de Agentes de Tránsito, con su respectiva Acta de Posesión o excepcionalmente los contratos de prestación de servicios con los cuales se encuentren vinculados.

1.1.3. Acta de posesión del Alcalde Municipal.

1.1.4. Indicación de la persona (nombre, cargo y correo electrónico) que recibirá la instrucción del organismo departamental (si lo hubiese) sobre los puntos y horarios en que se efectúa el control departamental, de manera que el municipal sea subsidiario del mismo para las áreas y horarios en que el Departamento no hace presencia permanente.

2. Verificación del cumplimiento de requisitos:

El Ministerio de Transporte, a través del Grupo de Tránsito Terrestre, Acuático y Férreo de la Subdirección de Tránsito, verificará que la solicitud presentada y los documentos allegados con la misma, cumplan con lo previsto en las Circulares Externas No. 20221300000277, del 26 de diciembre de 2023 expedida por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte y la Circular Externa No. 20234000000677, del 9 de noviembre de 2023 y en la Ley 1310 de 2009.

Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos, el Grupo de Tránsito Terrestre, Acuático y Férreo de la Subdirección de Tránsito, remitirá oficio a la Concesión RUNT 2.0 S.A.S, dando concepto favorable para que sea registrada la Autoridad de Tránsito y le sean asignados los rangos de comparendos.

En caso contrario, requerirá a la Autoridad de Tránsito para que complemente o aclare la petición, observando lo señalado en el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015 que sustituyó, entre otros,  el artículo 17 de la Ley 1437 de 2011.

3. Registro de la autoridad de tránsito en el sistema RUNT

Recibida la comunicación del Grupo de Tránsito Terrestre, Acuático y Férreo, la Concesión RUNT 2.0 S.A.S., registrará la Autoridad de Tránsito en el sistema RUNT, de acuerdo con los procedimientos definidos para tal efecto y posteriormente, asignará los rangos de órdenes  de  comparendos, teniendo en cuenta los parámetros establecidos para los mismos.

Finalmente, es importante mencionar que todas las Autoridades de Tránsito a las que les sean asignados rangos de comparendos en virtud de las Circulares Externas No. 20221300000277, del 26 de diciembre de 2023, expedida por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte y la Circular Externa No. 20234000000677, del 9 de noviembre de 2023, tienen la obligación de cumplir el proceso contravencional contemplado en la Ley 769 de 2002 y aplicar los descuentos señalados en la misma”.

Doctrina Administrativa:

Concepto MT-20201340488501 de 2020. “…es contrario a la ley que los cuerpos de policía nacional con funciones de policía de tránsito ejerzan sus funciones en municipios dotados de organismos de tránsito propios, los cuales actúan por medio de sus agentes de tránsito. En efecto, según se ha expuesto, no es viable que dos autoridades de tránsito ejerzan funciones en la misma jurisdicción, dado que la ley se ha propuesto, precisamente, deslindar las jurisdicciones con criterio territorial para que se distingan con toda precisión los ámbitos de actuación de los diversos organismos, autoridades y cuerpos especializados de agentes de tránsito en el orden nacional, departamental, municipal y distrital.

En consecuencia, cuando los cuerpos de policía nacional con funciones de policía de tránsito invaden la jurisdicción asignada por la ley a las entidades territoriales, actúan por fuera de su propia jurisdicción, que de acuerdo con la ley son las carreteras nacionales que se encuentren por fuera del perímetro urbano de distritos y municipios, y de contera violan la regla legal conforme a la cual los cuerpos especializados de agentes de tránsito actuarán únicamente en su respectiva jurisdicción.

Así las cosas, si la vía es de carácter Nacional, pero se encuentra o atraviesa el perímetro urbano y rural de un municipio o distrito, la competencia para conocer de las infracciones al tránsito es de los Agentes de Tránsito del Organismo de Tránsito de la jurisdicción del municipio o distrito donde se cometió la infracción.”

Concepto MT-20231340266401 de 2023. ”: – Los artículos 56 y 58 de la Ley 2197 de 2022, no hacen distinción entre las competencias atribuidas a agentes de tránsito y transporte vinculados a través de carrera administrativa (Empleados públicos) o mediante contrato de prestación de servicios (Contratistas), pues en principio, la definición contenida en el artículo 56 de la Ley 2197 de 2022, indica que las funciones y obligaciones de los agentes de tránsito y transporte, son tendientes a regular la circulación vehicular y peatonal, vigilar, controlar e intervenir en el cumplimiento de las normas de tránsito y transporte en cada uno de los entes territoriales.

– Sin embargo, el inciso 2 del artículo 57 de la Ley 2197 de 2022, determina que las funciones de policía judicial no podrán ser objeto de delegación o contratar particulares, salvo los que excepcionalmente se contraten para atender proyectos de control vial o para solventar ciertas situaciones que lo justifiquen.

– Por otro lado, le corresponde a la autoridad de tránsito del territorio en donde se requiera la aplicación de las disposiciones en cita, concretar el alcance de las expresiones “excepcionalmente” y “ciertas situaciones que lo justifiquen” referidas en los artículos 57 y 58 del Decreto (sic) 2197 de 2022, según la cual es posible la contratación con particulares para atender proyectos de control en vía específicos o para solventar ciertas situaciones que lo justifiquen; como quiera que son los organismos de tránsito quienes conocen directamente las diversas situaciones que en materia de tránsito surgen en su jurisdicción, y en todo caso cualquiera sea la circunstancia que se repute justificada o excepcional.

– Entre tanto, de la interpretación armónica de las normas transcritas, los agentes de tránsito vinculados al cuerpo de agentes de una entidad territorial mediante contratos de prestación de servicios conforme a las normas contenidas en el Estatuto general de Contratación Pública, pueden ejercer funciones educativas, preventivas, de solidaridad, vigilancia cívica, velando por el cumplimiento del régimen normativo del tránsito y transporte, garantizando la libre locomoción de todos los ciudadanos.

Finalmente, los agentes de tránsito y transporte que sean contratados mediante un contrato de prestación de servicios no pueden ejercer funciones de policía Judicial, pero sí pueden imponer comparendos por las presuntas infracciones al tránsito codificadas en el artículo 131 de la Ley 769 de 2002 de conformidad con el procedimiento establecido en la referida norma y en la Ley 1843 de 2017, según sea el caso.”

Artículo 5. Funciones generales. Los cuerpos de agentes de tránsito y transporte de las Entidades Territoriales están instituidos para velar por el cumplimiento del régimen normativo del tránsito y transporte y garantizar la libre locomoción de todos los ciudadanos y ejercer de manera permanente, las funciones de: 

1. Policía Judicial.Respecto a los hechos punibles de competencia de las autoridades de tránsito de acuerdo al Código de Procedimiento Penal y Código Nacional de Tránsito. 

Jurisprudencia:

Corte Constitucional Sentencia C-429 de 2003. “Pero, tal y como lo establecía la Ley 33 de 1986, el artículo 148 de la Ley 769 de 2002 otorgó a las autoridades de tránsito funciones de policía judicial en los casos de accidentes de esta naturaleza que puedan constituir infracción penal, con arreglo al Código de Procedimiento Penal, es decir, a los artículos 314 a 321 del mismo. Por lo que, en ejercicio de esta competencia las mencionadas autoridades de tránsito al levantar dicho informe descriptivo sobre un accidente de esta naturaleza con implicaciones de carácter penal, además de la copia que deban remitir a las autoridades de tránsito respectivas, deberán enviar dicho informe inmediatamente a la autoridad instructora competente en materia penal. (Subrayas y negrilla fuera de texto) “(…) Así pues, en virtud del artículo 148 de la Ley 769 de 2002, el informe descriptivo que elabora un agente de tránsito en los casos de accidentes de esta naturaleza con implicaciones penales corresponde al ejercicio de una actividad de policía judicial consistente en rendir un informe cuyo contenido y efectos se encuentran regulados por el artículo 149 del nuevo Código Nacional de Tránsito y, en lo pertinente, por los artículos 314 a 321 del C.P.P. De tal suerte que se trata de un documento público cuyo contenido material puede ser desvirtuado en el proceso respectivo y que debe ser apreciado por el funcionario judicial de acuerdo a las reglas de la sana crítica a fin de otorgarle el alcance probatorio que corresponda una vez sea valorado en conjunto con todas las pruebas practicadas, bien oficiosamente o bien a petición de parte”

Comentario del Editor:

Por Policía Judicial se entiende el conjunto de autoridades que colaboran con los funcionarios judiciales en la investigación de los delitos y en la captura de los delincuentes, ello implica la potestad para recaudar pruebas. La concepción moderna de la Policía Judicial es la de un cuerpo que requiere la aplicación de principios de unidad orgánica y, sobre todo, de especialización científica y que actúa bajo la dirección funcional de los fiscales o los jueces.

Si bien es cierto que la Policía Nacional por mandato constitucional cumple funciones de Policía Judicial en forma permanente, así como otros servidores públicos según lo dispone el artículo 310 del Código de Procedimiento Penal, sus funciones se deben cumplir bajo la dirección y coordinación del Fiscal General y sus delegados.

Aquellos eventos que en ejercicio de las funciones de policía judicial pueden conocer los agentes de tránsito y transporte son todos aquellos que se generen con ocasión de la actividad de la movilidad, es decir, todos aquellos que se deriven de la comisión de una infracción a las normas de tránsito o transporte o que impliquen un hecho de relevancia para el sistema de movilidad como pueden ser las lesiones personales por accidente de tránsito, el homicidio en accidentes de tránsito, el daño en bien ajeno en accidentes de tránsito, la falsedad en documentos públicos, entre otros.

2. Educativa.A través de orientar, capacitar y crear cultura en la comunidad respecto a las normas de tránsito y transporte. 

3. Preventiva. De la comisión de infracciones o contravenciones, regulando la circulación vehicular y peatonal, vigilando, controlando e interviniendo en el cumplimiento de los procedimientos técnicos, misionales y jurídicos de las normas de tránsito. 

4. Solidaridad. Entre los cuerpos de agentes de tránsito y transporte, la comunidad y demás autoridades.

5. Vigilancia Cívica.De protección de los recursos naturales relacionados con la calidad del medio ambiente y la ecología, en los ámbitos urbanos y rurales contenidos en las actuales normas ambientales y de tránsito y transporte. 

Jurisprudencia:

Consejo de Estado – Sala de Consulta y Servicio Civil, con Radicación No. 1826 del 20 de septiembre de dos mil siete (2007) “(…) En específico las funciones de los agentes de tránsito se pueden clasificar así: De prevención y seguridad vial: garantizan y regulan la circulación vehicular y peatonal; vigilan, controlan e intervienen en el cumplimiento de las normas de tránsito y transporte terrestre -art. 116 de la ley 769 del 2002 -; preservan y controlan el espacio público, controlan el estacionamiento sobre andenes, zonas verdes, separadores viales y vías peatonales en general; atienden quejas ciudadanas en relación con el buen funcionamiento del tránsito y transporte; ejercen control vehicular en las entradas y salidas de la ciudad; con el fin de prevenir accidentes realizan operativos de embriaguez, de control del transporte escolar, de control de taxis y de vehículos de carga; imponen comparendos (Arts. 129, 135 y 147, ley 769 del 2002). De educación y prevención: tales como campañas en las vías públicas, universidades, colegios, centros comerciales, entre otros, y charlas educativas a los conductores, a peatones, motociclistas, ciclistas, etc. De atención de hechos de accidentalidad en el área de su jurisdicción. En desarrollo de tal función los Agentes de Tránsito levantan informes descriptivos en caso de accidentes de tránsito y los remiten al organismo de tránsito competente (arts. 144, 145 y 149 ibidem). Igualmente tienen funciones de policía judicial de acuerdo con la ley 906 del 2004, código de Procedimiento Penal.”.

Artículo 6. Jerarquía. Es la organización interna del grupo de control vial que determina el mando en forma ascendente o descendente. La jerarquía al interior de estos cuerpos para efectos de su organización, nivel jerárquico del empleo en carrera administrativa, denominación del empleo, lo mismo que para todas las obligaciones y derechos consagrados en esta ley, será lo determinado en el presente artículo. 

La profesión de agente de tránsito por realizar funciones que exigen el desarrollo de procesos y procedimientos en labores técnicas misionales y de apoyo, así como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la tecnología como policía judicial, pertenecerá en carrera administrativa al nivel técnico y comprenderá los siguientes grados en escala descendente: 

CODIGO	DENOMINACION	NIVEL
290	Comandante de Tránsito	Profesional
338	Subcomandante de Tránsito	Técnico
339	Técnico Operativo de Tránsito	Técnico
340	Agentes de Tránsito	Técnico

Parágrafo. No todas las Entidades Territoriales tendrán necesariamente la totalidad de los Códigos y denominaciones estos serán determinados por las necesidades del servicio. 

Doctrina Administrativa:

Concepto MT-20231341407991 de 2023. ”El empleo de agente de tránsito y transporte pertenece al nivel jerárquico técnico y/o tecnológico y corresponderá a los grados establecidos en la norma, no obstante, el legislador realizó una salvedad en el parágrafo único del artículo 6, dado que no todas las entidades territoriales tienen necesariamente la totalidad de los códigos y denominaciones del empleo, los cuales son determinados por las necesidades del servicio. Ahora bien, los (sic) entidades territoriales deben tener por cada empleo de la entidad un manual de funciones y competencias laborales, el cual debe tener el contenido funcional del empleo, las competencias funcionales, los requisitos de estudio y experiencia, esto con el fin de establecer las obligaciones del empleo y las funciones a desarrollar de acuerdo a las competencias del mismo y un decreto de estructura. Por su parte, las entidades territoriales deberán adelantar las acciones respectivas ante la Comisión Nacional del Servicio Civil para efectos de actualizar el perfil de Agente de Tránsito, que garantice la formación académica integral determinados en el artículo 3, numeral 5 del artículo 7 de la Ley 1310 de 2009 y artículo 2.1.3. de la Resolución Única de Tránsito, por lo tanto, podrán vincular el personal necesario como Agente de Tránsito y Transporte a las personas que cumplan los perfiles especificados en el manual de funciones y demás actos administrativos y documentos internos, propios de las mismas entidades territoriales.

(…) Por su parte, el Ministerio de Transporte, a través de la Resolución 4548, compilada en la Resolución 20223040045295 de 2022, determina las áreas del plan de estudio del programa académico, técnico o tecnológico requerido para garantizar la idoneidad de los agentes de tránsito y transporte, señalando en el artículo 2.1.3. la formación requerida, la cual varía dependiendo el cargo a ocupar, así: el comandante de tránsito requiere título profesional, el subcomandante de tránsito requiere un nivel de técnico profesional y por último, el cargo de técnico operativo de tránsito y el cargo de agente de tránsito un nivel de técnico labora Como complemento a lo anterior, vale indicar que el Artículo 2.1.4. de la Resolución Única de Tránsito precisa, sin perjuicio del nivel de educación requerida, el agente de tránsito deberá acreditar mediante certificaciones expedidas por instituciones debidamente registradas ante las Secretarías de Educación o el Ministerio de Educación Nacional, la formación profesional o técnica, descrita en la norma en comento, razón por la cual, serán las instituciones de educación quienes atendiendo al pensul establecido, determinaran las competencias para acreditar la formación técnico laboral o técnico profesional. Por lo tanto, serán las unidades de personal de las entidades públicas, quienes en atención a lo señalado en el literal c) del artículo 15 y 24 de la Ley 909 de 2004, establecerán las diferencias profesionales y técnica laboral en los procesos de encargo, de conformidad con la Ley 1310 de 2009 y la (sic) 20223040045295 de 2022, si acreditan los requisitos para su ejercicio establecidos en el manual de funciones, poseen las aptitudes y habilidades para su desempeño, no han sido sancionados disciplinariamente en el último año y su última evaluación del desempeño es sobresaliente.”

Artículo 7. Requisitos de creación e ingreso. Para ingresar a los cuerpos de agentes de tránsito y transporte de las entidades territoriales se requiere, además: 

1. Ser colombiano con situación militar definida. 

2. Poseer licencia de conducción de segunda (2ª) y cuarta (4ª) categoría como mínimo. 

3. No haber sido condenado en cualquier época por sentencia judicial, pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos culposos.

4. Ser mayor de edad. 

5. Cursar y aprobar el programa de capacitación (cátedra de formación e intensidad mínima establecida por la autoridad competente). 

6. Poseer diploma de bachiller, certificado o constancia de su trámite. 

Parágrafo. Para la creación de los cargos de agentes de tránsito y transporte de las entidades territoriales deberá evaluarse la conveniencia y oportunidad según el número de habitantes y la cantidad de vehículos que transitan en el municipio. 

Artículo 9. Moralización. Los cuerpos de agentes de tránsito son responsables de su moralización, por lo tanto, crearán tribunales o comités de ética, los cuales emitirán conceptos sobre el desempeño, conducta, comportamiento de sus componentes, que deberán ser atendidos por los jefes de las dependencias de tránsito. 

Artículo 10. Sistema de Participación Ciudadana. Los cuerpos de agentes de tránsito y transporte de las Entidades Territoriales desarrollarán un sistema de participación ciudadana, con el objeto de fortalecer las relaciones entre el ciudadano y la institución, estableciendo mecanismos efectivos para que se expresen y sean atendidos distintos intereses sectoriales y regionales, atinentes al servicio de los agentes de tránsito. 

Artículo 11. Comisión de Tránsito y Participación Ciudadana. Créase la Comisión de Tránsito y Participación Ciudadana, como mecanismo del más alto nivel, encargada de orientar y fiscalizar las relaciones entre la ciudadanía, los agentes de tránsito de las Entidades Territoriales y las autoridades administrativas. Esta comisión tiene por objeto atender las necesidades de distintos grupos sociales, con relación a los asuntos de tránsito y transporte, y emitir recomendaciones sobre el conjunto de normas procedimentales y de comportamiento que regulan los servicios de la institución. 

Artículo 12. Composición. La Comisión de Tránsito de las Entidades Territoriales y Participación Ciudadana, estará integrada por: 

1. El Alcalde o Gobernador, en cada nivel territorial o su delegado. 

2. Un miembro del Consejo Territorial de Planeación. 

3. Un delegado del Sindicato de Empleados de Tránsito y Transporte. 

4. Un representante de las Juntas de Acción Comunal. 

5. Un representante de las Empresas del Transporte.

6. Un representante de los Agentes de Tránsito. 

7. Un delegado del Consejo Municipal o Asamblea Departamental, de acuerdo al ente territorial al cual esté adscrito el organismo de tránsito.

Artículo 13. Funciones. Son funciones básicas de la Comisión de Tránsito Territorial y Participación Ciudadana: 

1. Proponer iniciativas para fortalecer la acción preventiva de los funcionarios públicos de los organismos de tránsito de entes territoriales de tránsito, frente a la sociedad, así como prevenir la comisión de faltas, delitos y omisiones. 

2. Proponer iniciativas y mecanismos tendientes a determinar en forma prioritaria una orientación ética, civilista, democrática, educativa y social en la relación comunidad-agentes de tránsito y demás servidores públicos. 

3. Promover la participación ciudadana en los asuntos de tránsito y transporte, en los niveles Departamental y Municipal. 

4. Recomendar el diseño de mecanismo, proyectos, programas de planeación, prevención, seguridad y control vial, para asegurar el compromiso de la comunidad-agentes de tránsito y entidades del Estado con el apoyo y participación del Fondo de Prevención Vial.⁵²

5. Recomendar programas de desarrollo, salud, vivienda, educación y bienestar para los funcionarios de los organismos de tránsito en los entes territoriales. 

6. Recomendar la ampliación de los grupos de control vial en cada ente territorial. 

7. Las demás que los Entes Territoriales les asignen con relación al tránsito y transporte de la localidad. 

Parágrafo. El Director o Secretario de tránsito territorial convocará cada tres meses a la Comisión de Tránsito Territorial y Participación Ciudadana. 

Artículo 14. Uniforme y uso. El Gobierno Nacional expedirá la reglamentación pertinente para definir los aspectos relacionados al uso de los uniformes, diseños y demás aspectos que permitan la identificación de los agentes de tránsito en los entes territoriales. 

Estos empleados en servicio activo tendrán derecho a que la respectiva entidad les suministre en forma gratuita, tres (3) dotaciones anuales de uniforme completo, insignias, distintivos y equipo de acuerdo con la reglamentación que expida cada ente territorial. Esta prestación no es salario, ni se computará como factor del mismo en ningún caso.

Reglamentación: Decreto 1079 de 2015

Artículo 2.3.8.1. Objeto. El presente Título tiene por objeto reglamentar el diseño, uso y demás aspectos relacionados con los uniformes de los agentes de tránsito de los organismos de tránsito en todo el territorio nacional.

Artículo 2.3.8.2. Características de los uniformes de los agentes de tránsito. En todo el territorio nacional, el uniforme del agente de tránsito y transporte vinculado de forma legal y reglamentaria al organismo de tránsito, estará integrado por las siguientes prendas y con las siguientes características, las cuales deberán acondicionarse a las necesidades del servicio y características climáticas:

1. Kepis: color azul turquí, ocho (8) centímetros de alto, escudo centrado del municipio donde labora el agente, cordón de mando blanco en la parte delantera, visera color negro de seis (6) centímetros.

2. Corbata: color azul turquí del mismo color del pantalón.

3. Camisa: color azul celeste, dos bolsillos delanteros con tapa y botón, cuello con botón, pasadores para presillas (estas deben ser del color del pantalón e indicarán el grado del agente de tránsito).

4. Pantalón: color azul turquí, debe usarse con correa color negro.

5. Reata y chapuza: color negro en lona o cuero, acompañada de portametro, con hebilla, ancho de correa de cinco (5) centímetros, chapuza de veintidós (22) por diecisiete (17) centímetros y siete (7) centímetros de fondo con pasador (se usa para portar libreta de comparendos y otros documentos).

6. Placa metálica: llevará el nombre, apellido y código del agente y se ubica sobre el bolsillo derecho.

7. Escudo de los agentes de tránsito: fondo azul con letras que dicen agente de tránsito y transporte y debajo el nombre del organismo de tránsito, letras en color plata y en el centro la imagen del ente territorial. Va en el hombro derecho de la camisa.

8. Escudo de Colombia: puesto en el hombro izquierdo de la camisa.

9. Pito de color negro y cadena en plata, puesto en el lado izquierdo, abotonado de la presilla izquierda.

10. Botas: en cuero color negro para desplazarse en motocicleta, suela de goma, con cierre lateral interno que cruza toda la bota.

11. Zapatos en cuero o charol color negro para las ceremonias y cruces de regulación fija o de cordones.

12. Chaleco en PVC, color azul de 1.500 candelas, fondo color azul, ribetes laterales con reflectivo color amarillo limón de 1.500 candelas, en la parte delantera el logo y nombre del organismo de tránsito, en la parte posterior el código del agente con la palabra agente de tránsito, cierre o broche lateral.

13. Impermeable o equipo de lluvia: color azul turquí, en la parte delantera el logo y nombre del organismo de tránsito, en la parte posterior el código del agente con la palabra agente de tránsito, con dos bandas laterales a la altura de las muñecas con reflectivo color amarillo de 1.500 candelas de tres centímetros (3 cm) de ancho, el pantalón con dos bandas laterales a la altura de los tobillos en reflectivo color azul de candelas, con cierre y adhesivo.

14. Chaqueta manga larga en color azul turquí para el trabajo nocturno y temporada de invierno, con dos bandas laterales a la altura de las muñecas con reflectivo color azul de 1.500 candelas, en la parte delantera el logo y nombre del organismo de tránsito, en la parte posterior el código del agente con la palabra agente de tránsito, con dos bandas laterales incluye el dorso con reflectivo color azul de 1.500 candelas, cuello alto, con cierre y adhesivo.

15. Equipos de comunicación: equipo de comunicación bidireccional que permita la comunicación con la central respectiva.

16. Comparendera: negra en cuero que permita el porte de manos libre e impermeable de la comparendera.

17. Tapaoídos: elemento de protección auditiva de manos libres, que se encargue de bloquear ruido.

18. Gafas: elemento de protección visual de manos libres, que se encargue de bloquear el viento y los rayos de sol.

19. Guantes: elemento de protección manual en cuero de caña larga con ajuste en la muñeca, compuestos por materiales gruesos y membrana impermeable.

Parágrafo 1. El material del uniforme deberá ser determinado por el Organismo de tránsito, de conformidad con el clima. En todo caso el material deberá garantizar la seguridad del agente en todas las actividades que realice bajo techo y en vía.

Los empleados en servicio activo tendrán derecho a que la respectiva entidad les suministre en forma gratuita, tres (3) dotaciones anuales de uniforme completo, insignias, distintivos y equipo de acuerdo con la reglamentación que expida cada ente territorial, de conformidad con lo señalado en la Ley 1310 de 2009.

Parágrafo 2. Los miembros de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional continuarán portando los uniformes instituidos en sus reglamentos.

Doctrina Administrativa:

Concepto MT-20211340501171 de 2021. “… deberá otorgarse a los agentes de tránsito por parte del organismo de tránsito las prendas señaladas desde el numeral 1 al numeral 19, los materiales de los uniformes deberán tener como factor determinante el clima y el mismo deberá garantizar la seguridad de los agentes durante la realización de sus actividades. Estos uniformes deberán entregarse en tres dotaciones anuales de uniforme completo, insignias, distintivos y equipo de acuerdo con la reglamentación que expida cada ente territorial de acuerdo con la mentada Ley 1310 de 2009, hay una excepción en el parágrafo 2 y es cuando el agente de tránsito sea efectivo de la Policía Nacional en cuyo caso usarán los uniformes de la institución.”

Concepto MT-20211340586791 de 2021. “(…) teniendo en cuenta que ni la ley, ni la reglamentación vigente establece una diferenciación entre el uniforme que debe portar un agente de tránsito y un bici-agente, no le corresponde al intérprete de la norma diferenciar su campo de aplicación. Lo anterior, hace parte de un máxima de interpretación de origen latino “uvi lex non distinguir, nec nos distinguere debemus”, es decir, en donde la ley no diferencia, tampoco debemos diferenciar nosotros. Igualmente, es importante tener en cuenta que justamente la motivación del decreto 2885 de 2013, es generar una homogeneidad en cuanto a los uniformes que deben portar los agentes de tránsito. Así que, sería contrario al espíritu de la mencionada norma, considerar que los Bici-Agentes puedan/deban utilizar un uniforme distinto al que establece su artículo segundo.”

Parágrafo 1. Las entidades públicas o privadas a las que mediante delegación o convenio les sean asignadas determinadas funciones de tránsito, constituirán organismos de apoyo a las autoridades de tránsito. 

Legislación Complementaria: Ley 2283 de 2023

Artículo 1. Objeto. La presente ley tiene como objeto modificar la Ley 769 de 2002 y establecer una serie de prerrogativas para el desarrollo de la actividad de los Organismos de Apoyo al Tránsito (OAT), en especial ·a los Centros de Enseñanza Automovilística (CEA), que les permita funcionar bajo condiciones acordes a las realidades actuales, facilitar la transición de persona natural a jurídica de manera voluntaria, sin contratiempos, conservando su antigüedad y sin interrumpir su operación, e instaurar mecanismos para amparar a los afectados por siniestros viales.

Artículo 4. Análisis integral de los servicios de tránsito. Dentro del año siguiente a la promulgación de la presente ley, el Ministerio de Transporte, deberá desarrollar un Análisis Integral, de carácter técnico y económico, de los servicios que por delegación realizan los Organismos de Apoyo a las Autoridades de Tránsito, así como los Organismos de Tránsito, del cual se deberá concluir las mejoras regulatorias para la prestación de tales servicios, las cuales deberán ser adoptadas dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición del análisis, si se trata de asuntos de competencia directa del Ministerio de Transporte, o puestas a consideración del Congreso de la República mediante un proyecto de ley si se trata de asuntos de rango de ley, a fin de que las mismas incidan directamente en la disminución de la siniestralidad vial y las altas tasas de morbilidad y mortalidad.

Los Organismos realizarán las actividades estrictamente previstas en la habilitación o registro, sin exceder las capacidades instaladas autorizadas.

Parágrafo. La Superintendencia de Transporte deberá vincular a los centros integrales de atención al Sistema de Control y Vigilancia (SICOV) en un plazo máximo de seis (6) meses.

Legislación Complementaria: Ley 1702 de 2013

Artículo 20. Modificado Artículo 30 Ley 1753 de 2015⁵³. Determinación de Tarifas por Servicios que Presten los Organismos de Apoyo.El Ministerio de Transporte definirá mediante resolución, en un plazo no mayor a noventa (90) días contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, las condiciones, características de seguridad y el rango de precios al usuario dentro del cual se deben ofrecer los servicios que prestan los Centros de Enseñanza Automovilística, los de Reconocimiento y Evaluación de Conductores, los de Diagnóstico Automotor, y los que realicen la prueba teórico-práctica para la obtención de licencias de conducción expresado en salarios mínimos diarios vigentes. Se efectuará un estudio de costos directos e indirectos considerando las particularidades, infraestructura y requerimientos de cada servicio para la fijación de la tarifa. Para la determinación de los valores que por cada servicio deben transferirse al Fondo Nacional de Seguridad Vial, se aplicará el siguiente procedimiento: 

1. Se tomará el valor del presupuesto de la Agencia Nacional de Seguridad Vial ejecutado en el año inmediatamente anterior, certificado por el responsable del presupuesto. 

2. Se definirá el número de servicios acumulados en el mismo período por los cuatro (4) grupos de organismos de apoyo (Centros de Enseñanza Automovilística, los de Reconocimiento de Conductores, los de Diagnóstico Automotor y los que realicen la prueba teórico-práctica para la obtención de licencias de conducción), dividiendo el valor del numeral precedente en el número de servicios. 

3. El producto de dividir la operación se tendrá como base del cálculo individual de cada tasa. 

4. La tasa final de cada servicio corresponderá al cálculo individual multiplicado por factores numéricos inferiores a uno (1) en función de la pertenencia de cada usuario o de su vehículo (en el caso de los Centros de Diagnóstico Automotor) a grupos de riesgo con base en criterios como edad, tipo de licencia, clase de vehículo, servicio u otros que permitan estimar el riesgo de accidente, tomados con base en las estadísticas oficiales sobre fallecidos y lesionados. Los factores serán crecientes o decrecientes en función de la mayor o menor participación en accidentes, respectivamente.

5. Una vez definido el valor de la tasa individual, esta se acumulará al valor de la tarifa para cada servicio. 

En ningún caso la tasa final al usuario podrá superar medio (0,5) salario mínimo diario en las tarifas que cobren los Centros de Reconocimiento de Conductores, de Diagnóstico Automotor y los que realicen la prueba teórico-práctica para la obtención de licencias de conducción y un (1) salario mínimo diario en los Centros de Enseñanza Automovilística. 

Se determinará el porcentaje correspondiente que se girará con destino al Fondo Nacional de Seguridad Vial y la parte que se destinará como remuneración de los organismos de apoyo de que trata este artículo. 

Parágrafo 1. La Agencia Nacional de Seguridad Vial, con cargo a los recursos mencionados en el presente artículo y los demás ingresos del Fondo Nacional de Seguridad Vial, podrá apoyar a las autoridades de tránsito que requieran intervención con base en sus indicadores de seguridad vial, así como a la Policía Nacional a través de convenios que tendrán por objeto, tanto las acciones de fortalecimiento institucional, como las preventivas y de control, incluyendo, cuando proceda, el uso de dispositivos de detección de aquellas infracciones de tránsito que generen mayor riesgo de accidente. 

Parágrafo 2. Derogado Artículo 372 de la Ley 2294 de 2023.

Reglamentación: Resolución MT-20223040045295 de 2022

Condiciones, Características de Seguridad y los Rangos de Precios al Usuario para Servicios Prestados por los Centros de Enseñanza Automovilística

Artículo 3.2.2.1. Modificado Artículo 1 Resolución MT-202430400003125 de 2024. Rango de precios al usuario de los Centros de Enseñanza Automovilística. Los Centros de Enseñanza Automovilística ofrecerán sus servicios a los usuarios, fijando el precio de los mismos dentro del siguiente rango de tarifas, expresado en Unidad de Valor Básico (UVB) vigentes, así:

Valores expresados en Unidad de Valor Básico (UVB) 2024
2024	A1	A2	B1	B2	B3	C1	C2	C3
Inferior	35,84	39,45	53,77	75,30	118,32	64,51	86,04	129,06
Superior	64,51	75,30	103,96	164,91	261,69	132,63	197,18	290,36

Parágrafo 1. Al rango de precios aquí definido, se le adicionarán los valores que se adopten por condiciones de seguridad y los demás valores que contemple la ley, salvo aquellos correspondientes a los derechos a favor del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) descritos en el artículo 3.2.2.4, los cuales deben estar incluidos dentro del precio al usuario de que trata el presente artículo. Las autoridades de control deberán tener en cuenta lo señalado en este parágrafo al evaluar la estructura tarifaria establecida.

Parágrafo 2. Los Centros de Enseñanza Automovilística, que cobren a los usuarios valores diferentes del rango de precios y los valores de terceros, señalados en la presente resolución, sea por exceso o por defecto, o que reconozcan o paguen a intermediarios, comisionistas, gestores, agentes, tramitadores, o a cualquier título comisiones o reconocimientos de cualquier índole, incurrirán en las sanciones previstas en la ley.

Lo propio ocurrirá cuando aun respetando el rango tarifario, se cobren valores al usuario diferentes de los consignados en los registros que para el efecto se disponen en el siguiente artículo.

Parágrafo 3. La actualización de las tarifas descritas en el presente artículo se realizará anualmente con el valor de la Unidad de Valor Básico (UVB) fijado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal correspondiente.

Artículo 3.2.2.2. Registro de los valores de precios al usuario. Los Centros de Enseñanza Automovilística deberán remitir los valores o a la Superintendencia de Transporte, para que esta entidad publique en su página web los precios que se cobrarán a los usuarios por los servicios prestados, así como los valores de terceros a cobrar.

Los Centros de Enseñanza Automovilística, deberán igualmente presentar ante la misma entidad y en los tiempos que esta determine, copia de sus Estados Financieros con las formalidades que la ley establece.

Parágrafo. Los precios al usuario registrados y publicados de conformidad con el presente artículo solo podrán ser modificados en la medida que se mantengan dentro de los rangos de tarifas establecidos en el 3.2.2.1 de la presente resolución y una vez transcurridos tres (3) meses desde su último registro o actualización.

Artículo 3.2.2.3. Publicidad e información a los usuarios. Los Centros de Enseñanza Automovilística, una vez realizado el registro de que trata el artículo 3.2.2.2., deberán publicar los precios al usuario y los valores de terceros en un lugar visible al público desde el interior y el exterior del establecimiento, con una antelación no menor a cinco (5) días de su entrada en vigencia, garantizando que la información sea amplia, clara y suficiente al usuario.

Lo anterior sin perjuicio de las normas establecidas por las autoridades ambientales respecto de la contaminación visual, aplicables a cada sede autorizada.

Artículo 3.2.2.4. Facturación. Los Centros de Enseñanza Automovilística deberán expedir facturas por la prestación del servicio a los usuarios al momento de solicitar la capacitación. Estas facturas discriminarán de manera específica los valores de precios al usuario del servicio y los pagos de terceros, que deban transferirse al Fondo Nacional de Seguridad Vial, así como el valor correspondiente al Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), al Sistema de Vigilancia de la Superintendencia de Transporte y los impuestos aplicables.

Artículo 3.2.2.5. Derechos a favor del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT). En los servicios que presten los Centros de Enseñanza Automovilística, se cancelarán también los derechos correspondientes al Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), conforme lo ordenado por la Ley 1005 de 2006 o la norma que la modifique, adicione o sustituya, los cuales deben ser estimados y cobrados dentro del precio al usuario, respetando el rango de tarifas establecido en el artículo 3.2.2.1. de la presente resolución.

Artículo 3.2.2.6. Valores a transferir al Fondo Nacional de Seguridad Vial. En los servicios que presten los Centros de Enseñanza Automovilística, se cancelarán también los derechos correspondientes al Fondo Nacional de Seguridad Vial, de conformidad con lo establecido en la Resolución 993 de 2017, o la norma que la modifique, adicione o sustituya, los cuales deben ser estimados y cobrados dentro del precio al usuario, respetando el rango de tarifas establecido en el artículo 3.2.2.1. de la presente resolución.

Artículo 3.2.2.7. Recaudo. El recaudo de todos los servicios y derechos deberá efectuarse a través de los bancos autorizados dentro del sistema financiero de Colombia o por intermedio de un aliado u operador de recaudo, que sea miembro del sistema financiero (o un operador postal de pago habilitado o autorizado en Colombia que tenga convenio con una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera.

Igualmente se entenderá cumplida esta obligación cuando el Centro de Enseñanza Automovilística cuente con un aliado u operador de recaudo miembro del sistema financiero o un operador postal de pago habilitado o autorizado) que haga parte del sistema de control y vigilancia exigido por la Superintendencia de Transporte.

En todo caso debe garantizarse la transferencia o dispersión automática de los recursos a cada una de las entidades en las cuentas que para tal efecto determine cada una de ellas, esta transferencia será en línea y en tiempo real.

El operador de recaudo deberá conservar los documentos en los términos establecidos en los artículos 48, 51 y 60 del Código de Comercio.

Artículo 3.2.2.8. Protocolos y condiciones para el cargue del certificado al sistema RUNT. Los Centros de Enseñanza Automovilística, deberán sujetarse a los protocolos y parámetros que defina el Viceministerio de Transporte, para adelantar el proceso de cargue de los certificados de aptitud en conducción.

Parágrafo. El Registro de los certificados de capacitación a conductores e instructores en el sistema RUNT, deberá incluir además de la información y componentes que permitan las validaciones previamente establecidas, los patrones almacenados por los Centros de Enseñanza Automovilística correspondientes a los datos del aspirante y la identificación biométrica a través de las huellas dactilares.

Parágrafo 1. Al rango de precios aquí definido, se le adicionarán los valores que se adopten por condiciones de seguridad y los demás valores que contemple la ley, salvo aquellos correspondientes a los derechos a favor del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) descritos en el artículo 3.2.2.4, los cuales deben estar incluidos dentro del precio al usuario de que trata el presente artículo. Las autoridades de control deberán tener en cuenta lo señalado en este parágrafo al evaluar la estructura tarifaria establecida.

Parágrafo 2. Los Centros de Enseñanza Automovilística, que cobren a los usuarios valores diferentes del rango de precios y los valores de terceros, señalados en la presente resolución, sea por exceso o por defecto, o que reconozcan o paguen a intermediarios, comisionistas, gestores, agentes, tramitadores, o a cualquier título comisiones o reconocimientos de cualquier índole, incurrirán en las sanciones previstas en la ley.

Lo propio ocurrirá cuando aun respetando el rango tarifario, se cobren valores al usuario diferentes de los consignados en los registros que para el efecto se disponen en el siguiente artículo.

Parágrafo 3. La actualización de las tarifas descritas en el presente artículo se realizará anualmente con el valor de la Unidad de Valor Básico (UVB) fijado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal correspondiente.

Condiciones, Características de Seguridad y Rangos de Precios al Usuario para Servicios Prestados por Centros de Diagnóstico Automotor

Artículo 3.3.2.1. Modificado Artículo 2 Resolución MT-202430400003125 de 2024. Rango de precios al usuario de los Centros de Diagnóstico Automotor. Los Centros de Diagnóstico Automotor ofrecerán sus servicios a los usuarios dentro del siguiente rango de precios, expresado en Unidad de Valor Básico (UVB), así:

Valores expresados en Unidad de Valor Básico (UVB) 2024
2024	Motocicletas	Livianos	Pesados
Inferior	10,96	17,84	28,92
Superior	12,98	21,36	34,86

Parágrafo 1. Al rango de precios aquí definido, se le adicionará el valor que por las condiciones y características de seguridad se adopten y los demás valores que por ley se constituyen en obligaciones, y que en la presente Sección se describen.

Parágrafo 2. Los Centros de Diagnóstico Automotor, que procedan al cobro a los usuarios de valores diferentes del rango de precios y los valores de terceros, señalados en la presente sección, sea por exceso o por defecto, o que reconozcan o paguen a intermediarios, comisionistas, gestores, agentes, tramitadores, talleres de mecánica o centros de diagnóstico automotriz o similares, o a cualquier título, comisiones o reconocimientos de cualquier índole, por el envío o presentación de vehículos a los Centros de Diagnóstico Automotor para su revisión técnico mecánica, incurrirán en las sanciones previstas en la ley.

Parágrafo 3. La actualización de las tarifas descritas en el presente artículo se realizará anualmente con el valor de la Unidad de Valor Básico (UVB) fijado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de la vigencia fiscal correspondiente.

Artículo 3.3.2.2. Publicidad e información a los usuarios. Los Centros de Diagnóstico Automotor fijarán los valores de precios al usuario dentro de los rangos establecidos en la presente sección y deberán publicarlas en un lugar visible al público en cada sede autorizada, con una antelación no menor a cinco (5) días de su puesta en vigencia, así como los valores de terceros, garantizando que la información sea amplia, clara y suficiente al usuario.

Artículo 3.3.2.3. Registro y ajuste de los valores de precios al usuario. Los Centros de Diagnóstico Automotor deberán registrar el precio de los servicios en la Superintendencia de Transporte, para que esta entidad publique en su página web los precios que se cobrarán a los usuarios por los servicios prestados por los CDA, así como los valores de terceros a cobrar.

Estos precios y valores a terceros podrán ser modificados una vez transcurran tres (3) meses del último registro. Al 1 de abril de cada año, estos centros deberán presentar ante la misma entidad, copia de sus estados financieros con las formalidades que la ley establece.

Artículo 3.3.2.4. Facturación. Los Centros de Diagnóstico Automotor deberán expedir facturas por la prestación del servicio de revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes a los usuarios al momento de la expedición de certificado correspondiente.

Estas facturas discriminaran de manera específica los valores de precios al usuario del servicio y los pagos de terceros, que deban transferirse a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el correspondiente a los seguros de responsabilidad civil, el valor correspondiente al Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), los valores correspondientes a la Superintendencia de Transporte y al Sistema de Vigilancia que se adopte, así como los impuestos aplicables.

Artículo 3.3.2.5. Derechos a favor del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT). En los servicios que presten los Centros de Diagnóstico Automotor, se cancelarán también los derechos correspondientes al Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), conforme lo ordenado por la Ley 1005 de 2006 o la norma que la modifique, adicione o sustituya.

Artículo 3.3.2.6. Valores a transferir a la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Para la determinación de los valores que por cada servicio deben transferirse al Fondo Nacional de Seguridad Vial, el Ministerio de Transporte expedirá los actos administrativos respectivos, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 20 de la Ley 1702 de 2013, modificado por el artículo 30 de la Ley 1753 de 9 de junio de 2015.

Artículo 3.3.2.7. Recaudo. El recaudo de los servicios y derechos deberá efectuarse a través de los bancos calificados como de bajo riesgo o por intermedio de un aliado u operador de recaudo, que sea miembro del sistema financiero, o un operador postal de pago habilitado o autorizado en Colombia que tenga convenio con una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera.

Igualmente, se entenderá cumplida esta obligación cuando el aliado u operador haga parte del sistema de control y vigilancia exigido por la Superintendencia de Transporte, la cual verificará y garantizará el registro, control y recaudo de los valores acá establecidos.

En todo caso, debe garantizarse la dispersión automática de los recursos a cada una de las entidades a las cuentas que para tal efecto ella determine.

Condiciones, Características de Seguridad y los Rangos de Precios al Usuario para Servicios Prestados por los Centros de Reconocimiento de Conductores

Artículo 3.4.2.1. Modificado Artículo 3 Resolución MT-202430400003125 de 2024. Rango de precios al usuario de los Centros de Reconocimiento de Conductores. Los Centros de Reconocimiento de Conductores ofrecerán sus servicios a los usuarios fijando el precio de los mismos dentro del siguiente rango de tarifas, expresado en Unidad de Valor Básico (UVB), así:

Valores expresados en Unidad de Valor Básico (UVB) 2024
2024	UVB
Inferior	14,35
Superior	16,33

Parágrafo 1. Al rango de precios aquí definido, se le adicionarán los valores que se adopten por condiciones de seguridad y los demás valores que contemple la ley, salvo aquellos correspondientes a los derechos a favor del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) descritos en el artículo 3.2.2.4, los cuales deben estar incluidos dentro del precio al usuario de que trata el presente artículo. Las autoridades de control deberán tener en cuenta lo señalado en este parágrafo al evaluar la estructura tarifaria establecida.

Parágrafo 2. Los Centros de Reconocimiento de Conductores, que cobren a los usuarios valores diferentes del rango de precios y los valores de terceros, señalados en la presente resolución, sea por exceso o por defecto, o que reconozcan o paguen a intermediarios, comisionistas, gestores, agentes, tramitadores, o a cualquier título comisiones o reconocimientos de cualquier índole, incurrirán en las sanciones previstas en la ley.

Lo propio ocurrirá cuando, aun respetando el rango tarifario, se cobren valores al usuario diferentes de los consignados en los registros que para el efecto se disponen en el siguiente artículo.

Parágrafo 3. La actualización de las tarifas descritas en el presente artículo se realizará anualmente con el valor de la Unidad de Valor Básico (UVB) fijado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de la vigencia fiscal correspondiente.

Artículo 3.4.2.2. Registro y ajuste de los valores de precios al usuario. Los Centros de Reconocimiento de Conductores deberán remitir los valores a la Superintendencia de Puertos y Transporte, para que esta entidad publique en su página web los precios que se cobrarán a los usuarios por los servicios prestados, así como los valores de terceros a cobrar. 

Los Centros de Reconocimiento de Conductores deberán igualmente presentar ante la misma entidad y en los tiempos que esta determine, copia de sus estados financieros con las formalidades que la ley establece. 

Parágrafo. Los precios al usuario registrados y publicados de conformidad con el presente artículo, solo podrán ser modificados en la medida que se mantengan dentro del rango de tarifas establecido en el artículo 1 de la presente Resolución y una vez transcurridos tres (03) meses desde su último registro o actualización. 

Artículo 3.4.2.3. Publicidad e información a los usuarios. Los Centros de Reconocimiento de Conductores, una vez realizado el registro de que trata el artículo anterior, deberán publicar los precios al usuario y a los valores de terceros en un lugar visible al público desde el interior y el exterior del establecimiento, con una antelación no menor a cinco (5) días de su puesta en vigencia, garantizando que la información sea amplia, clara y suficiente al usuario. 

Lo anterior sin perjuicio de las normas establecidas por las autoridades ambientales respecto de la contaminación visual, aplicables a cada sede autorizada. 

Artículo 3.4.2.4. Facturación. Los Centros de Reconocimientos de Conductores deberán expedir facturas por la prestación del servicio de Examen de Aptitud Física Mental y Coordinación Motriz a los usuarios al momento de solicitar la prestación del servicio de certificación correspondiente. Estas facturas discriminarán de manera específica los valores de precios al usuario del servicio y los pagos de terceros, que deban transferirse a la Agencia Nacional de Seguridad Vial. El valor correspondiente al Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), los valores correspondientes a la superintendencia de Puertos y Transporte y al Sistema de Vigilancia que se adopte, así como los impuestos aplicables. 

Artículo 3.4.2.5. Derechos a favor del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT). En los servicios que presten los Centros de Reconocimiento de Conductores, se cancelarán también los derechos correspondientes al Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), conforme lo ordenado por la Ley 1005 de 2006 o la norma que la modifique, adicione o sustituya, los cuales deben ser estimados y cobrados dentro del precio al usuario, respetando el rango de tarifas establecido en el artículo 1 de la presente Resolución.

Artículo 3.4.2.6. Valores a transferir a la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Para la determinación de los valores que por cada servicio deben transferirse al Fondo Nacional de Seguridad Vial, el Ministerio de Transporte expedirá los actos administrativos respectivos, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 20 de la Ley 1702 de 2013, modificado por el artículo 30 de la Ley 1753 de 9 de junio de 2015. 

Artículo 3.4.2.7. Recaudo. El recaudo de los servicios y derechos deberá efectuarse a través de los bancos calificados como de bajo riesgo o por intermedio de un aliado u operador de recaudo, que sea miembro del sistema financiero, o un operador postal de pago habilitado o autorizado en Colombia que tenga convenio con una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera. 

Igualmente, se entenderá cumplida esta obligación cuando el aliado u operador haga parte del sistema de control y vigilancia exigido por la Superintendencia de Puertos y Transporte, la cual verificará y garantizará el registro, control y recaudo de la tarifa por medio del Sistema Integrado de Seguridad para Control y Vigilancia. 

En todo caso, debe garantizarse la dispersión automática de los recursos, a cada una de las entidades en las cuentas que para tal efecto ella determine. 

Condiciones, Características de Seguridad y Rangos de Precios al Usuario para Servicios Prestados por Centros de Apoyo Logístico de Evaluación

Artículo 3.7.2.1. Modificado Artículo 4 Resolución MT-202430400003125 de 2024. Rango de precios al usuario de los Centros de Apoyo Logístico para la Evaluación. Los Centros de Apoyo Logístico para la Evaluación cobrarán a los usuarios por la realización del examen teórico práctico los siguientes rangos de tarifas, expresados en Unidad de Valor Básico (UVB), así:

Tarifas Pruebas Teórico-Prácticas de Conductores (Organismos CALE)

Valores expresados en Unidad de Valor Básico (UVB) 2024
2024	A1 - A2	B1	C1	B2 - C2	B3 - C3
Inferior	22,56	22,99	23,12	26,04	31,16
Superior	28,97	29,57	29,70	33,39	38,68

Las tarifas al usuario se aproximarán al múltiplo de cien pesos ($100) siguiente.

Parágrafo 1. A los rangos de precios aquí definidos, se les adicionarán los valores correspondientes al Fondo Nacional de Seguridad Vial ordenados por el artículo 20 de la Ley 1702 de 2013, modificado por el artículo 30 de la Ley 1753 de 2015, los valores tributarios aplicables al servicio, los de transacción financiera por pagos en línea, los derechos a favor del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) y los correspondientes al Sistema de Control y Vigilancia (SICOV) que la Superintendencia de Transporte fije para los CALE.

Parágrafo 2. La actualización de las tarifas descritas en el presente artículo se realizará anualmente con el valor de la Unidad de Valor Básico (UVB) fijado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de la vigencia fiscal correspondiente.

Artículo 3.7.2.2. Condiciones facturación y recaudo. Los CALE deberán expedir la factura por la prestación del servicio a los usuarios al momento de solicitar la prestación del mismo. Esta factura discriminará de manera específica los valores de precios al usuario del servicio y los pagos de terceros, que deban transferirse a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el valor correspondiente al Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), los valores correspondientes a la Superintendencia de Transporte por el Sistema de Vigilancia que se adopte, así como los impuestos aplicables.

El recaudo de los servicios y derechos deberá efectuarse a través de los bancos o por intermedio de un aliado u operador de recaudo, que sea miembro del sistema financiero, o un operador postal de pago habilitado o autorizado en Colombia que tenga convenio con una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera.

Igualmente se entenderá cumplida la obligación de efectuarse el recaudo a través de los bancos o por intermedio de un aliado u operador de recaudo, cuando el aliado u operador haga parte del sistema de control y vigilancia exigido por la Superintendencia de Transporte, la cual verificará y garantizará el registro, control y recaudo de la tarifa establecida en el presente acto administrativo.

En todo caso, debe garantizarse la dispersión automática de los recursos, a cada una de las entidades en las cuentas que para tal efecto estas determinen.

Valores por Cada Servicio que Prestan los Organismos de Apoyo Deben Transferirse al Fondo Nacional de Seguridad Vial

Artículo 3.8.1.1. Oportunidad del recaudo. Cada uno de los organismos de apoyo (Centros de Enseñanza Automovilística, de Reconocimiento y Evaluación de Conductores, de Diagnóstico Automotor, y los que realicen la prueba teórico-práctica para la obtención de licencias de conducción), recaudará los valores ordenados por el artículo 20 de la Ley 1702 de 2013, modificado por el artículo 30 de la Ley 1753 de 2015, con destino al Fondo Nacional de Seguridad Vial, así:

1.1. Centros de enseñanza automovilística: Se hará el recaudo al momento de ingreso de cada estudiante en los programas de formación, entendido este como el momento en que se reporta al Registro Único Nacional de Tránsito el inicio del programa.

1.2. Centros de reconocimiento de conductores, centros de diagnóstico automotor y entes realizadores de la prueba teórica-práctica: Se hará el recaudo en el momento en que se efectúe la liquidación del valor del servicio al usuario.

Artículo 3.8.1.2. Oportunidad de la transferencia al Fondo Nacional de Seguridad Vial. Cada organismo de apoyo transferirá o consignará el monto del recaudo del mes precedente en la cuenta bancaria que le indique la Agencia Nacional de Seguridad Vial a más tardar el tercer (3er) día hábil del mes siguiente, con destino al Patrimonio Autónomo Fondo Nacional de Seguridad Vial.

Igualmente, el organismo de apoyo remitirá diariamente, al correo electrónico que le indique la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el reporte de los valores individuales recaudados por cada servicio. En la sede del organismo de apoyo deberán conservarse los documentos que den cuenta de las consignaciones o transferencias por un plazo no inferior a tres (3) años.

Artículo 3.8.1.3. Modificado Artículo 5 Resolución MT-202430400003125 de 2024. Valores que deben transferirse por los servicios que prestan los organismos de apoyo. Por cada servicio prestado y recaudado en los organismos de apoyo se generarán a favor del Fondo Nacional de Seguridad Vial, los siguientes valores en Unidades de Valor Básico (UVB), cuya liquidación se llevará al múltiplo de cien pesos ($100) siguiente:

1. Centros de Diagnóstico Automotor:

Valores expresados en Unidad de Valor Básico (UVB) 2024
Antigüedad en años	Motos	Livianos	Livianos públicos	Pesados no públicos	Pesados públicos
0 – 2	0.701	0.735	0.692	0.696	0.662
3 – 7	0.726	0.765	0.718	0.722	0.683
8 – 17	0.748	0.795	0.739	0.744	0.701
17 a más	0.726	0.765	0.718	0.722	0.683

1.1. Centros de enseñanza automovilística: Se hará el recaudo al momento de ingreso de cada estudiante en los programas de formación, entendido este como el momento en que se reporta al Registro Único Nacional de Tránsito el inicio del programa. Se calculará la antigüedad restando al año en el cual se presta el servicio, el año modelo del vehículo registrado en el RUNT.

Los recursos serán transferidos desde los bancos, aliados u operadores a que se refieren los artículos 3.3.2.4 al 3.3.2.7 de la presente resolución.

2. Centro de enseñanza automovilística (CEA), Reconocimiento de conductores (CRC) y Centros realizadores de la prueba teórico-práctica (CPTP), hombres:

Valores expresados en Unidad de Valor Básico (UVB) 2024
Grupos Etarios	A1 - A2	B1	C1	B2 - C2	B3 - C3
16 - 25	0.731	0.731	0.722	0.744	0.726
26 - 35	0.756	0.756	0.744	0.774	0.752
36 - 50	0.778	0.774	0.765	0.795	0.769
51 - 65	0.748	0.748	0.744	0.765	0.744
66 - 80	0.722	0.722	0.713	0.735	0.718
> 81	0.718	0.713	0.705	0.726	0.709

Se considerará para la liquidación, la categoría de la licencia a la cual se aspire y la edad al momento de la matrícula al programa de formación en el CEA o de la presentación de los respectivos exámenes.

3. Centros de enseñanza automovilística (CEA), Reconocimiento de conductores (CRC) y Centros realizadores de la prueba teórico-práctica (CPTP), mujeres:

Valores expresados en Unidad de Valor Básico (UVB) 2024
Grupos Etarios	A1 - A2	B1	C1	B2 - C2	B3 - C3
16 – 25	0.705	0.701	0.692	0.722	0.701
26 – 35	0.744	0.744	0.726	0.765	0.735
36 – 50	0.769	0.765	0.752	0.795	0.761
51 – 65	0.731	0.731	0.722	0.756	0.722
66 – 80	0.696	0.692	0.679	0.713	0.688
> 81	0.683	0.679	0.670	0.701	0.679

Se considerará para la liquidación, la categoría de la licencia a la cual se aspire y la edad al momento de la matrícula al programa de formación en el CEA o de la presentación de los respectivos exámenes.

Parágrafo. La actualización de las tarifas descritas en el presente artículo se realizará anualmente con el valor de la Unidad de Valor Básico (UVB) fijado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de la vigencia fiscal correspondiente”.

Artículo 3.8.1.4. Inspección y Vigilancia. La Superintendencia de Puertos y Transporte vigilará el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente resolución.

Reglamentación: Resolución MT-20223040045295 de 2022

Registro de los Organismos de Apoyo al Tránsito

Artículo 3.1.1. Objeto. Los capítulos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tienen por objeto reglamentar los requisitos para el registro de los Organismos de Apoyo al Tránsito ante el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), el registro y sus modificaciones, las obligaciones de los Centros Integrales de Atención, la conectividad del Centro Integral de Atención, el Centro de Enseñanza Automovilística y del Organismo de Tránsito con el Sistema del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Artículo 3.1.2. Inspección y Vigilancia. Los Organismos de Apoyo a las autoridades de Tránsito y los Organismos de Tránsito que ejerzan funciones de organismos de apoyo, deberán atender las disposiciones establecidas por la Superintendencia de Transporte en los temas relacionados al Sistema Integrado de Control y Vigilancia (SICOV).

Artículo 3.1.3. Registro de los Organismos de Apoyo a las autoridades de Tránsito con habilitación vigente. Los Organismos de Apoyo a las Autoridades de Tránsito habilitados con anterioridad al 21 de agosto de 2020 y los Organismos de Tránsito autorizados por la Subdirección de Tránsito del Ministerio de Transporte, tendrán que registrar en el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) la información que el Ministerio de Transporte le requiera completar, con el fin de generar a (sic) la migración de la información del registro al sistema del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en un plazo de tres (3) meses, contados a partir de la fecha en que se realice el requerimiento.

Reglamentación: Decreto 1079 de 2015

Artículo 2.3.3.1. Adopción de medidas. El Ministerio de Transporte implementará todas las medidas que fueren necesarias para lograr la adquisición, impresión, distribución, custodia y control de los insumos y equipos que garanticen el cumplimiento de las normas de seguridad para la expedición de la Licencia de Conducción y de la Licencia de Tránsito con un Formato Único Nacional.

Reglamentación: Resolución MT-20223040045295 de 2022

Proveedores de Tarjetas Preimpresas, Láminas de Seguridad y Protección para la Elaboración de Especies Venales

Artículo 6.3.1. Objeto. Establecer los requisitos para la autorización por parte del Ministerio de Transporte, a los proveedores de tarjetas preimpresas y/o láminas de seguridad y protección, para la elaboración de las siguientes especies venales: Licencia de Conducción, Licencia de Tránsito, Tarjeta de Registro de Remolques y Semirremolques, Tarjeta de Maquinaria Agrícola, Industrial y de Construcción Autopropulsadas, Tarjeta de Servicio Vehículos de Enseñanza Automovilística y Tarjeta de Operación de los vehículos destinados a la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros y Mixto.

Artículo 6.3.2. Ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en el presente capítulo aplican a los proveedores de tarjetas preimpresas y/o láminas de seguridad y protección en todo el territorio nacional.

Los Organismos de Tránsito, Alcaldías Municipales o Distritales, Gobernaciones Departamentales, Concesionarios y Ministerio de Transporte, deben contratar la adquisición de las mencionadas especies venales dentro del Territorio Nacional con los proveedores de tarjetas preimpresas y/o láminas de seguridad y protección, autorizados por el Ministerio de Transporte.

De los Requisitos de Autorización

Artículo 6.3.1.1. Autorización del Proveedor. Las personas jurídicas, a través de su representante legal y/o apoderado, podrán solicitar ante la Subdirección de Tránsito del Ministerio de Transporte la autorización como proveedor de tarjetas preimpresas y/o láminas de seguridad y protección de las especies venales de Licencia de Conducción, Licencia de Tránsito, Tarjeta de Registro de Remolques y Semirremolques, Tarjeta de Maquinaria Agrícola, Industrial y de Construcción Autopropulsadas, Tarjeta de Servicio Vehículos de Enseñanza Automovilística y Tarjeta de Operación de los vehículos destinados a la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros y Mixto.

Artículo 6.3.1.2. Requisitos para la Autorización de Proveedores de tarjetas preimpresas y/o láminas de seguridad y protección. Las personas jurídicas interesadas en obtener la autorización como proveedor de tarjetas preimpresas y/o láminas de seguridad y protección de las especies venales de Licencia de Conducción, Licencia de Tránsito, Tarjeta de Registro de Remolques y Semirremolques, Tarjeta de Maquinaria Agrícola, Industrial y de Construcción Autopropulsadas, Tarjeta de Servicio Vehículos de Enseñanza Automovilística, y Tarjeta de Operación de los vehículos destinados a la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros y Mixto, deberán presentar la solicitud a la Subdirección de Tránsito del Ministerio de Transporte.

En la solicitud deberá indicar el objeto social el cual debe estar asociado a la realización de actividades de fabricación o distribución de papeles y/o láminas de seguridad para documentos de identificación de personas o bienes, y para la preimpresión o impresión de documentos de identidad referida a personas o bienes, con registro de matrícula vigente, nombre del representante legal y Número de Identificación tributaria – NIT, información que será validada por el Ministerio de Transporte a través del Registro Único Empresarial y Social (RUES), especificando adicionalmente para que tipo de proveedor realiza dicha solicitud, junto con la siguiente documentación:

1. Registro Único Tributario – RUT, expedido por la Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales- DIAN en estado activo, en el que conste el Número de Identificación Tributaria- NIT de la persona jurídica.

2. Certificado de inscripción, renovación o actualización de la persona jurídica en el Registro Único de Proponentes – RUP, expedido por la Cámara de Comercio.

3. Póliza que cubra el cumplimiento de las obligaciones y disposiciones legales consignadas en la presente sección.

La póliza de cumplimiento deberá:

3.1. Constituirse a favor del Ministerio de Transporte, con una vigencia anual y renovable por períodos iguales mientras se encuentre vigente la autorización.

En caso de que la persona jurídica, desista o pierda la autorización, la póliza deberá extenderse por un año más a partir de que se declare este hecho por parte del Ministerio de Transporte, con el fin de que ampare el riesgo que se corre en virtud de la información que haya suministrado.

3.2. El valor de la cobertura de cumplimiento será de Dos mil (2.000) mil salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv).

3.3. La póliza de seguro deberá incluir en su texto, el contenido que refleje sin condicionamientos los términos y alcances que se han indicado para el manejo conforme a lo dispuesto en la presente sección, mediante cláusulas adicionales o complementarias o las generales de la póliza de seguro de ser necesario. No se admitirá en ningún caso, la inclusión de cláusulas, disposiciones o previsiones dentro del texto de la póliza o en cualquier otro documento público o privado asociado o relacionado con lo mismo, que afecte, modifique, condicione, restrinja o limite el alcance y contenido de las previsiones obligatorias.

4. Acreditar la experiencia en fabricación o distribución de láminas de seguridad y/o láminas de seguridad y de protección dependiendo de su intención de autorización como proveedor así:

4.1. Para tarjetas preimpresas: Acreditar la experiencia en fabricación o distribución tarjetas preimpresas en impresión, y/o en preimpresión de documentos de identificación de personas, tarjetas financieras o especies venales establecidas por el Ministerio de Transporte con características de seguridad, a través de la experiencia acreditada a través de contratos suscritos y ejecutados dentro de los cinco (5) años anteriores a la solicitud en una cantidad de cinco millones de documentos los cuales deben encontrarse en el Registro Único de Proponentes – RUP- cuyo objeto se relacione en mínimo tres (3) de los Códigos Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas, hasta el tercer nivel de clasificación, codificado en el clasificador de Bienes y Servicios- United Nations Standard Products and Services Code -UNSPSC.

4.2. Para Láminas de Seguridad y Protección: Acreditar la experiencia en fabricación o distribución de láminas de seguridad para documentos de identificación de personas, tarjetas financieras o especies venales establecidas por el Ministerio de Transporte con características de seguridad, a través de contratos suscritos y ejecutados, mínimo tres (3) contratos dentro de los cinco (5) años anteriores a la solicitud, cuyo objeto haya sido el suministro de láminas de seguridad y protección. La experiencia debe estar acreditada en el Registro Único de Proponentes -RUP, cuyo objeto se relacione en mínimo tres (3) de los Códigos Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas, hasta el tercer nivel de clasificación, codificado en el clasificador de Bienes y Servicios- United Nations Standard Products and Services Code -UNSPSC.

5. Demostrar que a treinta y uno (31) de diciembre del año inmediatamente anterior a la solicitud, su capital de trabajo era igual o mayor a cinco mil (5000) salarios mínimos mensuales legales vigentes, para lo cual deberá anexar sus estados financieros, certificados y auditados de conformidad con los artículos 37 y 38 de la Ley 222 de 1995 o aquellas normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan.

6. Presentar el documento que demuestre que la persona jurídica opera bajo un sistema de gestión certificado bajo la Norma ISO 9001:2015 por un Organismo de Certificación de Sistemas de Gestión acreditado bajo la Norma ISO/IEC 17021-1 por ONAC o por un organismo acreditador firmante de los acuerdos MLA del International Acreditation Forum (IAF).

Parágrafo 1. Cuando la solicitud se realice a través de apoderado, se deberá adjuntar de manera adicional a lo establecido en la presente sección poder con las facultades otorgadas.

Parágrafo 2. Cuando se trate de una sociedad extranjera, deberá constituir y registrar la correspondiente sucursal en Colombia ante la Cámara de Comercio conforme a lo establecido en el artículo 471 del Código de Comercio.

Artículo 6.3.1.3. Término de estudio de la solicitud. Una vez radicada la solicitud de autorización como proveedor de tarjetas preimpresas y/o láminas de seguridad y protección para la elaboración de la Licencia de Conducción, Licencia de Tránsito, Tarjeta de Registro de Remolques y Semirremolques, Tarjeta de Maquinaria Agrícola, Industrial y de Construcción Autopropulsadas, Tarjeta de Servicio Vehículos de Enseñanza Automovilística y Tarjeta de Operación de los vehículos destinados a la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros y Mixto, la Subdirección de Tránsito del Ministerio de Transporte contará con el término de diez (10) días hábiles para la verificación de la completitud de la documentación y dos (2) meses para la verificación del cumplimiento de los requisitos y la expedición del acto administrativo de autorización, contados a partir de la fecha de radicación de la solicitud.

En caso de que la solicitud se encuentre incompleta la Subdirección de Tránsito del Ministerio de Transporte requerirá la información faltante al solicitante y el interesado contará con el término de un (1) mes para completar la solicitud. Una vez expirado el plazo sin que el solicitante aporte la información requerida, se configurará el desistimiento tácito y se aplicará el procedimiento establecido en el artículo 17 de la Ley 1755 de 2015.

Artículo 6.3.1.4. Otorgamiento de la autorización. Verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 6.3.1.3., la Subdirección de Tránsito del Ministerio de Transporte emitirá acto administrativo por el cual autorizará a la persona jurídica proveedora de tarjetas preimpresas y/o láminas de seguridad y protección para proveer las especies venales conforme a la solicitud, las cuales pueden ser: Licencia de Conducción, Licencia de Tránsito, Tarjeta de Registro de Remolques y Semirremolques, Tarjeta de Maquinaria Agrícola, Industrial y de Construcción Autopropulsadas, Tarjeta de Servicio Vehículos de Enseñanza Automovilística y Tarjeta de Operación de los vehículos destinados a la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros y Mixto.

Los actos administrativos de autorización deberán establecer condición resolutoria tácita que señale que el autorizado debe mantener los requisitos o condiciones que dieron lugar a su autorización. Ante las circunstancias descritas en este inciso, el acto administrativo perderá obligatoriedad en los términos descritos artículo 91 de la Ley 1437 de 2011, bien sea porque se cumple la condición resolutoria a la que se encuentra sometido el acto, o porque han desaparecido sus fundamentos de hecho o de derecho.

Una vez autorizada la empresa proveedora de tarjetas preimpresas y/o láminas de seguridad y protección, la Subdirección de Tránsito ingresará la autorización al sistema del Registro Único Nacional de Tránsito-RUNT en un término no mayor a cinco (5) días calendario, contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo por medio del cual se autorizó.

Parágrafo 1. Para adelantar el ingreso ante el Registro Único Nacional de Tránsito- RUNT, es requisito indispensable que las personas jurídicas, se encuentren previamente inscritas en el Registro Nacional de Personas Naturales o Jurídicas (RNPNJ) del Registro Único Nacional de Tránsito-RUNT. Este proceso debe ser adelantado en cualquier organismo de tránsito o Dirección Territorial del Ministerio conforme al procedimiento establecido en el artículo 5.1.2. de la presente resolución o aquella que la modifique, adicione o sustituya.

Parágrafo 2. En ningún caso, el trámite de autorización de proveedores de tarjetas preimpresas y/o láminas de seguridad de especies venales generará cobro.

Artículo 6.3.1.5. Vigencia de la Autorización. La autorización otorgada a la persona jurídica proveedora de tarjetas preimpresas y/o láminas de seguridad será por tiempo indefinido siempre y cuando mantengan los requisitos y condiciones que dieron lugar a su autorización.

Cuando la Subdirección de Tránsito del Ministerio de Transporte determine a través de estudio de documentos o pruebas solicitadas, que la empresa autorizada como proveedora de tarjetas preimpresas y/o láminas de seguridad, no mantiene alguno de los requisitos o condiciones que dieron lugar a su autorización, deberá declarar la pérdida de ejecutoria del acto administrativo mediante el cual se otorgó la autorización, al configurarse la condición resolutoria a que se encuentra sometida dicha autorización, en virtud de lo dispuesto en el artículo 6.3.1.4. de la presente resolución y en el artículo 91 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 6.3.1.6. Modificación a la autorización. Los proveedores autorizados por el Ministerio de Transporte, para la elaboración de tarjetas preimpresas y/o láminas de seguridad y protección de las distintas especies venales contempladas en el presente capítulo, deben informar y solicitar a la Subdirección de Tránsito la modificación de la autorización conforme a las novedades que se llegaren a presentar en el desarrollo de la vigencia de la misma, las cuales pueden ser: i) cambio de razón social, ii) cambio de domicilio, iii) fusión, iv) disolución, v) liquidación y vi) escisión de la sociedad, entre otras, dentro del mes siguiente a la ocurrencia de la novedad.

La Subdirección de Tránsito contará con un término de dos (2) meses contados a partir de la radicación de la solicitud ante el Ministerio de Transporte para expedir acto administrativo donde se resuelva la correspondiente solicitud de novedad.

En caso de que la solicitud se encuentre incompleta la subdirección de tránsito requerirá la información faltante al solicitante y el interesado contará con el término de un (1) mes para completar la solicitud. Una vez expirado el plazo sin que el solicitante aporte la información requerida, se configurará el desistimiento tácito y se aplicará el procedimiento establecido en el artículo 17 de la Ley 1755 de 2015.

Parágrafo. Las novedades de fusión y escisión deberán ser informadas a la Subdirección de Tránsito, en la cual el autorizado deberá indicar la sociedad que continuará con la actividad. La sociedad que continúe con la actividad debe acreditar el cumplimiento de la totalidad de requisitos establecidos en el artículo 6.3.1.2. de la presente resolución.

Instrucción Administrativa:

Circular MT-20214200755741 de 2021. “De manera que, para los procesos de contratación que adelanten los organismos de tránsito donde se tenga por objeto la adquisición y suministro de los insumos necesarios para la reproducción de las láminas de seguridad y protección o de las tarjetas preimpresas de las especies venales Licencia de Conducción, Licencia de Tránsito, Tarjeta de Servicio de Vehículos de Enseñanza Automovilística, Tarjeta de Registro de Remolques y Semiremolques, Tarjeta de Registro de Maquinaria Agrícola, Industrial y de Construcción Autopropulsada, y Tarjeta de Operación, se hace necesario: i) Observar que los oferentes y proveedores cuenten con la respectiva autorización emitida por la Subdirección de Tránsito del Ministerio de Transporte para proveer láminas de seguridad y protección o tarjetas preimpresas de la correspondiente especie venal, según el objeto del proceso de contratación, y ii) Que los oferentes y proveedores se encuentren debidamente inscrito en el Registro Único Nacional de Tránsito RUNT como proveedor autorizado para proveer láminas de seguridad y protección o tarjetas preimpresas de la correspondiente especie venal, según el objeto del proceso de contratación. Así las cosas, y para efectos de consulta, las sociedades que llenan los requisitos son las que se relacionan en el directorio de actores publicado por la página web del RUNT, al cual se podrá acceder desde explorador de internet ingresando a la opción director de actores o al link https://www.runt.com.co/directorio-de-actores. Una vez allí deberá filtrar su búsqueda por la opción “Tipo” y seleccionar “Proveedor de Tarjetas Preimpresas y Láminas de seguridad autorizados por el Ministerio de Transporte”. Finalmente, se exhorta a los destinatarios de la presente Circular a que consulten el Directorio de Actores en la página del Registro Único Nacional de Tránsito RUNT, para prevenir posibles irregularidades en la suscripción de los contratos con los proveedores de las láminas de seguridad y protección y las tarjetas preimpresas para la elaboración de especies venales.”

De las Artes y Diseños

Artículo 6.3.2.1. Propiedad de las Artes y Diseños. Las artes y diseños de seguridad que deben tener las especies venales Licencia de Conducción, Licencia de Tránsito, Tarjeta de Registro de Remolques y Semirremolques, Tarjeta de Maquinaria Agrícola, Industrial y de Construcción Autopropulsadas, Tarjeta de Servicio Vehículos de Enseñanza Automovilística y Tarjeta de Operación de los vehículos destinados a la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros y Mixto expedidas en Colombia, son de propiedad de la Nación a cargo del Ministerio de Transporte, por tanto, solamente se entregarán a las empresas proveedoras autorizadas y las mismas no podrán ser reveladas a terceros.

Cuando la empresa autorizada como proveedora de tarjetas preimpresas y/o láminas de seguridad y protección no sea fabricante, podrá dar a conocer las artes y diseños de seguridad de las especies venales a su fabricante, sin perjuicio de la obligación de no revelar las mismas a terceros.

Artículo 6.3.2.2. Entrega de Artes y Diseños. Una vez en firme el Acto Administrativo por medio del cual se autorice a la persona jurídica, como proveedor de tarjetas preimpresas y/o láminas de seguridad y protección de las especies venales Licencia de Conducción, Licencia de Tránsito, Tarjeta de Registro de Remolques y Semirremolques, Tarjeta de Maquinaria Agrícola, Industrial y de Construcción Autopropulsadas, Tarjeta de Servicio Vehículos de Enseñanza Automovilística y Tarjeta de Operación de los vehículos destinados a la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros y Mixto, la Secretaria General del Ministerio de Transporte, le hará entrega al representante legal o apoderado de la sociedad, de las artes y diseños de las especies venales, cumpliendo las condiciones técnicas y los niveles de seguridad establecidas en las correspondientes fichas técnicas, mediante un acta de entrega y compromiso de no divulgación.

Artículo 6.3.2.3. Devolución de las artes y diseños de las especies venales. Los proveedores de tarjetas preimpresas, láminas de seguridad y protección de especies venales, que desistan o pierdan la autorización, tendrán la obligación de devolver a la Secretaria General del Ministerio de Transporte, los diseños y artes de las diferentes especies venales mediante acta de entrega y compromiso de no divulgación, sin perjuicio de las acciones legales que correspondan.

Cuando la empresa autorizada como proveedora de tarjetas preimpresas y/o láminas de seguridad y protección de las especies venales no sea fabricante, deberá adjuntar al acta de entrega y compromiso de no divulgación, documento privado entre este y el fabricante en donde se evidencie que las partes en especial el fabricante devuelven las artes y diseños que se mantenían en su poder, sin perjuicio de las acciones legales que correspondan.

Parágrafo. Los proveedores de tarjetas preimpresas y/o láminas de seguridad de especies venales que en virtud de lo determinado en el artículo 6.3.5.1. de la presente resolución, no acrediten el cumplimiento de la totalidad de los requisitos y condiciones establecidas en el artículo 6.3.1.2. de la presente resolución y por ende se declarare la pérdida de ejecutoria del acto administrativo mediante el cual se otorgó la autorización, al configurarse la condición resolutoria a que se encuentra sometida dicha autorización, en virtud de lo dispuesto en el artículo 6.3.1.4. de la presente resolución y 91 de la Ley 1437 de 2011, deberán realizar el procedimiento establecido en el presente artículo y con ello proceder a la devolución de las artes y diseños de las especies venales correspondientes a la autorización otorgada.

Control y Reporte

Artículo 6.3.3.1. Control de numeración de insumos. Para garantizar la seguridad de la Licencia de Conducción, Licencia de Tránsito, Tarjeta de Registro de Remolques y Semirremolques, Tarjeta de Maquinaria Agrícola, Industrial y de Construcción Autopropulsadas, Tarjeta de Servicio Vehículos de Enseñanza Automovilística y Tarjeta de Operación de los vehículos destinados a la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros y Mixto, el proveedor de forma obligatoria deberá realizar el control de los materiales para la elaboración de la tarjeta preimpresa de las especies venales ya mencionadas en cada una de sus etapas, para lo cual, reportará al Registro Único Nacional de Tránsito-RUNT los controles de numeración de insumos.

Para dar cumplimiento a lo establecido en el presente artículo, los proveedores de los materiales de las tarjetas preimpresas deben cumplir con los controles de numeración de insumos, así:

1. Las tarjetas preimpresas llevarán el número o código de identificación de proveedor asignado por el Registro Único Nacional de Tránsito-RUNT, seguido del número del sustrato, impreso y centrado en la parte inferior del reverso de la tarjeta.

2. La prenumeración de las tarjetas a ser suministradas por el proveedor deberá ser asignado por el Sistema del Registro Único Nacional de Tránsito-RUNT.

3. El proveedor autorizado una vez genere las tarjetas preimpresas, deberá reportar al Registro Único Nacional de Tránsito-RUNT, la distribución de estas a cada Organismo de Tránsito.

4. El Organismo de Tránsito o la Dirección Territorial del Ministerio de Transporte, para imprimir la información de personalización de la Licencia de Conducción, Licencia de Tránsito, Tarjeta de Registro de Remolques y Semirremolques, Tarjeta de Maquinaria Agrícola, Industrial y de Construcción Autopropulsadas, Tarjeta de Servicio Vehículos de Enseñanza Automovilística y Tarjeta de Operación de los vehículos destinados a la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros y Mixto, deberá capturar el número preimpreso, para que sea controlado por el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito-RUNT.

Parágrafo. Si el proveedor inscrito no reporta en el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito-RUNT los rangos de las tarjetas preimpresas asignadas al Organismo de Tránsito, el señalado sistema no permitirá su posterior personalización.

Artículo 6.3.3.2. Registro y reporte. Los proveedores de tarjetas preimpresas y/o láminas de seguridad y protección con autorización vigente por parte de la Subdirección de Tránsito del Ministerio de Transporte, registrarán en el sistema determinado por el Ministerio de Transporte los contratos o convenios suscritos con los Organismos de Tránsito, Alcaldías Municipales o Distritales, Gobernaciones Departamentales, o el Ministerio de Transporte.

Respecto a la lámina de seguridad y de protección, los proveedores deben reportar en el sistema determinado por el Ministerio de Transporte, la cantidad suministrada a los Organismos de Tránsito, Alcaldías Municipales o Distritales, Gobernaciones Departamentales o al Ministerio de Transporte.

Los Organismos de Tránsito, Alcaldías Municipales o Distritales, Gobernaciones Departamentales, registrarán en el sistema determinado por el Ministerio de Transporte y en el Registro Único Nacional de Tránsito-RUNT, la entrega del documento final al ciudadano.

Parágrafo Transitorio. Hasta tanto no se cuente con el desarrollo del sistema determinado por el Ministerio de Transporte, los proveedores de tarjetas preimpresas y láminas de seguridad y protección con autorización vigente no darán aplicación a lo dispuesto para el registro de la información de contratos o convenios y de entrega de sustratos.

Parágrafo. Para garantizar el cumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo, los proveedores de las tarjetas preimpresas para la elaboración de las distintas especies venales, debe cumplir con los controles de numeración de insumos y loteo del sustrato base. Las Tarjetas preimpresas y láminas de seguridad y protección, deben contener los datos establecidos, numeración y el diseño de seguridad correspondiente, conforme a las fichas técnicas, adoptadas mediante acto administrativo por el Ministerio de Transporte.

Artículo 6.3.3.3. Reporte de consulta a los ciudadanos. El Ministerio de Transporte a través de la página web del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), registrará para consulta de los ciudadanos y demás interesados, las empresas autorizadas como proveedores de tarjetas preimpresas y/o láminas de seguridad y protección, para la elaboración de las especies venales de Licencia de Conducción, Licencia de Tránsito, Tarjeta de Registro de Remolques y Semirremolques, Tarjeta de Maquinaria Agrícola, Industrial y de Construcción Autopropulsadas, Tarjeta de Servicio Vehículos de Enseñanza Automovilística y Tarjeta de Operación de los vehículos destinados a la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros y Mixto.

De las Obligaciones

Artículo 6.3.4.1. Obligaciones de los proveedores. Los proveedores autorizados por la Subdirección de Tránsito del Ministerio de Transporte para el suministro de tarjetas preimpresas y/o láminas de seguridad y protección de la Licencia de Conducción, Licencia de Tránsito, Tarjeta de Registro de Remolques y Semirremolques, Tarjeta de Maquinaria Agrícola, Industrial y de Construcción Autopropulsadas, Tarjeta de Servicio Vehículos de Enseñanza Automovilística y Tarjeta de Operación de los vehículos destinados a la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros y Mixto, están obligados a:

1. Garantizar la veracidad de la información suministrada a la Subdirección de Tránsito del Ministerio de Transporte.

2. Adoptar el diseño establecido en la ficha técnica de la respectiva especie venal, en todos los aspectos sin realizar modificación a lo dispuesto para tal fin, aplicando íntegramente las condiciones de seguridad exigidas por el Ministerio de Transporte.

3. Inscribirse y mantener actualizado el Registro Nacional de Personas Naturales o Jurídicas (RNPNJ) del Registro Único Nacional de Tránsito-RUNT, y cumplir con todos los requerimientos de seguridad y oportunidad exigidos para su inscripción.

4. Informar a la Subdirección de Tránsito del Ministerio de Transporte, las novedades que se llegaren a presentar en el desarrollo de la vigencia de la autorización.

5. Proporcionar al Ministerio de Transporte la información necesaria para la verificación de las medidas de seguridad en el diseño de la tarjeta preimpresa contenida en la Ficha Técnica.

6. Registrar en el Sistema del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), los controles de numeración de las Tarjetas preimpresas según lo establecido en cada ficha técnica.

7. Registrar en el Sistema del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) los contratos o convenios suscritos con los Organismos de Tránsito, Alcaldías Municipales o Distritales, Gobernaciones Departamentales, o el Ministerio de Transporte, así como la cantidad de lámina de seguridad y de protección entregadas a estas mismas.

8. Informar a la Subdirección de Tránsito del Ministerio de Transporte, todas aquellas novedades que se presenten en la etapa de elaboración, distribución, custodia, guarda, manipulación, venta de las tarjetas preimpresas, láminas de seguridad y protección de las especies venales autorizadas.

9. Distribuir directamente a los organismos de tránsito, sin intermediarios, las tarjetas preimpresas y láminas de seguridad y protección de las especies venales: Licencia de Conducción, Licencia de Tránsito, Tarjeta de Registro de Remolques y Semirremolques, Tarjeta de Maquinaria Agrícola, Industrial y de Construcción Autopropulsadas, Tarjeta de Servicio Vehículos de Enseñanza Automovilística y Tarjeta de Operación de los vehículos destinados a la prestación del servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros y Mixto.

10. Mantener vigente la Póliza de cumplimiento de las obligaciones y disposiciones legales de que trata el numeral 3 del artículo 6.3.1.2. de la presente resolución.

11. Remitir a la Subdirección de Tránsito del Ministerio de Transporte, diez (10) muestras de tarjetas preimpresas y láminas de seguridad y protección de cada especie venal, en el primer trimestre de cada año durante la vigencia de la autorización.

12. Aplicar íntegramente las condiciones técnicas, tecnológicas y de operación que sean necesarias para garantizar la debida conectividad con los sistemas del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) o el determinado con el Ministerio de Transporte.

13. Registrar en el sistema determinado por el Ministerio de Transporte los contratos o convenios suscritos con los Organismos de Tránsito, Alcaldías Municipales o Distritales, Gobernaciones Departamentales, o el Ministerio de Transporte.

14. Mantener el debido cuidado, custodia y tratamiento de reserva de las artes y diseños.

15. Realizar la devolución de las artes y diseños cuando sea pertinente, conforme a lo determinado en el artículo 6.3.2.3. de la presente resolución.

Parágrafo. Corresponderá al proveedor autorizado de tarjetas preimpresas y/o láminas de seguridad y protección de especies venales, asumir la responsabilidad del incumplimiento a las obligaciones consagradas en el presente capítulo. El Ministerio de Transporte al validar el incumplimiento del proveedor autorizado en alguna de las obligaciones, podrá declarar la ocurrencia del siniestro y hacer efectiva la póliza.

Artículo 6.3.4.2. Responsabilidad de los proveedores. Los proveedores autorizados por la Subdirección de Tránsito del Ministerio de Transporte para el suministro de tarjetas preimpresas y/o láminas de seguridad y protección de la Licencia de Conducción, Licencia de Tránsito, Tarjeta de Registro de Remolques y Semirremolques, Tarjeta de Maquinaria Agrícola, Industrial y de Construcción Autopropulsadas, Tarjeta de Servicio Vehículos de Enseñanza Automovilística y Tarjeta de Operación de los vehículos destinados a la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros y Mixto, serán responsables de la custodia de las artes y diseños, fabricación, elaboración, almacenamiento, transporte y entrega a los Organismos de Tránsito, Alcaldías Municipales o Distritales, Gobernaciones Departamentales o al Ministerio de Transporte de las especies venales contratadas.

Artículo 6.3.4.3. Obligaciones de los Organismos de Tránsito, las Alcaldías Municipales o Distritales, las Gobernaciones Departamentales y del Ministerio de Transporte. Los Organismos de Tránsito, las Alcaldías Municipales o Distritales, las Gobernaciones Departamentales y el Ministerio de Transporte, están obligados respectivamente a:

1. Validar el cumplimiento de las características y especificaciones definidas en las fichas técnicas adoptadas por el Ministerio de Transporte para las especies venales: Licencia de Conducción, Licencia de Tránsito, Tarjeta de Registro de Remolques y Semirremolques, Tarjeta de Maquinaria Agrícola, Industrial y de Construcción Autopropulsadas, Tarjeta de Servicio Vehículos de Enseñanza Automovilística y Tarjeta de Operación de los vehículos destinados a la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros y Mixto, según corresponda.

2. Contratar o convenir únicamente con las empresas autorizadas por la Subdirección de Tránsito del Ministerio de Transporte para proveer las tarjetas preimpresas y/o láminas de seguridad y protección de las especies venales Licencia de Conducción, Licencia de Tránsito, Tarjeta de Registro de Remolques y Semirremolques, Tarjeta de Maquinaria Agrícola, Industrial y de Construcción Autopropulsadas, Tarjeta de Servicio Vehículos de Enseñanza Automovilística y Tarjeta de Operación de los vehículos destinados a la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros y Mixto, según corresponda.

3. Inscribirse ante el Registro Nacional de Personas Naturales o Jurídicas (RNPNJ) del Registro Único Nacional de Tránsito-RUNT según corresponda, y cumplir con todos los requerimientos de seguridad y oportunidad exigidos para su inscripción.

4. Aplicar íntegramente las condiciones técnicas, tecnológicas y de operación que sean necesarias para garantizar la debida conectividad con el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

5. Reportar al sistema del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), toda la información que éste exija, advirtiendo que toda la información de las especies venales es la contenida únicamente en el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito-RUNT y desde allí, se genera el documento para su proceso de impresión en los equipos conectados al mismo, previo el cumplimiento de los requerimientos de seguridad.

6. Dar cumplimiento a todas las condiciones establecidas por el Ministerio de Transporte, para el desarrollo de las actividades relacionadas con las especies venales: Licencia de Conducción, Licencia de Tránsito, Tarjeta de Registro de Remolques y Semirremolques, Tarjeta de Maquinaria Agrícola, Industrial y de Construcción Autopropulsadas, Tarjeta de Servicio Vehículos de Enseñanza Automovilística y Tarjeta de Operación de los vehículos destinados a la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros y Mixto, según corresponda.

Artículo 6.3.4.4. Responsabilidad de los Organismos de Tránsito y Direcciones Territoriales. Los Organismos de Tránsito y Direcciones Territoriales del Ministerio de Transporte, serán responsables desde la recepción de la especie venal, de la personalización, custodia, transporte, almacenamiento, distribución y la entrega al ciudadano de las especies venales Licencia de Conducción, Licencia de Tránsito, Tarjeta de Registro de Remolques y Semirremolques, Tarjeta de Maquinaria Agrícola, Industrial y de Construcción Autopropulsadas, Tarjeta de Servicio Vehículos de Enseñanza Automovilística y Tarjeta de Operación de los vehículos destinados a la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros y Mixto, según corresponda.

Otras Disposiciones de Tarjetas Preimpresas, Láminas de Seguridad y Protección para la Elaboración de Especies Venales

Artículo 6.3.5.1. Delegación de la tramitación de las especies venales. Los organismos de Tránsito, sólo podrán delegar la tramitación de las especies venales que incluye la personalización, registro al sistema del Registro Único Nacional de Tránsito-RUNT y entrega al ciudadano de la Licencia de Conducción, Licencia de Tránsito, Tarjeta de Registro de Remolques y Semirremolques, Tarjeta de Maquinaria Agrícola, Industrial y de Construcción Autopropulsadas, Tarjeta de Servicio Vehículos de Enseñanza Automovilística y Tarjeta de Operación de los vehículos destinados a la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros y Mixto.

Artículo 6.3.5.2. Pérdida, deterioro o destrucción de la tarjeta preimpresa. El Organismo de Tránsito o la Dirección Territorial del Ministerio de Transporte, deberán en caso de pérdida, deterioro o destrucción de una tarjeta preimpresa de especie venal, proceder a efectuar mediante el diligenciamiento de acta de anulación o eliminación, el reporte de lo acontecido. El acta deberá indicar y especificar según los controles establecidos, el número del lote al que corresponde, el número de consecutivo de control y las circunstancias en que se dieron los hechos. La información de las especies venales que sean objeto de eliminación o anulación deberán ser registradas en el Sistema del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

En el evento en que se presente únicamente el deterioro o destrucción, el Organismo de Tránsito o la Dirección Territorial del Ministerio de Transporte deberá perforar el área correspondiente a los datos variables y adjuntarlo a la respectiva acta de anulación.

Artículo 6.3.5.3. Periodo de Transición. Los proveedores de tarjetas preimpresas y/o láminas de seguridad de especies venales, que con anterioridad al 12 de abril de 2022 se encuentren autorizados por la Subdirección de Tránsito del Ministerio de Transporte, contarán con un plazo máximo de seis (6) meses contados a partir del 12 de abril de 2022, para acreditar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos y condiciones establecidas en el artículo 6.3.1.2. de la presente resolución a efectos de continuar con la autorización otorgada, término durante el cual podrán continuar con la elaboración, fabricación y distribución de tarjetas preimpresas y/o láminas de seguridad y protección, conforme a la autorización, a los organismos de tránsito en los diferentes órdenes territoriales.

Vencido este término, la Subdirección de Tránsito del Ministerio de Transporte realizará las validaciones correspondientes a fin de determinar qué empresas proveedoras no acreditaron el cumplimiento de la totalidad de los requisitos y condiciones previstas en el artículo 6.3.1.2. de la presente resolución, situación que dará aplicación a la pérdida de ejecutoria del acto administrativo mediante el cual se otorgó la autorización, en virtud de lo estipulado en el artículo 6.3.1.5. de la presente resolución.

Artículo 2.3.3.3. Organismos de Tránsito. Los organismos de tránsito o las Entidades en quienes estos deleguen, adelantarán las gestiones administrativas y las medidas presupuestales previstas en el artículo 165 de la Ley 769 de 2002.

Legislación Complementaria: Ley 1801 de 2016

Artículo 92. Corregido Artículo 8 Decreto 555 de 2017. Comportamientos relacionados con el cumplimiento de la normatividad que afectan la actividad económica. Los siguientes comportamientos relacionados con el cumplimiento de la normatividad afectan la actividad económica y por lo tanto no deben realizarse: 

(…)

17. Ofrecer servicios que son prestados por las entidades de apoyo al tránsito, sin la debida autorización, habilitación o reconocimiento por parte de las autoridades o entidades competentes. 

(…)

Parágrafo 2. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las siguientes medidas: 

COMPORTAMIENTOS	MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
Numeral 1	Multa General tipo 2; Destrucción de bien; Suspensión temporal de actividad.
Numeral 2	Multa General tipo 3; Suspensión temporal de actividad.
Numeral 3	Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia.
Numeral 4	Multa General tipo 4; Suspensión temporal de actividad.
Numeral 5	Multa General tipo 4; Suspensión temporal de actividad.
Numeral 6	Multa General tipo 4; Suspensión temporal de actividad.
Numeral 7	Multa General tipo 4; Suspensión temporal de actividad; Destrucción de bien.
Numeral 8	Multa General tipo 4; Suspensión temporal de actividad; Destrucción de bien.
Numeral 9	Multa General tipo 4; Suspensión temporal de actividad; Destrucción de bien.
Numeral 10	Multa General tipo 2; Suspensión temporal de actividad.
Numeral 11	Multa General tipo 4; Suspensión definitiva de la actividad.
Numeral 12	Multa General tipo 4; Suspensión definitiva de actividad.
Numeral 13	Multa General tipo 4; Suspensión temporal de actividad.
Numeral 14	Multa General tipo 4; Suspensión temporal de actividad.
Numeral 15	Suspensión definitiva de actividad.
Numeral 16	Multa General tipo 4; Suspensión temporal de actividad.
Numeral 17	Multa General tipo 4; Suspensión definitiva de actividad.

Parágrafo 3⁵⁴. Se mantendrá la aplicación de las medidas correctivas si se continúa desarrollando en el lugar la misma actividad económica que dio lugar a su imposición, aun cuando se modifique o cambie la nomenclatura, el nombre del establecimiento, su razón social, propietario, poseedor o tenedor del mismo. 

Parágrafo 4. Las medidas correctivas mencionadas para el incumplimiento de los anteriores comportamientos, se aplicarán, sin perjuicio de lo establecido en la legislación especial que regula esas materias. 

Parágrafo 5. Cuando se aplique la medida de suspensión temporal de actividad porque el responsable del establecimiento no permitió el ingreso de autoridades de policía, la medida se extenderá hasta tanto se autorice el ingreso de la autoridad que en ejercicio de su función o actividad de policía, requiera hacerlo. 

Parágrafo 6. Quien en el término de un año contado a partir de la aplicación de la medida incurra nuevamente en alguno de los comportamientos prohibidos en el presente artículo que dan lugar a la medida de suspensión temporal, será objeto de suspensión definitiva de la actividad.

(…)”

Parágrafo 2. El Gobierno Nacional podrá delegar en los organismos de tránsito las funciones que por ley le corresponden al Ministerio de Transporte.

Parágrafo 3. Las Autoridades, los organismos de tránsito, las entidades públicas o privadas que constituyan organismos de apoyo serán vigiladas y controladas por la Superintendencia de Puertos y Transporte. 

Reglamentación: Circular Única de Infraestructura y Transporte SuperTransporte

Artículo 3.9.1 Contratos relacionados con especies venales. Las autoridades encargadas de la celebración de contratos para la fabricación y comercialización de especies venales, solamente pueden contratar y/o autorizar con aquellas empresas que previamente han sido autorizadas y/o homologadas por el Ministerio de Transporte para la fabricación y comercialización de especies venales.

Artículo 3.9.2. Vigilancia y control del cumplimiento de las normas de transporte y tránsito. Las autoridades de tránsito, organismos de tránsito y entidades del sistema nacional de transporte deberán actualizar anualmente el “Plan Estratégico de Vigilancia y Control del Cumplimiento de las Normas de Transporte y Tránsito”, en los términos exigidos por la legislación nacional, especialmente en la Resolución 3443 de 2016 del Ministerio de Transporte, o la disposición que la modifique o sustituya.

El Plan actualizado deberá ser depositado durante los primeros dos meses de cada año, en las Direcciones Territoriales del Ministerio de Transporte, según lo previsto en la misma resolución, así como enviado con copia a la Superintendencia de Transporte al correo ventanillaunicaderadicacion@supertransporte.gov.co

Artículo 3.9.3. Aplicación de sanciones del régimen de transporte. Las autoridades de tránsito, organismos de tránsito y entidades del sistema nacional de transporte deberán aplicar las sanciones que sean procedentes tanto del régimen de tránsito terrestre, así como también las de transporte terrestre de pasajeros, cuando se identifiquen conductas que infrinjan los dos regímenes.

Lo anterior, especialmente respecto de la realización de operaciones de transporte público de manera informal o ilegal, sin el cumplimiento de los requisitos tales como la habilitación, sin permisos de operación, sin vehículos homologados ni licencia de tránsito para transporte público, entre otros requisitos que puedan estar omitiéndose por prestadores informales o ilegales.

Legislación Complementaria: Ley 1702 de 2013

Artículo 19. Causales de Suspensión y Cancelación de la Habilitación de Organismos de Apoyo y de Tránsito. Procederá la suspensión y cancelación de la habilitación de los organismos de apoyo por parte de la autoridad que la haya otorgado o por su superior inmediato cuando se incurra en cualquiera de las siguientes faltas:

1. No mantener la totalidad de condiciones de la habilitación, no obtener las certificaciones de calidad o perder temporalmente alguna de las exigencias previas a la habilitación.

2. Cuando su actividad u omisión haya puesto en riesgo o causado daños a personas y/o bienes.

3. Cuando la actuación de sus empleados durante el servicio encuadre en delitos contra la Administración Pública y estas actuaciones no hayan objeto de control interno del organismo, se entenderá por pública todas las funciones a cargo de la entidad, para efectos administrativos, fiscales, disciplinarios y penales.

4. Alterar o modificar la información reportada al RUNT o poner en riesgo la información de este.

5. Expedir certificados en categorías o servicios no autorizados.

6. Facilitar a terceros los documentos, equipos o implementos destinados al servicio o permitir el uso a aquellos de su razón social por terceros.

7. Abstenerse injustificadamente de prestar el servicio.

8. Expedir certificados sin comparecencia del usuario.

9. Vincular personal que no reúna los requisitos de formación académica y de experiencia exigidos, cuando los documentos presentados no sean verídicos, reemplazar el personal sin aviso al Ministerio de Transporte o mantenerlo en servicio durante suspensiones administrativas, judiciales o profesionales.

10. Reportar información desde sitios o instalaciones no autorizados.

11. No hacer los reportes e informes obligatorios de acuerdo con lo que sobre el particular señalen el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Puertos Transporte.

12. Alterar los resultados obtenidos por los aspirantes.

13. No reportar la información de los certificados de los usuarios en forma injustificada.

14. Variar las tarifas sin informarlo públicamente y previamente en sus instalaciones y al Ministerio de Transporte. En este caso procederá multa de entre 1 y 5 salarios mínimos legales mensuales por cada caso.

15. Mantenerse en servicio a pesar de encontrarse en firme sanción de suspensión de la habilitación. Procederá además multa entre 50 y 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

16. Abstenerse de reportar por escrito a las autoridades competentes las inconsistencias que se presenten en la información aportada por el usuario o en la percibida durante los servicios.

17. No atender el régimen de prohibiciones señalado en las normas legales y reglamentarias.

18. No atender los planes de mejoramiento que señalen las autoridades de control y vigilancia.

19. Permitir la realización de trámites de tránsito sin el paz y salvo expedido por el Sistema Integrado de Información de Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito.

La suspensión podrá ordenarse también preventivamente cuando se haya producido alteración del servicio y la continuidad del mismo ofrezca riesgo a los usuarios o pueda facilitar la supresión o alteración del material probatorio para la investigación.

La suspensión de la habilitación acarrea la suspensión del servicio al usuario -la cual deberá anunciar públicamente en sus instalaciones- y la pérdida de la interconexión con el Registro Único Nacional de Tránsito RUNT para cada sede en que se haya cometido la falta.

La cancelación procederá en caso de reincidencia en cualquiera de las faltas señaladas en los numerales 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15 y 19 del presente artículo. En firme la cancelación, ella tendrá efectos sobre todas las sedes del organismo, para lo cual se dispondrá el cierre de los establecimientos de comercio. Las personas naturales o jurídicas que hayan dado lugar a la cancelación, sus asociados y parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, no podrán constituir nuevos organismos de apoyo en cualquiera de sus modalidades ni asociarse o hacer parte a cualquier título de organismos habilitados durante los cinco (5) años siguientes.

El procedimiento sancionatorio será el señalado en el Código Contencioso Administrativo.

La comisión de algunas de las faltas señaladas en los numerales 2, 4, 5, 6, 7, 11, 14 y 19 del presente artículo se entenderá falta de los organismos de tránsito y facultará a la Superintendencia de Puertos y Transporte para intervenirlos.

Reglamentación: Decreto 1079 de 2015

Régimen de sanciones aplicables a los organismos de tránsito y organismos de apoyo

Intervención de organismos de tránsito

Artículo 2.3.9.2.1 Objeto. El presente Capítulo tiene por objeto reglamentar el artículo 19 de la Ley 1702 de 2013, estableciendo el procedimiento de intervención a los Organismos de Tránsito que debe efectuar la Superintendencia de Puertos y Transporte; así como también el procedimiento para la suspensión preventiva, suspensión o cancelación de la habilitación de los organismos de apoyo al tránsito.

Artículo 2.3.9.2.2. Intervención de Organismos de Tránsito. La intervención consistirá en un conjunto de medidas administrativas de carácter transitorio, ejercidas por la Superintendencia de Puertos y Transporte, sobre los Organismos de Tránsito, con la finalidad de garantizar la correcta y eficaz atención a los usuarios. La Superintendencia de Puertos y Transporte, podrá ordenar la intervención de un Organismo de Tránsito de cualquier nivel cuando se presenten las siguientes causales:

a) Cuando su actividad u omisión haya puesto en riesgo o causado daños a personas y/o bienes;

b) Se altere o modifique la información reportada al RUNT o poner en riesgo la información de este;

c) Se expidan certificados en categorías o servicios no autorizados;

d) Se facilite a terceros los documentos, equipos o implementos destinados al servicio o permitir el uso a aquellos de su razón social por terceros;

e) Se abstenga injustificadamente de prestar el servicio.

f) No se hagan los reportes e informes obligatorios de acuerdo con lo que sobre el particular señalen el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Puertos y Transporte.

g) Se varíen las tarifas sin informarlo públicamente y previamente en sus instalaciones y al Ministerio de Transporte.

h) Se permita la realización de trámites de tránsito sin el paz y salvo expedido por el sistema integrado de información de multas y sanciones por infracciones de tránsito.

Parágrafo 1. La intervención de que trata el presente artículo, será ordenada por el Superintendente de Puertos y Transporte, hasta por el término de un (1) año, prorrogable por un periodo igual, mediante acto administrativo debidamente motivado. La decisión no será susceptible de ningún recurso.

Parágrafo 2. El acto que ordena la intervención será remitido junto con el expediente a la autoridad disciplinaria y/o penal correspondiente para lo de su competencia. En todo caso, se solicitará a la Procuraduría General de la Nación que, si lo considera pertinente, ejerza la facultad preferente a que se refiere el artículo 277 de la Constitución Política.

Artículo 2.3.9.2.3. Actuación Administrativa. La actuación iniciará de oficio o a petición del Ministerio de Transporte o de cualquier ciudadano o autoridad, mediante acto administrativo motivado suscrito por el Superintendente de Puertos y Transporte. Si de los documentos anexos a la queja o de las visitas que en ejercicio de la función de inspección y vigilancia efectúe la Superintendencia de Puertos y Transporte, o de las averiguaciones preliminares realizadas por la misma, se evidencia que existe mérito para adelantar el proceso, se comunicará al Organismo de Tránsito respectivo.

Parágrafo. El acto administrativo por medio del cual se ordena la correspondiente intervención, deberá ser comunicado a la máxima autoridad del orden municipal, distrital o departamental a la que pertenezca el Organismo de Tránsito, para lo de su competencia.

Artículo 2.3.9.2.4. Agente Interventor. El Superintendente de Puertos y Transporte designará como agente interventor a un servidor público del sector transporte del nivel directivo o asesor e informará de esa designación al nominador de la entidad a la que pertenece el servidor público designado.

El Superintendente de Puertos y Transporte también podrá designar por sorteo público al agente interventor, escogido de la lista elaborada por esta entidad para el efecto, en cuyo caso deberá establecer previamente y mediante acto administrativo de carácter general los requisitos, remuneración, competencias y las demás situaciones que se haga necesario reglamentar para inscribirse como agente interventor de la Superintendencia de Puertos y Transporte.

Parágrafo 1. El servidor público designado asumirá sus funciones desde el momento de comunicación del acto administrativo que ordena de intervención.

Parágrafo 2. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la posesión, el agente interventor presentará al Superintendente de Puertos y Transportes un plan de mejoramiento que permita subsanar las causales que motivaron la intervención.

Parágrafo 3. El funcionamiento del organismo de tránsito se mantendrá bajo la dirección del interventor, sin perjuicio del inicio o continuidad de las actuaciones sancionatorias derivadas de las faltas que dieron origen a la intervención.

Parágrafo 4. El servidor público que sea designado como agente interventor de un organismo de tránsito podrá ser sustituido discrecionalmente, en cualquier momento, por el Superintendente de Puertos y Transporte.

Artículo 2.3.9.2.5. Remuneración. El servidor público designado como agente interventor seguirá percibiendo el salario que devengue en la Superintendencia de Puertos y Transporte o en la entidad del sector de la cual provenga.

Si la intervención se realiza en un organismo de tránsito ubicado en un domicilio distinto al del servidor público designado como agente interventor, la designación se hará en condición de comisión de servicios.

Artículo 2.3.9.2.6. Terminación de la intervención. Superados los hechos que motivaron la intervención, la Superintendencia de Puertos y Transporte lo declarará mediante acto administrativo que comunicará a la autoridad municipal, departamental, o distrital a la que pertenezca el organismo de tránsito, para lo de sus competencias.

Del mismo modo se procederá en caso de llegarse al plazo máximo de intervención, evento en el cual el agente interventor estará obligado a entregar el plan de mejoramiento de que trata el parágrafo 2° del artículo 2.3.9.1.4 de este Decreto, debidamente cumplido.

Artículo 2.3.9.2.7. Entrega del Organismo. Concluida la intervención por superación de las causales que dieron origen a la misma, el agente interventor deberá proceder a la entrega formal del organismo en un término no superior a quince (15) días, con indicación del inventario de los bienes y relación de las actuaciones y el plan de mejoramiento presentado, debidamente cumplido.

Suspensión, suspensión preventiva y cancelación de la habilitación de los organismos de apoyo

Artículo 2.3.9.3.1. Suspensión preventiva. En ejercicio de la competencia que le asigna el artículo 19 de la Ley 1702 de 2013, la Superintendencia de Puertos y Transporte podrá ordenar la suspensión preventiva de la habilitación de un organismo de apoyo al tránsito, hasta por el término de seis (6) meses, prorrogables por otro periodo igual, cuando se establezca que el servicio o la continuidad del mismo pueden verse alterados; cuando se ponga en riesgo a los usuarios, o cuando se pueda afectar o poner en riesgo el material probatorio para las actuaciones en curso.

En todo caso, será el Ministerio de Transporte la entidad competente para expedir el acto administrativo por medio del cual se dé cumplimiento a lo ordenado por la Superintendencia.

Artículo 2.3.9.3.2. Suspensión o Cancelación de la habilitación. La suspensión o cancelación de la habilitación de los organismos de apoyo al tránsito procederá una vez agotado el procedimiento Sancionatorio previsto en el Capítulo III, Título III, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, siempre que se logre establecer, por parte de la Superintendencia de Puertos y Transporte, la ocurrencia de las causales establecidas en el artículo 19 de la Ley 1702 de 2013.

Parágrafo. La suspensión de la habilitación procederá por el término mínimo de 6 meses y hasta por 24 meses, periodo que se graduará teniendo en cuenta los criterios previstos en el artículo 50 de la Ley 1437 de 2011.

Comentario del Editor:

El Parágrafo del artículo 9 del Decreto 1479 de 2014 incorporado en el artículo 2.3.9.3.2. fue suspendido provisionalmente por medio del auto del 28 de febrero de 2020 de la Sección Primera del Consejo de Estado.

Legislación Complementaria: Ley 2050 de 2020

Artículo 8. Sanciones. Las sanciones aplicables a los organismos de tránsito y organismos de apoyo al tránsito serán las siguientes: 

a) Amonestación escrita; 

b) Multa; 

c) Intervención operativa. 

Artículo 9. Amonestación. La amonestación escrita consiste en el requerimiento que se hace al respectivo organismo de tránsito y organismos de apoyo al tránsito, con el fin de darle a conocer el incumplimiento a las normas de tránsito y transporte en que ha incurrido, con el objeto de que se abstenga, corrija y evite la reincidencia en tal incumplimiento. 

Artículo 10. Multa. La multa consiste en la imposición de una pena pecuniaria a un organismo de tránsito y organismos de apoyo al tránsito que ha incurrido en alguna de las conductas a que se refiere el artículo 12 de esta ley.

Comentario del Editor:

Para efectos de la aplicación de esta disposición debe tenerse presente el contenido del Artículo 313 de la Ley 2294 de 2023.

Artículo 11. Causales de amonestación. Será sancionado con amonestación escrita el organismo de tránsito y organismos de apoyo al tránsito que incurran en cualquiera de las siguientes conductas: 

a) Ejercer funciones dentro del ámbito de jurisdicción de otro organismo de tránsito; 

b) Omitir, retardar o denegar en forma injustificada a los usuarios, la prestación de los servicios a los cuales por ley están obligados; 

c) Dar trámite a solicitudes presentadas por personas que gestionen cualquier asunto en su despacho, sin tener facultad legal para ello. 

Artículo 12. Causales de multa. Será sancionado con multa equivalente a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes, el organismo de tránsito que incurra en cualquiera de las siguientes conductas: 

a) No atender dentro de los plazos que se concedan, las recomendaciones impartidas por la Superintendencia de Transporte y el Ministerio de Transporte con motivo de una visita de inspección o de asesoría; 

b) No suministrar a la Superintendencia de Transporte o al Ministerio de Transporte la información a la que están obligados, para efectos de mantener actualizados los registros e inventarios; 

c) Alterar las tarifas legalmente establecidas por las autoridades competentes, para la prestación de servicios y liquidación de gravámenes; 

d) Exigir requisitos diferentes a los establecidos legalmente para los trámites que se adelanten ante dichos organismos; 

e) Cometer acto arbitrario con ocasión de sus funciones, o excederse n el ejercicio de ellas; 

f) Reincidir en cualquiera de las fallas contempladas en el artículo anterior dentro de los doce (12) meses siguientes a la fecha de ejecutoria de la providencia que imponga la sanción de amonestación. 

Artículo 13. Inicio de investigación administrativa. Cuando la Superintendencia de Transporte, de oficio o a petición de parte, tenga conocimiento que un organismo de tránsito o un organismo de apoyo al tránsito presuntamente ha incurrido en cualquiera de las faltas contempladas en los artículos 11 y 12 de la presente ley, abrirá investigación mediante resolución motivada que deberá contener como mínimo: 

a) Relación de las pruebas aportadas o allegadas que demuestren la existencia de los hechos; 

b) Cita de las disposiciones presuntamente infringidas con los hechos investigados; 

c) Plazo dentro del cual el representante legal del respectivo organismo debe presentar por escrito sus aclaraciones y justificaciones, así como la solicitud de pruebas. Dicho término será de diez (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación de la resolución. 

Artículo 14. Notificación de la apertura de investigación. La notificación de la resolución a que se refiere el artículo anterior se hará de acuerdo con las normas establecidas en la Ley 1437 de 2011 o las normas que lo modifiquen o sustituyan. 

Artículo 15. Término para decidir la investigación administrativa. La Superintendencia de Transporte contará con treinta (30) días hábiles para decidir, contados a partir del vencimiento del término señalado en el literal c) del artículo 13 de esta ley. Dicho término podrá ampliarse hasta por treinta (30) días, cuando haya lugar a práctica de pruebas. La decisión se adoptará por resolución motivada en la cual se impondrá la sanción correspondiente o se ordenará el archivo de las diligencias según el caso. 

Artículo 16. Recursos. Contra los actos administrativos que impongan las sanciones establecidas en el presente Título, proceden los recursos de ley, los que se tramitarán de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011 o la norma que lo modifique o sustituya. 

Parágrafo. Los recursos contra una resolución que imponga sanción de multa solo serán concedidos, previo depósito de su valor o garantizando en forma idónea el cumplimiento de la obligación. 

Los dineros que recaude la Superintendencia de Transporte por concepto de las multas de que trata el presente Título entrarán a formar parte de su presupuesto y se destinarán exclusivamente al fomento y desarrollo de planes y programas de seguridad vial. 

Artículo 17. Copias. De estas sanciones se remitirá copia al Gobernador, Alcalde Distrital o Municipal, Asambleas Departamentales y Concejos Municipales del organismo de tránsito sancionado. 

Artículo 18. Acción de repetición. El organismo de tránsito y organismos de apoyo al tránsito repetirá contra el funcionario o exfuncionario a fin de que responda civil y administrativamente por los perjuicios que cause a este, por hechos u omisiones ocurridos en el ejercicio de su cargo y que ocasionen la imposición de cualquiera de las sanciones a que se refiere el presente Título. 

Artículo 19. Caducidad. La facultad que tiene la Superintendencia de Transporte para imponer las sanciones a que se refiere el presente Título caduca a los tres (3) años de producido el último acto constitutivo de la falta. 

Artículo 20. Deber de informar. Cuando la Superintendencia de Transporte tenga conocimiento de expedición de actos administrativos contrarios a las normas y procedimientos contenidos en la legislación nacional vigente en materia de tránsito y transporte, además de dar el informe a la Procuraduría General de la Nación, deberá ejercer las acciones contenciosas administrativas y/o penales a que haya lugar.· 

Artículo 22. Inspección, vigilancia y control. La Superintendencia de Transporte realizará, directamente o a través del Sistema de Control y Vigilancia, visitas periódicas a los organismos de apoyo a las autoridades de tránsito, con el fin de verificar el cumplimiento de los mandatos legales y reglamentarios. 

Parágrafo. La Superintendencia de Transporte adjudicará bajo las disposiciones de régimen de contratación Estatal vigente, la instalación, implementación, operación y mantenimiento de los sistemas, cuyo servicio será facturado como pago a terceros, de acuerdo con las tarifas que se determinen para estos efectos. 

Comentario del Editor:

En criterio del editor, con la expedición de la Ley 2050 de 2020 quedó derogado tácitamente los Artículos 1.2.9.1. y siguientes del Decreto 1079 de 2015.

Parágrafo 4. La facultad de Autoridad de Tránsito otorgada a los cuerpos especializados de la Policía Nacional se ejercerá como una competencia a prevención.

Parágrafo 5. Las Fuerzas Militares podrán ejecutar la labor de regulación del tránsito, en aquellas áreas donde no haya presencia de Autoridad de Tránsito. 

Comentario del Editor:

Del contenido de esta disposición se desprenden diferentes elementos que es importante tener presentes:

1. Se establece una jerarquía entre las diferentes autoridades de tránsito, dado que la norma habla de “…en su orden”, pretendiendo con ello resolver situaciones de interpretación y colisión de competencias, aunque lo que haga relación a esta materia, podría resolverse a través de la aplicación del principio de la especificidad.

2. El Código Nacional de Tránsito establece que el ejercicio de la autoridad de tránsito se realiza a través de cuatro funciones diferentes: (i) La regulación operativa implica la realización del control en vía, de la regulación material de la circulación, esta función se encuentra en cabeza de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional y los Cuerpos de Control Vial o Cuerpos de Agentes de Tránsito; (ii) La regulación normativa que consiste en la facultad o potestad que tienen algunas entidades o servidores públicos de establecer las reglas, regulaciones y normas que permitan el ejercicio de los derechos de todos los actores del tránsito, es decir, están encargadas de organizar y ordenar el tránsito; esta potestad se radica en cabeza el Congreso de la República, el Presidente de la República (en ejercicio de su potestad reglamentaria o de la función reglamentaria que le otorgue el legislador), el Ministerio de Transporte (en ejercicio de la función reglamentaria de segundo orden que le otorgue el Congreso de la República o en su calidad de máxima autoridad de tránsito), los alcaldes y los gobernadores; (iii) La Gestión Operativa consistente en la posibilidad o facultad para realizar trámites de tránsito que le permitan a los ciudadanos posibilitar el ejercicio de su derecho a la movilidad y poder cobrar una remuneración por dicho trámite: esta función se encuentra en cabeza de los organismos de tránsito y el Ministerio de Transporte: y (iv) Función o Facultad sancionatoria que implica la potestad de imponer sanciones de tránsito por la comisión de infracciones de esta naturaleza y realizar su respectivo cobro por medio de la jurisdicción coactiva: se encuentra en cabeza de la Superintendencia de Puertos y Transporte y de los Organismos de Tránsito.

3. No es posible, bajo ningún supuesto, que las autoridades de tránsito deleguen sus facultades, como autoridades capaces de imponer sanciones, dado que la facultad sancionadora se constituye en una prerrogativa exclusiva del Estado indelegable, lo máximo que pueden hacer es delegar en particulares la recolección de las pruebas que permitan sustentar la comisión de infracciones de tránsito.

4. De acuerdo con el contenido del Parágrafo Tercero, a la Supertransporte se le asigna la función de inspección y vigilancia de los siguientes sujetos: a) las autoridades de tránsito, b) los organismos de tránsito, y c) las entidades públicas o privadas que constituyan organismos de apoyo. Esta disposición no solo es incompleta sino también incongruente con el mismo sistema del Código Nacional de Tránsito en virtud a que no le es posible a la Superintendencia ejercer la vigilancia sobre un ente respecto del cual posee una relación de dependencia como es el Ministerio de Transporte, dado que se convertiría en juez y parte del mismo obrar, igualmente, hasta tanto no exista una norma jurídica que permita regular de manera clara, típica y precisa, respetando el principio de legalidad y del debido proceso, para realizar dicha vigilancia, la función aquí consagrada no es otra cosa que letra muerta en la medida que cualquier decisión que se adopte puede estar viciada de violatoria de los derechos fundamentales, excepto en lo que hace relación a los organismos de tránsito, respecto a los cuales existe una disposición que establece los procedimientos, las infracciones y las consecuencias de derecho ante las infracciones.

Artículo 4. Modificado Artículo 8 Ley 1310 de 2009⁵⁶. Los Directores de los Organismos de Tránsito o Secretarías de Tránsito de las entidades territoriales deberán acreditar formación profesional relacionada y experiencia en el ramo de dos (2) años o en su defecto estudios de diplomado o posgrado en la materia.⁵⁷

Parágrafo 1. El Ministerio de Transporte deberá elaborar un plan nacional de seguridad vial para disminuir la accidentalidad en el país que sirva además como base para los planes departamentales, metropolitanos, distritales y municipales, de control de piratería e ilegalidad.

Reglamentación: Decreto 1430 de 2022.

Artículo 1. Objeto. El presente decreto tiene por objeto aprobar el Plan Nacional de Seguridad Vial para la vigencia 2022-2031, contenido en el Anexo que hace parte integral del mismo.

Artículo 2. Áreas de Acción Plan Nacional de Seguridad Vial 2022-2031. Las siguientes áreas de acción y objetivos constituirán las bases estratégicas del Plan Nacional de Seguridad Vial 2022-2031, así:

Área de Acción	Objetivo General
Velocidades seguras	1. Fomentar la conducción de vehículos a velocidades seguras en las vías del país.
Vehículos seguros	1. Ascender hacia tecnologías y procesos de alto reconocimiento internacional en seguridad vial para los vehículos nuevos que se comercialicen en el país.  2. Aumentar las condiciones de seguridad vial de los vehículos que se encuentran en operación en el país.
Infraestructura vial segura	1. Proteger la vida desde el diseño, construcción, mejoramiento y conservación de la infraestructura vial. 2. Mitigar el riesgo en puntos, tramos y sectores críticos de siniestralidad.  3. Ascender hacia tecnologías y procesos de alto reconocimiento internacional en dispositivos y señalización para la infraestructura segura.
Comportamiento seguro en los actores viales	1. Incentivar los comportamientos seguros por parte de los actores viales.
Cumplimiento de normas de tránsito en materia de seguridad vial	1. Consolidar el cumplimiento de las normas de tránsito que propenden por la seguridad vial como estrategia fundamental para la protección de la vida.
Atención integral a víctimas de siniestros viales	1. Fortalecer la atención integral y rehabilitación a víctimas de accidentes de tránsito (siniestros viales). 2. Mejorar la calidad de la atención inicial a las personas lesionadas en un accidente de tránsito (siniestro vial). 3. Fortalecer el acceso para la atención hospitalaria y la rehabilitación física, mental y social de las víctimas de accidentes de tránsito (siniestros viales).  4. Fortalecer el acompañamiento psicológico, social y jurídico que se les brinda a las víctimas de accidentes de tránsito (siniestros viales).
Gobernanza	1. Fortalecer los principios de la gobernanza en la gestión de la seguridad vial bajo el enfoque Sistema Seguro.  2. Fortalecer las políticas públicas territoriales para la protección de la vida de los actores viales. 3. Articular el sector público con los actores privados, sociales y académicos en la implementación de la política de seguridad vial.
Gestión del Conocimiento	1. Fortalecer la gestión del conocimiento acerca del fenómeno de la siniestralidad vial como base para la formulación e implementación de la política pública en seguridad vial.

Artículo 3. Seguimiento. La Agencia Nacional de Seguridad Vial coordinará la ejecución, seguimiento y evaluación del Plan Nacional de Seguridad Vial 2022-2031.

Para tal efecto, este seguimiento se llevará a cabo por parte del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, con una periodicidad anual y a través de la estrategia de seguimiento definida en el Plan Nacional de Seguridad Vial 2022-2031, la cual permitirá establecer el avance en su implementación.

Artículo 4. Articulación con los Planes Locales de Seguridad Vial. Los Planes Locales de Seguridad Vial que diseñen e implementen las entidades territoriales deberán armonizarse con lo establecido en el Plan Nacional de Seguridad Vial 2022- 2031, aprobado en el presente decreto. Dicha armonización deberá ser llevada a cabo dentro de los doce (12) meses siguientes a la expedición del presente decreto.

Parágrafo. En todo caso, cada una de las entidades territoriales deberán atender las acciones particulares definidas en el Anexo durante el diseño e implementación de sus Planes Locales de Seguridad Vial, a partir de las características de los niveles de siniestralidad y condiciones particulares de su territorio. Lo anterior, sin perjuicio de desarrollar las demás acciones generales definidas en el citado anexo.

Instrucción Administrativa:

Circular Conjunta ANSV-ST 001 de 2023.

Por todo lo expuesto, en ejercicio de las competencias que le asisten a la Agencia Nacional de Seguridad Vial y con la finalidad de proteger la vida e integridad física de los actores viales y con ello, propender por alcanzar el propósito del Plan Nacional de Seguridad Vial 2022- 2031, de reducir por lo menos en un 50% las muertes y lesiones causadas por siniestros viales, se imparten los siguientes lineamientos:

1. En ejercicio de las facultades, competencias y responsabilidades, especialmente las que han sido asignadas a las AUTORIDADES DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE LAS DIFERENTES ENTIDADES TERRITORIALES, A LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA y AL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS a efectos de lograr la materialización de los objetivos del Plan Nacional de Seguridad Vial 2022-2031, se deberán adoptar medidas concretas de coordinación institucional y de fortalecimiento de control operativo a que haya lugar para evitar la ocurrencia de siniestros viales, especialmente en los lugares que se han identificado con mayor riesgo de siniestralidad, desarrollando estrategias especificas con enfoque predictivo y orientadas por los criterios de especificidad.

2. Entre las medidas que se recomiendan están las siguientes:

a. Incrementar los operativos de control los viernes, sábado y domingo, en especial los días de pago de quincena, en puntos críticos y sobre los principales factores de riesgo, especialmente uso del casco, consumo de alcohol, uso de luces y chalecos reflectivos en motocicletas, revisión técnico – mecánica y velocidad.

b. De acuerdo con los análisis desarrollados por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, los días de pago de quincena existe mayor tendencia a incremento de cifras de muertes. Por ello, también se recomienda intensificar operativos de control esos días, especialmente sobre velocidad y consumo de alcohol.

c. Utilizar los equipos tecnológicos con que cuente cada organismo de tránsito, como alcohosensores, cinemómetros, entre otros, para apoyar la gestión de medidas de control.

d. Controles focalizados en conductas de riesgo (alcohol, velocidad, RTM y SOAT, uso del casco, cinturón de seguridad, uso de luces y prendas reflectivas)

3. Disponer del recurso humano necesario para dar cumplimiento a la presente circular en los puntos que establezcan los entes territoriales del nivel nacional para ejercer control y monitoreo con el fin de evitar la ocurrencia de siniestros viales.

4. Requerir a las AUTORIDADES Y ORGANISMOS DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE para que establezcan de manera conjunta las acciones, con vocación de permanencia durante las festividades, que sean necesarias para efectuar operativos en dos sentidos: Operativos de control de velocidad y operativos de control de embriaguez, siendo estos los factores determinantes de acuerdo con las cifras.

5. Requerir a los ORGANISMOS DE TRÁNSITO a nivel nacional, para establecer acciones en vía de tipo pedagógico y de sensibilización con el objetivo de mitigar conductas asociadas a los siniestros viales, con vocación de permanencia durante las festividades. Se requiere además que las actividades sean reportadas en el siguiente aplicativo en donde encontrarán la respectiva guía de reporte: htps://storymaps.arcgis.com/stories/451b2f6a1e4341ce8328d29e66c9839c.

Comentario del Editor:

El Plan Nacional de Seguridad Vial tiene como objetivo principal la protección de la vida y la integridad de todos los actores viales, con la meta de reducir en al menos un 50% las muertes y lesiones causadas por incidentes viales para el año 2030. El cual toma como línea base las cifras de 2021 publicadas por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial.

El Plan Nacional de Seguridad Vial se basa en los enfoques de Visión Cero y Sistema Seguro como pilares de su política pública, se desarrolla a partir de áreas de actuación que materializan e integran dichos enfoques como marco de referencia para la formulación y/o armonización de los Planes Locales de Seguridad Vial en los territorios.

Figura 1 Áreas de Acción del Plan Nacional de Seguridad Vial

Fuente: Tomado de (PNSV , 2022-2031)

Legislación Complementaria: Ley 2222 de 2022

Artículo 4. Actor vial Ciclista en el Plan Nacional de Seguridad Vial. En el proceso de formulación del Plan Nacional de Seguridad Vial 2022-2032, la Agencia Nacional de Seguridad Vial incorporará un capítulo especial relacionado con el actor vial ciclista. En este, además de un diagnóstico, se establecerán los lineamientos de política pública para salvaguardar dicho actor vial vulnerable.

Legislación Complementaria: Ley 2251 de 2022.

Artículo 14. Implementación de planes locales de seguridad vial. Los Planes Locales de Seguridad Vial que formulen los distritos, áreas metropolitanas, departamentos y los municipios se armonizarán con base en los fundamentos y políticas definidos en el Plan Nacional de Seguridad Vial. Las entidades territoriales del orden departamental, así como las ciudades capitales del país; deberán formular, adoptar e implementar sus planes locales de seguridad vial de manera obligatoria.

Parágrafo 1. Para las demás entidades territoriales, la Agencia Nacional de Seguridad Vial determinará la obligatoriedad de la formulación, adopción e implementación de dicho instrumento, previo análisis de criterios técnicos establecidos por esta entidad en su condición de máxima autoridad para la aplicación de las políticas y medidas de seguridad vial nacional. Sin detrimento de lo anterior; por iniciativa propia, las entidades territoriales que lo identifiquen como necesario, podrán proceder a la formulación, adopción e implementación de su plan local de seguridad vial.

Parágrafo 2. En los distritos y departamentos, además de los municipios de categoría especial, 1, II YIII que cuenten con Autoridad de tránsito implementarán planes de gestión de la velocidad que deberán ser actualizados cada 2 años. Dichos planes serán reglamentados por el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

(…)

Reglamentación: Resolución 583 de 2023 ANSV

Artículo 1. Objeto. La presente resolución tiene por objeto, reglamentar el parágrafo 1 del artículo 14 de la Ley 2251 de 2022, en cuanto a la definición de los criterios que determinan la obligatoriedad de la formulación, adopción e implementación de los Planes Locales de Seguridad Vial para entidades territoriales distintas a las entidades territoriales del orden departamental y a las ciudades capitales del país.

Artículo 2. Definición de criterios. Además de las entidades territoriales del orden departamental y de las ciudades capitales del país, de manera obligatoria deberán formular, adoptar e implementar un Plan Local de Seguridad Vial aquellas entidades territoriales que cumplan con por lo menos uno de estos criterios:

Primer criterio: municipios o distritos de primera, segunda o tercera categoría o de categoría especial que cuenten con un organismo de tránsito del orden municipal o distrital.

Segundo criterio: los municipios o distritos de cuarta categoría que se encuentren en el cuarenta por ciento (40%) de municipios o distritos con mayor valor del índice de fatalidad de esta categoría y que cuenten con un organismo de tránsito del orden municipal o distrital.

Tercer criterio: los municipios o distritos de quinta categoría que se encuentren en el cuarenta por ciento (40%) de municipios o distritos con mayor valor del índice de fatalidad de esta categoría y que cuenten con un organismo de tránsito del orden municipal o distrital.

Cuarto criterio: los municipios o distritos de sexta categoría que se encuentren en el cuarenta por ciento (40%) de municipios con mayor valor del índice de fatalidad dentro de esta categoría y que cuenten con un organismo de tránsito del orden municipal o distrital y una población mayor a cincuenta mil (50.000) habitantes.

Parágrafo 1. La categorización de los municipios y distritos a la que se hace referencia en este artículo corresponde a la establecida en la Ley 617 de 2000, o la norma que la reglamente, modifique, sustituya o derogue.

Parágrafo 2. La población municipal y distrital a tener en cuenta para la categorización de los municipios y distritos será la certificada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) para cada entidad territorial.

Parágrafo 3. El índice de fatalidad para los municipios o distritos de categoría cuarta, quinta y sexta señalado en este artículo, será calculado y publicado anualmente por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, por medio del Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONSV), mediante la metodología seleccionada y publicada por el ONSV, que sea robusta para los datos de fallecidos por siniestros viales disponibles. En todo caso, este índice incluirá la cantidad de fallecidos y las tasas de fallecidos por cien mil (100.000) habitantes con un enfoque de corto y largo plazo.

Artículo 3. Armonización de los Planes Locales con el Plan Nacional de Seguridad Vial 2022-2031. Los Planes Locales de Seguridad Vial que formulen, adopten e implementen las entidades territoriales deberán armonizarse con lo establecido en el Plan Nacional de Seguridad Vial 2022-2031, aprobado mediante Decreto número 1430 de 2022.

Parágrafo 1. La formulación y ejecución de estrategias, programas y proyectos de los Planes Locales de Seguridad Vial deben definirse de manera coordinada con los otros instrumentos de planeación territorial o sectorial local de acuerdo con los principios generales de la planeación establecidos en el artículo 3 de la Ley 152 de 1994, o la norma que lo reglamente, modifique, sustituya o derogue.

Parágrafo 2. La formulación de los planes de desarrollo y los planes de ordenamiento territorial municipal, distrital o metropolitano se deberán adelantar en armonía con los programas, proyectos y acciones definidas en los Planes Locales de Seguridad Vial que ya se encuentren formulados. No obstante, los proyectos estructurantes y específicos de los Planes Locales de Seguridad Vial podrán ser reformulados en función de lo aprobado en el plan de desarrollo municipal, distrital o metropolitano, bajo criterios de impacto regional, sostenibilidad ambiental, social, técnica y financiera, siempre y cuando no se afecten los objetivos, metas y programas al cual pertenecen dentro del plan.

Parágrafo 2. Los cuerpos especializados de Policía de tránsito urbano y Policía de Carreteras de la Policía Nacional y los cuerpos especializados de agentes de policía de tránsito dependientes de los organismos de tránsito departamental, metropolitano, distrital y municipal, deberán acreditar formación técnica o tecnológica en la materia.

Artículo 5. Modificado Artículo 3 Ley 1383 de 2010. Demarcación y señalización vial. El Ministerio de Transporte reglamentará en un término no mayor de 60 días posteriores a la sanción de esta ley, las características técnicas de la demarcación y señalización de toda la infraestructura vial y su aplicación y cumplimiento será responsabilidad de cada uno de los organismos de tránsito en su respectiva jurisdicción.

Legislación Complementaria: Código Civil

Artículo 678. El uso y goce que para el tránsito, riego, navegación y cualesquiera otros objetos lícitos, corresponden a los particulares en las calles, plazas, puentes y caminos públicos, en ríos y lagos, y generalmente en todos los bienes de la Unión de uso público, estarán sujetos a las disposiciones de este código y a las demás que sobre la materia contengan las leyes.

Artículo 1005. La municipalidad y cualquiera persona del pueblo tendrá en favor de los caminos, plazas u otros lugares de uso público, y para la seguridad de los que transitan por ellos, los derechos concedidos a los dueños de heredades o edificios privados.

Y siempre que a consecuencia de una acción popular haya de demolerse o enmendarse una construcción, o de resarcirse un daño sufrido, se recompensará el actor, a costa del querellado, con una suma que no baje de la décima, ni exceda de la tercera parte de lo que cueste la demolición o enmienda, o el resarcimiento del daño; sin perjuicio de que si se castiga el delito o negligencia con una pena pecuniaria, se adjudique al actor la mitad.

Legislación Complementaria: Decreto 21 de 1909

Artículo 8. Las Municipalidades y los individuos particulares tienen en favor de las vías públicas y para la seguridad y comodidad de los que transiten por ellas los mismos derechos que los dueños de heredades y edificios privados. 

Siempre que a consecuencia de una acción intentada en virtud de este derecho haya de demolerse o enmendarse una construcción o de resarcirse un daño sufrido, se adjudicará á las Rentas Municipales respectivas o al querellante particular la multa en que incurra el contraventor.

Reglamentación: Resolución MT-20223040045295 de 2022

Artículo 8.1.1. Objeto. El presente capítulo tiene por objeto adoptar el “Manual de Señalización Vial – Dispositivos Uniformes para la Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y Ciclorrutas de Colombia”, contenido en el Anexo 68, el cual forma parte de la presente resolución.

Artículo 8.1.2. Ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en el presente capítulo son aplicables en todo el territorio nacional, para calles, carreteras, ciclorrutas, pasos a nivel de estas con las vías férreas o cuando se desarrollen obras o eventos que afecten el tránsito sobre las mismas.

Artículo 8.1.3. Responsabilidad de aplicación. Toda entidad pública o persona natural o jurídica que desarrolle la actividad de señalización vial, deberá ceñirse estrictamente a lo establecido en el citado Manual.

Parágrafo 1. El Ministerio de Transporte respetará y acogerá los convenios internacionales que se hayan suscrito o se suscriban en relación con la reglamentación de la ubicación, instalación, demarcación y señalización vial.

Comentario del Editor:

Algunas de las convenciones internacionales que existen en la actualidad en materia de señalización y demarcación vial son las siguientes: (i) Convención de las Naciones Unidas de 1968 sobre Señalización Vial (Convención de Viena de 1968), (ii) Convención sobre adopción del Manual Interamericano de Dispositivos y la (iii) Convención de 1968 de las Naciones Unidas sobre la Circulación Vial.

Parágrafo 2. La información vial y la señalización urbana, deberá hacerse con material antivandálico, vitrificado, que garantice una vida útil mínima de 10 años y, cuando así se aconseje, material retrorreflectante. 

Comentario del Editor:

Con la expedición de la ley 1383 de 2010 se presenta la figura del decaimiento de la reglamentación contenida en la Resolución 2444 de 2003, en la medida que el Ministerio de Transporte pierde la competencia para reglamentar la ubicación y colocación de las vallas y avisos publicitarios en las vías rurales, no acontece lo mismo –decaimiento- con la Resolución 4294 de 2009 del Ministerio de Transporte, modificada por la Resolución 5112 de 2009 de la misma cartera, dado que estas últimas están fundamentadas en la regulación del transporte público, es decir, en el Estatuto Nacional del Transporte.

Artículo 6. Organismos de tránsito. Serán organismos de tránsito en su respectiva jurisdicción:

a) Los departamentos administrativos, institutos distritales y/o municipales de tránsito;

b) Los designados por la autoridad local única y exclusivamente en los municipios donde no hay autoridad de tránsito;

c) Las secretarías municipales de tránsito dentro del área urbana de su respectivo municipio y los corregimientos;

d) Las secretarías distritales de tránsito dentro del área urbana de los distritos especiales;

e) Las secretarías departamentales de tránsito o el organismo designado por la autoridad, única y exclusivamente en los municipios donde no haya autoridad de tránsito.

Comentario del Editor:

Esta disposición señala de manera taxativa las formas organizacionales que dentro de la administración pública pueden tener los organismos de tránsito, indica ello entonces que no es posible que un organismo de tránsito pueda adoptar formas como sociedad de economía o alguna similar dado que al ser una materia estrictamente regulada por tratarse de la estructura de la administración, se constituyen en normas de imperativo cumplimiento.

Parágrafo 1. En el ámbito nacional será competente el Ministerio de Transporte y los organismos de tránsito en su respectiva jurisdicción para cumplir las funciones que les sean asignadas en este código.

Parágrafo 2. Le corresponde a la Policía Nacional en su cuerpo especializado de carreteras el control de las normas de tránsito y la aplicación de este código en todas las carreteras nacionales por fuera del perímetro urbano de los municipios y distritos.

Parágrafo 3. Los gobernadores y los alcaldes, las Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales, no podrán, en ningún caso, dictar normas de tránsito de carácter permanente, que impliquen adiciones o modificaciones al código de tránsito^{61 62}.

Comentario del Editor:

En aplicación de los principios constitucionales de la distribución de funciones entre las diferentes ramas del poder público, la especificidad en el ejercicio de las funciones que atribuye el ordenamiento y el carácter unitario del Estado Colombiano, si bien es cierto que las autoridades locales gozan de ciertas facultades que le permita la organización y el control de la circulación dentro de su jurisdicción, no es menos cierto que por tener el carácter de actos y decisiones administrativas, dichas decisiones adoptadas por las autoridades locales o territoriales, las mismas deben respetar la jerarquía normativa que eleva a la Constitución como esfinge superior y tiene seguidamente la ley y los reglamentos nacionales como instrumentos de ejecución de los postulados supremos.

En virtud de lo anterior, las decisiones, medidas o actos que adopten las autoridades territoriales deben respetar, no solo la Constitución, sino también las leyes adoptadas por el Congreso de la República, que para el caso no es otra que la Ley 769 de 2002 y sus modificaciones, y los reglamentos de esta que expida el Gobierno Nacional o el Ministerio de Transporte, una interpretación contraria nos llevaría al absurdo de permitir que a través de un acto administrativo local, se suspenda o deje sin efecto la ley o el reglamento, con lo cual se iría en contravía del propósito perseguido por el legislador en esta materia, que no es otro que cumplir con el cometido de “unificar” las normas sobre policía de tránsito.

Los Alcaldes dentro de su respectiva jurisdicción deberán expedir las normas y tomarán las medidas necesarias para el mejor ordenamiento del tránsito de personas, animales y vehículos por las vías públicas con sujeción a las disposiciones del presente código.

No obstante los alcaldes de municipios vecinos o colindantes podrán suscribir convenios interadministrativos para ejercer en forma conjunta, total o parcialmente, las funciones de tránsito que le correspondan a cada uno de ellos, dentro de las respectivas jurisdicciones que los compongan.

Artículo 7. Modificado Artículo 58 Ley 2197 de 2022. Las autoridades de tránsito velarán por la seguridad de las personas y las cosas en la vía pública y privadas abiertas al público. Sus funciones serán de carácter regulatorio y sancionatorio y sus acciones deben ser orientadas a la prevención y la asistencia técnica y humana a los usuarios de las vías.

Texto del Editor:

Las Funciones de Tránsito

Partiendo de un análisis integral de las normas que en nuestro ordenamiento jurídico regulan el tránsito, podemos concluir, desde la perspectiva normativa, que tiene diferentes proyecciones que nos permiten identificar las diferentes funciones que este implica, a saber: Función Regulatoria, Función de Control Operativo, Función de Gestión Operativa y Función Sancionatoria.

La Función Regulatoria consiste en la facultad que la Constitución o la ley le otorgan a determinadas autoridades de tránsito para crear, modificar o suprimir reglas o normas de tránsito. Dentro de esta, esencialmente, podemos identificar al Congreso de la República, Presidente de la República, Ministerio de Transporte, los alcaldes municipales o distritales, gobernadores y concejos municipales o distritales.

La Función de Control Operativo consiste en la facultad otorgada a algunas autoridades administrativas para regular de manera material la circulación en las vías, imponer orígenes de comparendo y adoptar medidas de carácter operativo para la libre circulación. De acuerdo con lo previsto por la Ley 1310 de 2009, el control operativo implica (i) la función de policía judicial, (ii) función educativa, (iii) función preventiva, (iv) función de solidaridad y (v) función de vigilancia cívica. La función de control operativa solo puede ser ejercida por los cuerpos operativos de los organismos de tránsito y por la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, excepcionalmente por las Fuerzas Militares.

La Función de Gestión Operativa consiste en la administración, gestión y actualización de los registros de información, implicando por tanto la realización de todas las gestiones y trámites que ello implique. Esta función se encuentra en cabeza de los organismos de tránsito y el Ministerio de Transporte, pudiendo estos delegar en terceros, a través de convenio, contrato o autorización dichas actividades. Es en este marco donde aparece el concepto de organismos de apoyo al tránsito.

La Función Sancionatoria consiste en la facultad que la ley le otorga a ciertas autoridades de tránsito para conocer de las infracciones de tránsito, determinar la responsabilidad contravencional de los presuntos infractores, imponer las sanciones de tránsito y de realizar las gestiones para hacerlas efectivas. Esta función está en cabeza de los organismos de tránsito y la Superintendencia de Transporte.

Legislación Complementaria: Ley 1450 de 2011

Artículo 84. Sistemas Inteligentes de Tránsito y Transporte – SIT. Los Sistemas Inteligentes de Transporte son un conjunto de soluciones tecnológicas informáticas y de telecomunicaciones que recolectan, almacenan, procesan y distribuyen información, y se deben diseñar para mejorar la operación, la gestión y la seguridad del transporte y el tránsito.

El Gobierno Nacional, con base en estudios y previa consulta con los prestadores de servicio, adoptará los reglamentos técnicos y los estándares y protocolos de tecnología, establecerá el uso de la tecnología en los proyectos SIT y los sistemas de compensación entre operadores.

Parágrafo 1. Las autoridades de tránsito y transporte en su respectiva jurisdicción, expedirán los actos administrativos correspondientes para garantizar el funcionamiento de los sistemas de gestión de tránsito y transporte de proyectos SIT, de acuerdo con el marco normativo establecido por el Gobierno Nacional. En aquellos casos en donde existan Áreas Metropolitanas debidamente constituidas, serán estas las encargadas de expedir dichos actos administrativos.

Parágrafo 2. Los Sistemas de Gestión y Control de Flota, de Recaudo y de Semaforización entre otros, hacen parte de los proyectos SIT.

Parágrafo 3. El montaje de los sistemas inteligentes de transporte, podrá implicar la concurrencia de más de un operador, lo que significará para el usuario la posibilidad de acceder a diferentes proveedores, en diferentes lugares y tiempo. El Gobierno Nacional, con base en estudios y previa consulta con los prestadores de servicio reglamentará la manera como esos operadores compartirán información, tecnologías o repartirán los recursos que provengan de la tarifa, cuando un mismo usuario utilice servicios de dos operadores diferentes.

Reglamentación: Decreto 1079 de 2015

Sistemas Inteligentes para la Infraestructura, el tránsito y el transporte

Artículo 2.5.1.1. Objeto y principios. La presente Parte tiene como objeto reglamentar los Sistemas Inteligentes para la Infraestructura, el Tránsito y el Transporte (SIT), establecer los parámetros para expedir los reglamentos técnicos, estándares, protocolos y uso de la tecnología en los proyectos de SIT, cumpliendo con los principios rectores del transporte, tránsito e infraestructura, como el de la libre competencia y el de la iniciativa privada, a los cuales solamente se aplicarán las restricciones establecidas por la ley y los Convenios Internacionales.

Artículo 2.5.1.2. Ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en esta Parte se aplicarán integralmente a la definición, diseño, organización, funcionamiento y administración de los Sistemas Inteligentes para la Infraestructura, el Tránsito y el Transporte (SIT), así como a todos los actores estratégicos de los sistemas en sus distintos órdenes y niveles, incluyendo las entidades territoriales, descentralizadas y demás entidades que participen en ellos.

Artículo 2.5.1.3. Definiciones. Para la interpretación y aplicación de la presente Parte se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

1. Actor estratégico: son aquellas personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, relacionadas directa o indirectamente con la planeación, regulación, desarrollo, implementación, operación, gestión, inspección, vigilancia, control, administración, o uso de los Sistemas Inteligentes para la Infraestructura, el Tránsito y el Transporte (SIT), o aquellos que realicen actividades de recaudo o intermediación para el uso de dichos sistemas.

2. Dispositivo a bordo: equipo electrónico instalado en un vehículo, utilizado para interactuar con los Sistemas Inteligentes para la Infraestructura, el Tránsito y el Transporte (SIT) o con los Subsistemas de Información para la Gestión.

3. Dispositivos portátiles o móviles: equipo electrónico que puede ser transportado por el usuario, con capacidad de procesamiento para ejecutar soluciones informáticas, y que proveen conexión a redes de telecomunicaciones para interactuar con Sistemas Inteligentes para la Infraestructura, el Tránsito y el Transporte.

4. Equipos en la Infraestructura: equipo electrónico instalado en la infraestructura, utilizado para interactuar con los Sistemas Inteligentes para la Infraestructura, el Tránsito y el Transporte (SIT), con dispositivos portátiles, con dispositivos a bordo, o con los Subsistemas de Información para la Gestión.

5. Interoperabilidad: es la interacción e intercambio de datos de acuerdo con un método definido a través de la integración de tecnología y regulación normativa, entre dos o más sistemas (computadores, medios de comunicación, redes, software y otros componentes de tecnología de la información).

6. Sistema Inteligente Nacional para la Infraestructura, el Tránsito y el Transporte (SINITT): estará administrado por el Ministerio de Transporte y su objetivo será consolidar y proveer la información que suministren los subsistemas de gestión que lo integren, así como la interoperabilidad de los SIT que se implementen a nivel nacional, cumpliendo con los principios de excelencia en el servicio al ciudadano, apertura y reutilización de datos públicos, estandarización, interoperabilidad, neutralidad tecnológica, innovación y colaboración, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo 1 del Título 9 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1078 de 2015, así como en las disposiciones que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

7. Sistemas Inteligentes para la Infraestructura, el Tránsito y el Transporte (SIT): son un conjunto de soluciones tecnológicas, informáticas y de telecomunicaciones que se encuentran en dispositivos portátiles o móviles, dispositivos a bordo o en equipos instalados en la infraestructura, diseñadas para apoyar la organización, eficiencia, seguridad, comodidad, accesibilidad y sostenibilidad de la infraestructura, el tránsito, el transporte y la movilidad en general.

8. Subsistemas de Información para la Gestión: son los subsistemas que componen el Sistema Inteligente Nacional para la Infraestructura, el Tránsito y el Transporte (Sinitt) administrado por el Ministerio de Transporte, que permiten el intercambio de información entre los actores estratégicos de cada Sistema Inteligente para la Infraestructura, el Tránsito y el Transporte que se implemente en el país.

9. TAG RFID: dispositivo electrónico pasivo que se emplea para la Identificación por Radio Frecuencia (RFID), según el estándar ISO 18000-63 o aquel que lo modifique o actualice, previa adopción por parte del Ministerio de Transporte.

Artículo 2.5.1.4. Principios. Todos los actores estratégicos deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan los Sistemas Inteligentes para la Infraestructura, el Tránsito y el Transporte (SIT) y cualquier subsistema de gestión que componga el Sistema Inteligente Nacional para la Infraestructura, el Tránsito y el Transporte (Sinitt), a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política y en especial con los siguientes:

1. Continuidad del servicio: los actores estratégicos deberán garantizar que los componentes necesarios de los Sistemas Inteligentes para la Infraestructura, el Tránsito y el Transporte funcionen de forma permanente, dentro de los parámetros de continuidad que establezca el Ministerio de Transporte, de manera que solo podrán ser suspendidos cuando se presenten situaciones que revistan especial gravedad.

2. Regularidad del servicio: corresponde a los actores estratégicos garantizar el servicio a través de una operación de los SIT que cumpla con la periodicidad que establezca el Ministerio de Transporte.

3. Calidad del servicio técnico: los actores estratégicos deberán garantizar que la operación de los Sistemas Inteligentes para la Infraestructura, el Tránsito y el Transporte sea óptima, de conformidad con los indicadores mínimos que establezca el Ministerio de Transporte.

4. Calidad en la atención al usuario: los actores estratégicos deberán garantizar de forma eficiente, a través de diferentes canales de atención al usuario del SIT, la respuesta oportuna, completa y de fondo a las peticiones. El Ministerio de Transporte regulará dichos canales de atención al usuario.

5. Tecnología avanzada y actualizada: los actores estratégicos de los Sistemas Inteligentes para la Infraestructura, el Tránsito y el Transporte deberán utilizar tecnología que no sea obsoleta y que esté orientada a mantener la disponibilidad e interoperabilidad del sistema a través del tiempo, dentro de los parámetros que establezca el Ministerio de Transporte.

6. Cobertura de los Sistemas Inteligentes para la Infraestructura, el Tránsito y el Transporte: corresponde a los actores estratégicos asegurar que la operación estará disponible en el territorio nacional, para todos los usuarios, sin importar el actor con el cual el usuario del sistema suscribió el contrato de transporte.

7. Seguridad física del Sistema: los actores estratégicos deberán asegurar la protección física de los Sistemas Inteligentes para la Infraestructura, el Tránsito y el Transporte, con el objeto de evitar daños a los mismos o a los usuarios.

8. Seguridad de la información de los SIT: El actor estratégico debe asegurar la protección de la información generada por dichos sistemas, y en ese sentido debe tener en cuenta los requerimientos mínimos de seguridad y calidad de la información, dentro de los parámetros que establezca el Ministerio de Transporte.

9. Disponibilidad del Sistema: los actores estratégicos deberán implementar los mecanismos necesarios que le permitan garantizar una disponibilidad del sistema, de conformidad con los lineamientos que para el efecto dicte el Ministerio de Transporte.

10. Información disponible del Sistema: los actores estratégicos mantendrán disponible la información actualizada del sistema, de conformidad con los lineamientos que para el efecto establezca el Ministerio de Transporte.

11. Sostenibilidad: corresponde al actor estratégico incluir dentro de los proyectos de Sistema Inteligente para la Infraestructura, el Tránsito y el Transporte, los criterios de costo/ beneficio, planeación y desarrollo, propendiendo por la eficiencia en el uso de la infraestructura de transporte, racionalidad y eficiencia de costos en las inversiones del Estado a través del tiempo, el mejoramiento de la calidad de vida de la población, el uso racional de los recursos naturales y la reducción de externalidades negativas.

12. Responsabilidad social: todo actor estratégico, en sus acciones y soluciones, deberá contribuir de forma activa y voluntaria al mejoramiento y sostenibilidad social, económica y ambiental.

Ente rector y comisión intersectorial de los sistemas inteligentes para la infraestructura, el tránsito y el transporte

Artículo 2.5.2.1. Ente rector de los Sistemas Inteligentes para la Infraestructura, el Tránsito y el Transporte. El ente rector de los Sistemas Inteligentes para la Infraestructura, el Tránsito y el Transporte (SIT) es el Ministerio de Transporte, el cual es la autoridad encargada de formular la política pública de los sistemas y regular su procedimiento e implementación.

Parágrafo 1. El Ministerio de Transporte podrá crear un grupo de trabajo que se encargue de garantizar la adecuada organización y estructuración de las políticas públicas referentes a los Sistemas Inteligentes para la Infraestructura, el Tránsito y el Transporte.

Parágrafo 2. Las entidades públicas previstas en la ley, de acuerdo con sus competencias en cada caso, serán las encargadas de ejercer la inspección, vigilancia y control de los actores estratégicos y sus sistemas. 

Artículo 2.5.2.2. Comisión Intersectorial de los Sistemas Inteligentes para la Infraestructura, el Tránsito y el Transporte. Créese una comisión intrasectorial, como instancia de coordinación y seguimiento del desarrollo de los Sistemas Inteligentes para la Infraestructura, el Tránsito y el Transporte (SIT).

Artículo 2.5.2.3. Integrantes de la Comisión Intersectorial. La Comisión estará integrada por:

1. El Ministro de Transporte o su delegado quien la presidirá.

2. El Director de la Agencia Nacional de Infraestructura, o su delegado

3. El Director de Instituto Nacional de Vías, o su delegado

4. El Superintendente de Puertos y Transporte o su delegado.

5. El Director de la Aeronáutica Civil o su delegado.

6. El Director de la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, Cormagdalena, o su delegado, en calidad de invitado.

7. El Director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial o su delegado.

8. El Director de la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte (UPIT) o su delegado.

9. La Comisión de Regulación de Infraestructura y Transporte (CRIT) o su delegado.

10. El Director de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional (DITRA) o su delegado.

Parágrafo. Una vez la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte (UPIT) y la Comisión de Regulación de Infraestructura y Transporte (CRIT) entren en funcionamiento, los directores o sus delegados harán parte de la Comisión.

Artículo 2.5.2.4. Funciones de la Comisión Intersectorial. La Comisión tendrá las siguientes funciones:

1. Adoptar un plan de trabajo para que las entidades que forman parte de la Comisión, conforme a sus competencias, actúen de forma coordinada sobre los Sistemas Inteligentes para la Infraestructura, el Tránsito y el Transporte y desarrollen políticas que los impacten positivamente.

2. Proponer planes o proyectos relacionados con la modificación de la política pública de los Sistemas Inteligentes para la Infraestructura, el Tránsito y el Transporte.

3. Coordinar y servir como instancia de concertación y articulación con los diferentes actores estratégicos.

4. Proponer los mecanismos institucionales, políticos, administrativos, sociales, económicos y culturales, que permitan la sostenibilidad de la política pública sobre los Sistemas Inteligentes para la Infraestructura, el Tránsito y el Transporte a largo plazo.

5. Promover los mecanismos de cooperación entre entidades nacionales e internacionales, en materias relacionadas con los Sistemas Inteligentes para la Infraestructura, el Tránsito y el Transporte.

6. Hacer seguimiento a las acciones sobre los Sistemas, con base en los informes que consolide la Secretaría Técnica de la Comisión.

7. Expedir el reglamento de funcionamiento del Comité Técnico.

8. Darse su propio reglamento.

9. Las demás funciones propias de su naturaleza.

Artículo 2.5.2.5. Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial. La Comisión Intersectorial de los Sistemas Inteligentes para la Infraestructura, el Tránsito y el Transporte contará con una secretaría técnica que será ejercida por el Ministerio de Transporte.

Artículo 2.5.2.6. Funciones de la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial de los Sistemas Inteligentes para la Infraestructura, el Tránsito y el Transporte. Serán funciones de la Secretaría Técnica las siguientes:

1. Consolidar las iniciativas y políticas propuestas por la Comisión con los planes sectoriales.

2. Articular las diferentes propuestas y avances del Comité Técnico y presentarlas a la Comisión, cuando sea pertinente o necesario.

3. Realizar las convocatorias a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Comisión.

4. Preparar y presentar a la Comisión las propuestas, los documentos de trabajo, informes y demás material de apoyo que sirva de soporte a las decisiones de la misma.

5. Elaborar el reglamento operativo de la Comisión y someterlo a su aprobación.

6. Elaborar las actas y hacer seguimiento al cumplimiento de las decisiones, acuerdos y compromisos adquiridos por la Comisión.

7. Las demás funciones propias de su naturaleza o las que le sean asignadas por la Comisión.

Artículo 2.5.2.7. Sesiones de la Comisión Intersectorial de los Sistemas Inteligentes para la Infraestructura, el Tránsito y el Transporte. La Comisión se reunirá ordinariamente cada dos (2) meses, previa convocatoria realizada por la Secretaría Técnica y extraordinariamente a solicitud del Ministro de Transporte o su delegado.

La convocatoria a los miembros de la Comisión se hará por cualquier medio físico o electrónico, indicando el día, la hora y el lugar.

Las sesiones se podrán realizar de forma presencial o virtual a través de medios electrónicos, informáticos, telefónicos, audiovisuales o cualquier otro medio que permita el intercambio de información entre los miembros de la Comisión y quedarán consignadas en un acta.

Parágrafo. A las sesiones convocadas por la Comisión podrán ser invitados, con voz pero sin voto, los funcionarios y representantes de las entidades públicas o privadas, cuyo aporte se estime de utilidad para los fines encomendados a la misma.

Parágrafo Transitorio. La primera sesión ordinaria será convocada dentro de los dos (2) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente Parte.

Artículo 2.5.2.8. Quórum. La Comisión podrá deliberar con tres (3) o más de sus miembros y las decisiones serán adoptadas por mayoría simple de los asistentes.

Artículo 2.5.2.9. Comité Técnico. La Comisión contará con un Comité Técnico que estará a cargo de la Secretaría Técnica. El Comité Técnico estará integrado por un grupo de profesionales de las entidades que hacen parte de la Comisión, de conformidad con la reglamentación que para estos efectos expida la Comisión.

Sistema inteligente nacional para la infraestructura, el tránsito y el transporte (sinitt)

Artículo 2.5.3.1. Sistema Inteligente Nacional para la Infraestructura, el Tránsito y el Transporte (Sinitt). El Ministerio de Transporte realizará todas las gestiones necesarias para la creación, implementación y funcionamiento del Sistema Inteligente Nacional para la Infraestructura, el Tránsito y el Transporte (Sinitt).

Artículo 2.5.3.2. Subsistemas del Sinitt. El Sinitt estará compuesto entre otros, por los siguientes subsistemas de información:

1. Subsistema para la Gestión de Transacciones de Recaudo Electrónico Vehicular (SIGT): realiza la consolidación y distribución de la información que se produce en ese tipo de transacciones efectuadas entre los actores estratégicos.

2. Subsistema para la Gestión de Disputas (SIGD): realiza la gestión de disputas entre los diferentes actores, generadas durante la operación de los Sistemas Inteligentes para la Infraestructura, el Tránsito y el Transporte.

3. Subsistema de Información para la gestión de la autenticación de actores estratégicos de los Sistemas Inteligentes para la Infraestructura, el Tránsito y el Transporte (Sigaae): su objetivo principal es permitir el acceso al Sinitt o los subsistemas de gestión, a los actores debidamente habilitados.

Parágrafo. El Ministerio de Transporte regulará los Subsistemas del Sinitt.

Artículo 2.5.3.3. De los actores. El Ministerio de Transporte definirá los requisitos que debe cumplir y las funciones que puede ejercer un actor estratégico en los Sistemas Inteligentes para la Infraestructura, el Tránsito y el Transporte que se implementen en el país. De forma enunciativa se citan los siguientes actores:

1. Operador (OP): la persona natural o jurídica previamente habilitada por el Ministerio de Transporte que provea un bien o servicio relacionado con los Sistemas Inteligentes para la Infraestructura, el Tránsito y el Transporte, e igualmente realice el recaudo electrónico de las tasas o tarifas que se generen como consecuencia de la provisión que realiza.

El Ministerio de Transporte regulará los requisitos para obtener la habilitación.

2. Intermediador (INT): es la persona jurídica debidamente habilitada por el Ministerio de Transporte, que puede establecer relaciones con los usuarios de los SIT, los operadores (OP) u otro actor de los SIT que autorice el Ministerio de Transporte, para el suministro de productos o la prestación de determinados servicios.

El Ministerio de Transporte regulará los requisitos para obtener la respectiva habilitación.

3. Usuario: persona natural o jurídica que hace uso de la infraestructura, el tránsito y el transporte, a través de los SIT.

Recaudo electrónico vehicular

Artículo 2.5.4.1. Recaudo electrónico vehicular (REV). El recaudo electrónico vehicular es un sistema inteligente para la infraestructura, el tránsito y el transporte, que permite a los usuarios pagar mediante una transacción electrónica bienes o servicios, mediante la utilización de tecnologías de apoyo, instaladas en la infraestructura o en dispositivos a bordo del vehículo.

Parágrafo. Todos los proyectos de REV que se definan, implementen o requieran actualización de forma directa o a través de terceros con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente Parte, deberán ajustarse a la política pública y cumplir lo exigido en este Título y en la regulación que para tal efecto expida el Ministerio de Transporte.

Artículo 2.5.4.2. Dispositivo a bordo del vehículo. Es el equipo instalado en un vehículo, utilizado para efectos de identificación y recaudo electrónico vehicular. Para el caso específico de peajes electrónicos en Colombia, el dispositivo abordo es la etiqueta de radiofrecuencia (TAG RFID) según el estándar ISO 18000-63 o aquel que lo modifique, actualice o adicione, previa adopción por parte del Ministerio de Transporte.

Artículo 2.5.4.3. Interoperabilidad del sistema de Recaudo Electrónico Vehicular (IP/REV). El Ministerio de Transporte, con el objeto de garantizar la interoperabilidad del sistema, regulará las condiciones financieras, técnicas y jurídicas mínimas que debe cumplir una entidad para ejercer el rol de operador, intermediador o cualquier otra función definida por el Ministerio de Transporte en el sistema IP/REV.

Artículo 2.5.4.4. Marca de interoperabilidad. El Ministerio de Transporte podrá crear y registrar ante la autoridad competente una marca, que identifique los bienes o servicios que cuentan con Recaudo Electrónico Vehicular REV interoperable a nivel nacional”.

Reglamentación: Resolución MT-20223040028675 de 2022

Artículo 1. Plan Maestro Nacional de Sistemas Inteligentes para la Infraestructura, el Tránsito y el Transporte (SIT). Adóptese el Plan Maestro Nacional de Sistemas Inteligentes para la Infraestructura, el Tránsito y el Transporte (SIT) incluido en el anexo de la presente Resolución, el cual hace parte integral de la misma.

Artículo 2. Articulación con el Plan Maestro Nacional de Sistemas Inteligentes para la Infraestructura, el Tránsito y el Transporte (SIT). Los municipios, distritos, departamentos y áreas o regiones metropolitanas, que formulen Planes de Sistemas Inteligentes para la Infraestructura, el Tránsito y el Transporte en su jurisdicción, deberán armonizarlos con base en los fundamentos y políticas definidos en el Plan Maestro Nacional de Sistemas Inteligentes para la Infraestructura, el Tránsito y el Transporte (SIT), adoptado en la presente resolución.

Parágrafo 1. Los municipios, distritos, departamentos y áreas o regiones metropolitanas, que al momento de entrada en vigencia de la presente resolución no cuenten con un Plan de Sistemas Inteligentes para la Infraestructura, el Tránsito y el Transporte en su jurisdicción, deberán expedirlo en un plazo máximo de dos (2) años contados a partir de la entrada en vigencia de la misma.

Parágrafo 2. En consideración a la transversalidad de los Sistemas Inteligentes para la Infraestructura, el Tránsito y el Transporte (SIT), tanto en el sector transporte como en el sector TIC, los municipios, distritos, departamentos y áreas o regiones metropolitanas, que formulen Planes de Sistemas Inteligentes de Transporte en su jurisdicción, deberán considerar los estándares y lineamientos de los SIT en articulación con los que en materia de Sistemas de Información establezca el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC). Así como las normas relativas a redes, servicios, terminales de telecomunicaciones y uso del espectro radioeléctrico que expida dicho Ministerio, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), la Agencia Nacional del Espectro (ANE), o quienes hagan sus veces.

Artículo 3. Actualización de Planes Locales de Sistemas Inteligentes para la Infraestructura, el Tránsito y el Transporte. Los municipios, distritos, departamentos y áreas o regiones metropolitanas que al momento de la entrada en vigencia de la presente Resolución cuenten con un Plan Maestro de Sistemas Inteligentes para la Infraestructura, el Tránsito y el Transporte en su jurisdicción, deberá realizar las modificaciones a que haya lugar conforme a lo estipulado en la presente resolución, en un plazo máximo de dos (2) años contados a partir de la entrada en vigencia de la misma.

Artículo 85. Centro Inteligente de Control de Tránsito y Transporte – CICTT. Se autoriza al Ministerio de Transporte y sus entidades adscritas para estructurar y poner en funcionamiento el Centro Inteligente de Control de Tránsito y Transporte – CICTT, que será operado por la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional en coordinación permanente y continua con la Superintendencia de Puertos y Transporte con el propósito de contribuir a la seguridad vial y al control en cumplimiento de las normas de tránsito y transporte.

Las autoridades de tránsito podrán delegar en entidades privadas el aporte de pruebas de infracciones de tránsito, el recaudo de las multas correspondientes, la tramitación de especies venales y todos los trámites previstos en las normas legales y reglamentarias, salvo la valoración de dichas pruebas.

Comentario del Editor:

El inciso 2 del artículo 7 del Código Nacional de Tránsito implica (i) una autorización expresa del legislador, (ii) la cual se encuentra en cabeza de las autoridades de tránsito establecidas en el artículo 3 de la misma codificación, (iii) la delegación puede hacerse en particulares o incluso en otras entidades públicas, (iv) éstas deben recaer sobre actividades o funciones que se encuentren en cabeza de cada autoridad, siempre y cuando no impliquen el ejercicio de la función de regulación normativa o sancionatoria, (vi) puede delegarse el aporte de pruebas de infracciones de tránsito, el recaudo de multas, la tramitación de especies venales y todos los trámites previstos por la ley, (vii) el instrumento de delegación debe ser un convenio o contrato de acuerdo a las normas de contratación pública.

Cada organismo de tránsito contará con un cuerpo de agentes de tránsito que podrá ser contratado, como personal de planta o excepcionalmente por prestación de servicios para determinadas épocas o situaciones que determinen la necesidad de dicho servicio.

Actuarán en su respectiva jurisdicción, salvo que por una necesidad del servicio, un municipio o departamento a través de su autoridad de tránsito, deba apoyar a otra entidad territorial.

El Ministerio de Transporte tendrá a su cargo un cuerpo especializado de agentes de tránsito de la Policía Nacional que velará por el cumplimiento del régimen normativo de tránsito en todas las carreteras nacionales por fuera del perímetro urbano de distritos y municipios.

Legislación Complementaria: Ley 105 de 1993

Artículo 12.- Definición e integración de la infraestructura de transporte a cargo de la Nación. Se entiende por infraestructura del transporte a cargo de la Nación, aquella de su propiedad que cumple la función básica de integración de las principales zonas de producción y de consumo del País, y de este con los demás países. Esta infraestructura está constituida por:

1. La red nacional de carreteras, con sus zonas, facilidades, y su señalización, que se define de acuerdo con los siguientes criterios:

a. Las carreteras cuyos volúmenes de tránsito sean superiores a aquellas que sirven hasta un 80% del total de la red vial de carreteras.

b. Las carreteras con dirección predominante sur – norte, denominadas Troncales, que inician su recorrido en las fronteras internacionales y terminan en los puertos del Atlántico o en fronteras internacionales.

c. Las carreteras que unen las Troncales anteriores entre sí, denominadas Transversales, cuyo volumen de tránsito está justificado, según el contenido del literal a, que comuniquen con los Países limítrofes o con los puertos de comercio internacional.

d. Las carreteras que unen las capitales de Departamento con la red conformada con los anteriores criterios, de acuerdo con su factibilidad técnica y económica; esta conexián puede ser de carácter intermodal.

e. Las vías para cuya constitución se ha comprometido el Gobierno Nacional con Gobiernos Extranjeros mediante convenios o pactos internacionales.

Con el propósito de que se promueva la transferencia de las vías que están hoy a cargo de la Nación hacia los Departamentos, el Ministerio de Transporte adoptará los mecanismos necesarios para que la administración, conservación y rehabilitación de esas vías, se pueda adelantar por contrato.

Las carreteras nacionales podrán convertirse en departamentales a petición del Departamento respectivo, si este demuestra la capacidad para su rehabilitación y conservación.

(…)

Artículo 16.- Integración de la infraestructura de transporte a cargo de los departamentos. Hacen parte de la infraestructura Departamental de Transporte, las vías que hoy son de propiedad de los Departamentos; las que son hoy responsabilidad de la Nación – Fondo Vial Nacional o del Fondo Nacional de Caminos Vecinales – y que el Gobierno Nacional en cumplimiento de lo ordenado en esta Ley, les traspase mediante convenio a los departamentos, al igual que aquellas que en el futuro sean departamentales, las que comunican entre sí dos cabeceras municipales, así como la porción territorial correspondiente de las vías interdepartamentales que no sean parte de la red Nacional; al igual que los puertos y muelles fluviales y los aeropuertos, en la medida que sean de su propiedad o que le sean transferidos. Para el cumplimiento del programa de transferencia de las vías de la Nación a los Departamentos, el Ministerio de Transporte elaborará un plan gradual de transferencia de vías, de tecnología y de recursos económicos, apropiados por el Fondo de Cofinanciación de Vías creado por esta Ley, de tal forma que ello les permita una eficaz administración, conservación y rehabilitación de las carreteras que reciban.

La Nación no podrá entregar responsabilidades sin la definición, apropiación o giro de los recursos necesarios. Mientras se hace la entrega, la responsabilidad del mantenimiento la tendrá la Nación. Los Departamentos y los Distritos podrán limitar el monto en mantenimiento de estas carreras, a los recursos que para tal fin reciban del citado Fondo.

Los Departamentos al recibir las carreteras de la Nación, se obligan también a recibir los contratos con las Asociaciones de Trabajadores que tienen cooperativas o precooperativas para el mantenimiento vial.

Parágrafo 1. Harán parte parcialmente, de la infraestructura departamental de transporte los puertos marítimos y los aeropuertos de acuerdo con la participación que tengan en las sociedades portuarias o aeroportuarias regionales.

Parágrafo 2. En los casos en que se acometa la construcción de una variante de una carretera Nacional, su alterna podrá pasar a la infraestructura departamental si reúne las características de esta, a juicio del Ministerio de Transporte.

Parágrafo 3. Los Departamentos y los Distritos podrán acceder en forma directa al Fondo de Cofinanciación de Vías. Los Municipios para el cofinanciamiento de las Vías Vecinales accederán a través del Departamento correspondiente.

Los Municipios y los Distritos podrán acceder en forma directa al Fondo de Cofinanciación para la Infraestructura Urbana.

Artículo 17. Integración de la infraestructura distrital y municipal de transporte. Hace parte de la infraestructura Distrital Municipal de transporte, las vías urbanas, suburbanas y aquellas que sean propiedad del Municipio, las instalaciones portuarias fluviales y marítimas, los aeropuertos y los terminales de transporte terrestre, de acuerdo con la participación que tengan los municipios en las sociedades portuarias y aeroportuarias, en la medida que sean de su propiedad o cuando estos le sean transferidos.

Parágrafo 1. En los casos en que se acometa la construcción de una vía nacional o departamental, su alterna, podrán pasar a la infraestructura municipal si reúne las características de esta, a juicio del Ministerio de Transporte.

Parágrafo 2. La política sobre terminales de transporte terrestre en cuanto a su regulación, tarifas y control operativo, será ejercido por el Ministerio de Transporte.

Reglamentación: Resolución MT-20223040045295 de 2022

Medidas para la Regulación del Tráfico Vehicular Tendientes a Garantizar la Movilidad en las Vías del País

Artículo 8.2.1. Definiciones. Para efectos de la correcta interpretación del presente capítulo, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

Anillo vial: Es una medida especial de manejo del tránsito vehicular, que consiste en habilitar dos trayectos viales diferentes para transitar cada uno en sentidos contrarios, en los cuales el origen de uno es el destino del otro.

Carga extrapesada: Carga indivisible que una vez montada en vehículos convencionales homologados por el Ministerio de Transporte, excede el peso bruto vehicular o los límites de peso por eje autorizados en las normas vigentes para el tránsito normal por las vías públicas.

Carga extradimensionada: Carga indivisible que excede las dimensiones de la carrocería de los vehículos convencionales homologados por el Ministerio de Transporte para la movilización de carga en tránsito normal por las vías públicas.

Contraflujo: Es una medida especial de manejo del tránsito vehicular, que consiste en habilitar un carril para que pueda ser utilizado en sentido contrario, siempre y cuando exista más de un carril en el sentido que se va a cambiar su utilización, garantizando el tránsito en ambos sentidos.

Puente festivo: Es la unión de los dos días correspondientes a un fin de semana (sábado y domingo) con un día festivo anterior (viernes) o posterior (lunes) a estos.

Reversible: Es una medida especial de manejo del tránsito vehicular, que consiste en habilitar el tránsito vehicular en un solo sentido de circulación, a lo largo de un tramo de vía de doble calzada, restringiendo la circulación de los vehículos que vienen en sentido contrario. Esta medida se aplica por un período de tiempo determinado por la autoridad de tránsito competente, con base en el comportamiento de la movilidad vehicular.

Temporadas especiales: Son los periodos donde se registra un alto volumen de tránsito vehicular en las diferentes vías del país, debido a épocas específicas, entre las que se destacan, la temporada de Semana Santa, de Navidad y Año Nuevo, puentes festivos, entre otras.

Regulación de tráfico: Programación de los vehículos que pasa por un punto específico con la finalidad de garantizar movilidad en las vías nacionales.

Artículo 8.2.2. La regulación del tráfico a que alude al presente capítulo, se aplicará para vehículos de carga con capacidad igual o mayor a 3.4 toneladas y vehículos y/o carga extradimensionada o extrapesada y se hará teniendo en cuenta los siguientes días y horarios:

PUENTES FESTIVOS:

El día viernes del puente festivo, de las 16:00 a las 20:00 horas.*

El día sábado del puente festivo, de las 12:00 a las 20:00 horas.

El día lunes del puente festivo, de las 09:00 a las 22:00 horas.

Los días domingos cuando no hagan parte de un puente festivo de las 16:00 a las 20:00 horas.

*Solo salida de Bogotá.

Los días domingos cuando no hagan parte de un puente festivo de las 16:00 a las 20:00 horas.

SEMANA SANTA:

El viernes anterior al domingo de ramos, de las 15:00 a las 22:00 horas.*

El sábado anterior al domingo de ramos, de las 09:00 a las 20:00 horas.

El domingo de Ramos, de las 12:00 a las 22:00 horas.

El Miércoles Santo, de las 12:00 a las 24:00 horas.

El Jueves Santo, de las 08:00 a las 20:00 horas.

El Sábado Santo, de las 12:00 a las 22:00 horas.

El domingo de Resurrección, de las 09:00 a las 24:00 horas.

*Solo salida de Bogotá

Artículo 8.2.3. Si se presenta congestión u obstrucción de las vías por alto flujo vehicular o situaciones de emergencia en los días de que trata el artículo precedente, o en cualquier corredor vial, el Comité Interinstitucional para la Adopción y Ejecución del Plan Estratégico Integral de Seguridad y Movilidad, deberá implementar planes de regulación de tráfico (reversible, contraflujo, anillos viales), según corresponda, con el propósito de garantizar la movilización de los vehículos.

Igualmente, podrá implementar anillos viales en los siguientes días festivos: San José, Corpus Christi, San Juan, San Pedro, Asunción de Nuestra Señora y el día de todos los Santos.

Parágrafo. El Comité Interinstitucional para la Adopción y Ejecución del Plan Estratégico Integral de Seguridad y Movilidad dentro de los treinta (30) días anteriores a lo establecido en el artículo 8.2.1., de la presente resolución, determinará mediante circular los corredores viales donde se aplicará esta medida de regulación del tráfico vehicular.

Artículo 8.2.4. Con el propósito de dar un máximo aprovechamiento a la infraestructura de dobles calzadas del país y mejorar el nivel de competitividad y productividad, a partir de la fecha y por un período de tres (3) meses se levantará totalmente la regulación del tránsito vehicular en los corredores pertenecientes a la Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca, (MVCC) donde se hayan concluido los tramos de doble calzada o su avance de obra sea superior al 90%.

Durante este período se adelantará una evaluación permanente del comportamiento del tránsito vehicular por parte del Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura y el Instituto Nacional de Vías, en compañía de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, en especial a los indicadores de:

1. Tránsito promedio diario por hora.

2. Accidentalidad vial.

Bajo los criterios y metodología anteriores, se analizarán los demás corredores que actualmente se están construyendo en doble, para validar la viabilidad de levantar totalmente la regulación del tráfico vehicular en tramos específicos.

Parágrafo. La Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional continuará realizando el control de las normas de tránsito en los corredores de qué trata el presente artículo.

Artículo 8.2.5. Se exceptúan de lo definido en el presente capítulo, los vehículos de carga con capacidad de 3.4 toneladas o más, y de cuya carga total, por lo menos el 80% del peso corresponda a:

1. Periódico con ediciones del día.

2. Especies avícolas, huevos, leche, lácteos, carne, frutas, verduras, flores y hortalizas.

3. Ganado de lidia, especies pecuarias y equinos de competencia o exposición.

4. Arroz paddy, maíz, sorgo y soya, con destino a las plantas de procesamiento o empacado.

5. Desechos sólidos de origen domiciliario y desechos líquidos.

6. Oxígeno medicinal en estado gaseoso y líquido, identificado con los números 1072 y 1073 de la ONU, siempre que sean transportados en cilindros o en tanques criogénicos con la debida identificación exterior.

7. Combustibles: gasolina, ACPM, biodiésel, alcohol carburante y Gas Natural Comprimido (GNC).

8. Caña de azúcar y bagazo de caña de azúcar.

9. Maquinaria y/o herramientas para atender emergencias en la infraestructura vial, oleoductos y de servicios domiciliarios del país. 

Doctrina Administrativa:

Concepto MT-20231340281841 de 2023. “No obstante, no existe disposición legal ni reglamentaria que establezca que esta clase de vehículos, si sus propietarios le dan destinación especifica, estén exentos de las restricciones establecidas por las autoridades de tránsito del orden nacional o territorial con fundamento en lo dispuesto en el parágrafo 3 del artículo 6 y artículo 119 de la Ley 769 de 2002, sin embargo, en consideración de esta OAJ, la excepción establecida en el numeral 9 del artículo 8.2.5 de la Resolución 20223040045295 de 2022, para los vehículos destinados a la atención de emergencias en la infraestructura vial, oleoductos y de servicios domiciliarios del país, aplica para los vehículos destinados a atender cualquier emergencia ambiental, máxime si se tiene en cuenta que estas emergencias, además de los graves daños ambientales que pueden causar, son una amenaza y causa de daño a la salud pública, y pérdida de vidas humanas.”

10. Vehículos tipo grúa que deban trasladarse para la atención de vehículos que se encuentren obstruyendo las vías.

11. Vehículos de recolección y transporte de leche procesada y sin procesar, sin importar el porcentaje de utilización de su capacidad, siempre y cuando se transporte sólo este producto.

Parágrafo. Adicionado por la Resolución 2023 304000265, artículo 1. El Comité Interinstitucional para la Adopción y Ejecución del Plan Estratégico Integral de Seguridad y Movilidad, determinará la procedencia y la temporalidad de aplicación de las excepciones anteriormente relacionadas para regular el tráfico en algunas vías y fechas, quedando facultado para modificar, adicionar y/o suprimir las mismas; considerando las necesidades de seguridad, bienestar ciudadano, comodidad de los habitantes, la competitividad y productividad del país. Reconociendo que en determinadas temporadas del año se presenta un alto flujo de vehículos particulares, y considerando las condiciones especiales de algún tipo de carga y/o mercancía que requiera movilizarse.

Doctrina Administrativa:

Concepto MT-20231340498311 de 2023. “– En razón que, en los puentes festivos, temporadas vacacionales o en atención de situaciones de emergencia, se genera alta flujo vehicular en las vías de la Red Nacional, las autoridades competentes deben implementar estrategias efectivas mediante un trabajo articulado, con el fin de activar planes de contingencia específicos para garantizar la movilidad y la seguridad de los ciudadanos. – La restricción de movilización en el territorio nacional durante puentes festivos, temporadas de vacaciones y semana santa que trata la Resolución 2307 del 2014 modificada por la Resolución 2415 del 2014 compiladas en la Resolución 20223040045295 del 4 de agostos de 2002 “Por medio del cual se expide la Resolución Única Compilatoria en materia de Tránsito del Ministerio de Transporte”, aplica para vehículos de carga con capacidad igual o superior a 3,4 toneladas (3.400 kilogramos) y carga extradimensionada o extrapesada que transiten en las vías de la red nacional. – Solo estarán exceptuados de la restricción de movilización durante puentes festivos, temporadas de vacaciones y semana santa, los vehículos de carga con capacidad igual o superior a 3,4 toneladas y cuya carga total por lo menos el 80% del peso corresponda a los productos mencionados en el artículo al artículo 8.2.5 de la Resolución 20223040045295 de 2022, por lo anterior, se precisa que las excepciones enunciadas en dicho articulado, aplican en los días y horarios de restricción específicos; por lo tanto, dichos vehículos podrán movilizarse por las vías nacionales del país. – Ahora bien, las normas referidas no exceptúan de la restricción a los vehículos de carga cuando se movilicen vacíos y requieran retornar a la empresa generadora de la carga. – Para finalizar, el Comité Interinstitucional para la Adopción y Ejecución del Plan Estratégico Integral de Seguridad y Movilidad, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, son los encargados de implementar y aplicar los controles de los planes de regulación de tráfico pertinentes, para garantizar el buen desarrollo de la movilidad en las principales carreteras del país.”

Cualquier autoridad de tránsito, entiéndase agentes o inspectores, están facultados para abocar el conocimiento de una infracción o de un accidente mientras la autoridad competente asume la investigación, aun en las carreteras nacionales de su jurisdicción y en especial cuando la Policía Nacional, no tiene personal dispuesto en dicha jurisdicción.

Parágrafo 1. La Policía Nacional con los servicios especializados de Policía de Carreteras y Policía Urbana de Tránsito, contribuirá con la misión de brindar seguridad y tranquilidad a los usuarios de la Red Vial Nacional.

Parágrafo 2. La Policía Nacional reglamentará el funcionamiento de la Seccional de Formación y Especialización en Seguridad Vial, de sus cuerpos especializados de policía urbana de tránsito y policía de carreteras, como instituto docente con la facultad de expedir títulos de idoneidad en esta área, en concordancia con la Ley 115 de 1994.

Parágrafo 3. El Ministerio de Transporte, a través de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, podrá asistir técnicamente a las Instituciones de Educación Superior, que promocionen dentro de sus ofertas académicas. (sic) La Formación y Especialización en Seguridad Vial que las autoridades territoriales requieren para sus autoridades de tránsito.

Parágrafo 4. Los organismos de tránsito podrán celebrar contratos y/o convenios con los cuerpos especializados de policía urbana de tránsito mediante contrato especial pagado por los distritos, municipios y departamentos y celebrado con la Dirección General de la Policía. Estos contratos podrán ser temporales o permanentes, con la facultad para la policía de cambiar a sus integrantes por las causales establecidas en el reglamento interno de la institución policial.

Parágrafo 5. Adicionado Artículo 5 Ley 1843 de 2017. La contratación con privados para la implementación de ayudas tecnológicas por parte de las autoridades de tránsito deberá realizarse conforme las reglas que para tal efecto dicten las normas de contratación estatal. La remuneración a la inversión privada para la instalación y puesta en operación de sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección de infracciones no podrá superar en ningún caso el 10% del recaudo.

Texto del Editor:

La instalación y puesta en marcha del sistema de fotodetección es una actividad diferente a la operación. El límite de remuneración al contratista solo opera para la primera.

De una lectura amplia del Código Nacional de Tránsito Terrestre – CNTT, modificado por la Ley 1383 de 2010⁶⁶, se colige que las autoridades de tránsito pueden contratar con particulares diversas actividades inherentes a la función sancionadora por infracciones de tránsito:

-El artículo 135 permitió la contratación de servicios de medios técnicos y tecnológicos para evidenciar las infracciones de tránsito, el vehículo, el día, la hora y lugar.

-El artículo 7 permitió la delegación del aporte de pruebas de las infracciones de tránsito y la delegación del recaudo de las multas de tránsito.

-El artículo 159 permitió contratar el cobro efectivo de las multas por infracciones de tránsito y todos los servicios complementarios que permitan que el cobro sea más célere y eficaz.

El Código Nacional de Tránsito previó dos modalidades a fin de concretar la ejecución por particulares de las funciones antes relacionadas: i) la delegación de funciones y ii) la contratación de servicios. A este respecto se pronunció la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en el siguiente sentido:

“Para que las autoridades de tránsito pudieran entregar estas actividades a los particulares, el Código Nacional de Tránsito Terrestre previó dos figuras:

a) La delegación de funciones: para el aporte de las pruebas (art. 7) y para el recaudo de las multas (art. 7).

b) La contratación de determinados servicios: para contratar los servicios de medios técnicos y tecnológicos que permitan evidenciar la infracción de tránsito, la identificación del vehículo, la hora, el día y lugar de su comisión (art. 135) o del conductor (art. 129. Parág.2); el cobro de las multas (art. 159) y, en general, los bienes y servicios necesarios para realizar el cobro de las multas con mayor celeridad y eficiencia (art. 135 parágrafo. 2)”⁶⁷.

Centrándonos en el tema particular que nos ocupa, esto es, la contratación de servicios de medios técnicos y tecnológicos para evidenciar las infracciones de tránsito, corresponde en primer lugar destacar que si bien la Ley 1843 de 2017 incorporó cambios al CNTT que suponen la imposibilidad de delegar y/o contratar funciones que antes podían ser ejecutadas por particulares, en lo concerniente a la contratación de servicios de medios técnicos y tecnológicos, la norma conservó la posibilidad de seguir contratándolos.

De otra parte, corresponde aclarar que, respecto a la contratación de servicios de medios técnicos y tecnológicos para la detección de infracciones de tránsito, es necesario distinguir entre la contratación de su instalación y puesta en funcionamiento, de la contratación de su operación y control. Lo anterior teniendo en cuenta que, en la práctica, la contratación de estos servicios implica necesariamente la celebración de dos contratos que tienen objetos independientes:

i) Un primer contrato en el que se pacta el desarrollo de los servicios de instalación y puesta en operación de los sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos. Estos consisten en todas las actividades que debe realizar el particular para poner al servicio de las autoridades de tránsito los referidos sistemas. En especial, la instalación física de sistemas de hardware, el licenciamiento, ajuste, programación de software, tramitación de las autorizaciones y realización de las pruebas técnicas exigidas por la Ley para que estos equipos puedan entrar en funcionamiento.

ii) Y un contrato adicional que se circunscribe a la operación directa de fotodetección, esto es, al procesamiento constante de la información capturada por los equipos tecnológicos, a efectos de entregar las pruebas de las infracciones a las autoridades de tránsito para su respectiva valoración y el mantenimiento de los sistemas instalados mediante el desarrollo de los procesos y gestiones adecuadas para que los equipos funcionen correctamente, identificando la infracción.

La distinción entre la instalación y puesta en funcionamiento y la operación de los medios técnicos y tecnológicos para la detección de infracciones de tránsito atiende por supuesto a que cada una de las actividades tiene una naturaleza distinta. Pero incluso, la distinción también está soportada en la modalidad a través de la cual el Estado traslada a los particulares la ejecución de la actividad. Respecto a la instalación y puesta en funcionamiento, la modalidad a través de la cual el Estado vincula a los particulares es la contratación de servicios. Por el contrario, de cara a la operación de los dispositivos técnicos y tecnológicos para la detección de las infracciones, lo que se concreta es la delegación en particulares de la función administrativa de aportar las pruebas que soporten la imposición de la sanción. A este respecto se pronunció la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, así:

“Actividades que pueden ser contratadas y delegadas por las autoridades de tránsito

a) Contratar los servicios de medios técnicos y tecnológicos que permitan evidenciar las infracciones de tránsito.

De acuerdo con el art. 135 del Código Nacional de Tránsito Terrestre, las autoridades de tránsito pueden contratar los sistemas de medios técnicos y tecnológicos que le permitan detectar la infracción, así́ como el vehículo, el día, el lugar y la hora de su comisión.

En concordancia con lo anterior, el art. 5 de la Ley 1843 de 2017 reguló la contratación para la instalación y la puesta en operación de los sistemas técnicos y tecnológicos utilizados para detectar las infracciones de tránsito. En específico, el régimen jurídico aplicable a estos contratos y el límite para la remuneración del particular.

Ahora bien, si la autoridad de tránsito en forma adicional contrata la operación de estos servicios técnicos y tecnológicos, los respectivos contratos tendrán como objetivo el aporte de las pruebas de las infracciones por parte de los particulares. Por lo tanto, en estos casos se presenta una delegación de funciones administrativas en los términos del art. 7 del Código Nacional de Tránsito Terrestre.

b) Delegar el aporte de las pruebas.

La Ley 1843 de 2017 mantuvo vigente lo dispuesto en el art. 7 del Código Nacional de Tránsito Terrestre, en relación con la posibilidad de delegar a particulares el aporte de las pruebas. Sin mencionar el procedimiento que se debe adelantar. Por lo tanto, en estos casos son aplicables las reglas generales contenidas en la Ley 489 de 1998, esto es, la expedición de un acto administrativo de delegación y la celebración de un contrato especial de concesión”⁶⁸. (Subrayado y negrita propio)

En síntesis, la facultad legal de contratar con particulares los servicios de medios técnicos y tecnológicos que permitan evidenciar las infracciones de tránsito puede comprender la celebración de diversos negocios jurídicos, entre ellos, la contratación de la instalación y la puesta en operación y/o la operación y mantenimiento de los referidos equipos. Es decir, existe una operación integral de prestación de servicios que puede desintegrarse en la ejecución de dos fases.

El artículo 5 de la Ley 1843 de 2017 se encarga de regular específicamente, a partir de la delimitación de su objetivo principal, la contratación para la instalación y la puesta en operación de los sistemas tendientes a verificar las infracciones de tránsito. Es decir, la norma reglamenta y define lo concerniente al régimen jurídico aplicable a la primera fase de la operación. Sobre ello establece un límite que involucra, por la misma intención de la normativa, la remuneración del particular en el desarrollo exclusivo de estas dos actividades (instalación y puesta en funcionamiento).

En esta línea, la norma dispone literalmente que la limitación de un 10% en el recaudo se predica de la remuneración que pueden percibir los contratistas por los recursos invertidos en la instalación y puesta en funcionamiento de los sistemas respectivos. La norma no contempla restricciones a la retribución por los recursos invertidos en otras prestaciones que pudieran ser contratadas, como la operación y mantenimiento. Lo anterior, porque estas actividades no están reguladas en esa norma -artículo 5 de la Ley 1843 de 2017-.

Subyace, entonces, una primera razón para concluir que el sentido expreso de la disposición analizada reconoce que la remuneración de las entidades privadas por los recursos invertidos en la instalación y puesta en operación de los sistemas tecnológicos para la detección de infracciones de tránsito no puede ser mayor al 10% del recaudo y que dicho límite porcentual, a partir de un entendimiento sistemático con el propósito del legislador, se encuentra atado directamente a la financiación privada para las actividades de implementación propiamente dichas de los sistemas.

Este razonamiento se deriva de un ejercicio hermenéutico o interpretativo sobre el contenido y sentido natural de la norma, aunado a la interpretación de conceptos de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

Con todo, surge una razón complementaria para concluir que la imposición de un porcentaje específico de recaudo a favor de la inversión privada en la instalación y puesta en marcha de sistemas no puede extenderse a los servicios de operación y mantenimiento de estos.

En el concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado antes citado, se estableció que la instalación y la puesta en operación de los sistemas automáticos y semiautomáticos para la detección de las infracciones de tránsito no comprenden su operación y mantenimiento.

Es decir, estas últimas actividades individualmente consideradas desbordan la fase de implementación de los referidos equipos en la medida en que corresponden a gestiones diferenciadas, en su naturaleza y alcance, inclusive, en la relación misma de los costos, lo que impide que sus efectos sean equiparables.

Por lo mismo, el límite consagrado en el artículo 5 de la Ley 1843 de 2017, sobre el porcentaje de las multas recaudadas que puede ser destinado a la remuneración del contratista, solo aplica para la contraprestación que pueden recibir los privados por los recursos invertidos en las actividades de implementación de los distintos sistemas tecnológicos y se predica respecto de los dineros efectivamente recibidos por las autoridades de tránsito, en virtud de las multas que tienen origen en las infracciones detectadas por los sistemas tecnológicos implementados por el particular.

No obstante, como el régimen aplicable a la contratación con privados para la realización de actividades vinculadas a la actividad sancionatoria del Estado se rige por las normas de la contratación estatal, derivadas de la Ley 80 de 1993, las autoridades competentes, en el marco de las fases de operación y mantenimiento de los sistemas pueden establecer limitaciones propias al recaudo particular que, en todo caso, deben consultar, entre otros, los postulados de planeación contractual, economía, eficacia, transparencia, responsabilidad y libre concurrencia. Esto implica que al no existir una restricción tácita de ley a la remuneración de los particulares en esa etapa de la operación, el valor máximo proyectado del contrato surgirá de la negociación directa entre las partes sin perder de vista, primero, que la determinación del precio está dada por la observancia estricta de los principios en mención, segundo, estará justificado en los estudios previos que adelante la entidad pública y, tercero, debe representar “la igualdad y equilibrio entre prestaciones y derechos.”⁶⁹